Las eléctricas presionan a Junts y ERC para extender la vida de las nucleares
El debate sobre la energía nuclear, adormecido durante años entre tecnicismos y compromisos climáticos, ha vuelto a estallar en el corazón del Congreso. Esta vez, no solo por razones energéticas, sino por el peso político que se esconde detrás de los kilovatios. El Partido Popular (PP) ha impulsado una enmienda desde el Senado para revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares pactado en 2019, y el simple hecho de que la propuesta llegue al hemiciclo ha desatado una tormenta de presiones, cálculos y llamadas discretas.
En el centro de esa tormenta están Junts y ERC, los dos partidos catalanes que pueden decantar la balanza. Y en sus oídos resuenan, cada vez con más intensidad, las voces de las grandes eléctricas —Iberdrola, Endesa y Naturgy— y de la patronal catalana Foment del Treball. Los primeros apelan a la lógica energética y al riesgo de apagones; los segundos, al músculo económico que depende de mantener encendida la mitad del suministro catalán. Pero el trasfondo, más que técnico, es político: influir en el Gobierno de Pedro Sánchez justo cuando la decisión sobre la prórroga de Almaraz se aproxima y cuando las elecciones en Extremadura asoman en el calendario.
La coincidencia no es casual. Las eléctricas llevan semanas intentando que el Ejecutivo acepte extender la vida útil de Almaraz, en Cáceres, de 2027 a 2030. Saben que, si logran el respaldo del Parlamento, el Gobierno se verá arrinconado entre una mayoría favorable a la nuclear y un electorado dividido entre el pragmatismo energético y la sensibilidad ambiental. Para complicarlo todo, Felipe González —símbolo histórico del PSOE— ha decidido entrar en escena, defendiendo ahora la continuidad de esta tecnología.
El papel de Cataluña añade un matiz decisivo. En esa comunidad, la energía atómica no es una cuestión abstracta: las centrales de Ascó y Vandellós aportan el 50% de la electricidad que consume el territorio. Endesa lo ha recordado con insistencia en los últimos días. Iberdrola también lo subraya, consciente de que Junts y ERC no pueden permitirse votar a ciegas en una materia tan sensible. La propia Foment del Treball ha movido ficha, participando en los contactos con los partidos catalanes y subrayando los costes industriales y sociales que implicaría apagar los reactores sin alternativas renovables suficientes.
El peso político de una enmienda energética
Aunque jurídicamente la enmienda no supondría la prórroga automática de las licencias, su aprobación tendría un fuerte valor simbólico. El mensaje sería claro: el Congreso avala reabrir el debate nuclear y desafía la hoja de ruta pactada por el Ministerio para la Transición Ecológica. Esa posición política podría condicionar la decisión final del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del propio Ejecutivo, que ya tramita las solicitudes de ampliación.
En el PSOE, el dilema es evidente. Sánchez ha reiterado, según señala EL PAÍS, que evaluará la propuesta de las eléctricas “siempre que no suponga costes para los ciudadanos”. Pero dentro del partido hay fracturas. Los socialistas extremeños reclaman mantener Almaraz abierta —es un símbolo de empleo y orgullo regional— mientras que los sectores más verdes, y su socio Sumar, exigen cumplir el compromiso de cierre entre 2027 y 2035.
Cataluña, el tablero decisivo
Junts y ERC llegan divididos, aunque con matices nuevos. Junts, enfrentado abiertamente al Gobierno, podría alinearse con el PP y Vox para respaldar la enmienda. ERC, por su parte, ya no descarta un giro: defiende que el cierre no puede producirse sin antes garantizar alternativas reales de generación en Cataluña. La energía nuclear, antaño una línea roja, se ha convertido en una pieza más del ajedrez político catalán.
Más allá de los megavatios y los informes del CSN, el debate nuclear ha pasado a ser una cuestión de poder. Las empresas energéticas buscan seguridad regulatoria; los partidos, posicionarse ante sus votantes; y el Gobierno, evitar un nuevo frente en plena campaña. Lo que está en juego no es solo la vida útil de unas centrales, sino la imagen de un Ejecutivo que debe decidir entre la presión económica y la coherencia ecológica. @mundiario