El Ejecutivo abre la puerta a rebajas fiscales si la crisis de Irán se agrava
La historia económica reciente ha enseñado al Gobierno que las guerras lejanas pueden vaciar bolsillos cercanos. Por eso, mientras el conflicto en Irán escala y tensiona una de las arterias energéticas del planeta —el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial—, el Ejecutivo español lanza un mensaje doble: prudencia y preparación. No hay medidas concretas sobre la mesa, pero sí una advertencia clara: si la crisis en Oriente Próximo se traduce en una nueva espiral inflacionaria, habrá respuesta fiscal.
La referencia inevitable es 2022. Entonces, la invasión rusa de Ucrania desató una tormenta perfecta en los mercados energéticos y de materias primas. El gas superó los 300 euros por megavatio hora y la electricidad marcó picos por encima de 400 euros/MWh. España, como el resto de Europa, vio cómo la inflación escalaba a niveles desconocidos en décadas. El Gobierno activó un escudo de 22.000 millones de euros en ayudas, con rebajas fiscales, límites a alquileres y bonificaciones al combustible.
Ahora, el temor no es una repetición exacta del pasado, sino una réplica con matices distintos. El foco está en la energía. Cada titular sobre movimientos militares en el estrecho de Ormuz se traduce en volatilidad en el petróleo y el gas. Y esa volatilidad es el preludio de algo más profundo: el riesgo de que el transporte, la logística y la cadena alimentaria vuelvan a tensionarse.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido explícito: si el conflicto acaba teniendo un impacto negativo sobre la economía española, el Ejecutivo reaccionará “igual que en 2022”. Desde Hacienda se desliza que cualquier eventual plan incluiría un componente fiscal. Es decir, el Gobierno no se quedaría en ayudas directas, sino que podría volver a tocar impuestos clave para amortiguar el golpe en familias y empresas.
Hasta ahora, la consigna oficial es calma. España parte de una posición más sólida que hace cuatro años, con mayor diversificación energética y menor dependencia directa de la zona en conflicto. Pero el Ejecutivo sabe que la globalización convierte cualquier chispa en un incendio potencial.
El fantasma de la inflación vuelve a escena
La inflación no es solo un indicador macroeconómico: es una experiencia cotidiana. Se mide en la cesta de la compra, en la factura de la luz y en el depósito del coche. Cuando en 2022 los precios superaron el doble dígito, el impacto psicológico fue tan fuerte como el económico. El consumo se resintió y la sensación de pérdida de poder adquisitivo se instaló en millones de hogares.
El Gobierno aprendió entonces que la rapidez es clave. Rebajar el IVA de la electricidad y de los alimentos básicos, reducir el impuesto especial a la electricidad, suspender el tributo a la generación eléctrica o bonificar los carburantes fueron decisiones controvertidas, pero políticamente necesarias. Aquella estrategia permitió contener parte del golpe y ganar tiempo.
Hoy, la pregunta no es si habrá inflación, sino cuánto y durante cuánto tiempo. La duración del conflicto será determinante. Un repunte puntual puede absorberse; una crisis prolongada obligaría a intervenir.
Energía, transporte y campo: el triángulo sensible
El Ejecutivo monitoriza tres frentes: electricidad, combustibles y su impacto en el transporte. El sector del transporte por carretera ya ha pedido tener listo un plan de apoyo urgente. La experiencia demuestra que el encarecimiento del diésel se traslada casi de inmediato a los costes logísticos.
El sector agroalimentario es el siguiente eslabón. Fertilizantes, maquinaria, refrigeración y distribución dependen en gran medida de la energía. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha descartado intervenir precios por ahora, pero reconoce que cualquier alteración energética acaba repercutiendo en el campo y, en última instancia, en el consumidor.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, insiste en que la exposición directa de España es “baja”. Sin embargo, en un mercado globalizado, la exposición indirecta puede ser suficiente para generar tensiones.
Un escudo fiscal en reserva
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha ido más allá al recordar que las guerras tienen consecuencias económicas y sociales inevitables. Si fuera necesario, el Gobierno podría recuperar herramientas como los ERTE reforzados o el Mecanismo Red para sectores afectados.
Pero el núcleo de la respuesta, si llega, será fiscal. Rebajas temporales de impuestos, incentivos sectoriales o ayudas directas vinculadas a la energía son las opciones que sobrevuelan el debate interno. No se trata solo de proteger cifras macroeconómicas, sino de blindar la percepción de estabilidad.
El mensaje final del Ejecutivo es político además de económico: España está mejor preparada que en 2022. Sin embargo, la experiencia demuestra que los mercados reaccionan antes que los gobiernos. Y en un mundo donde un estrecho marítimo puede condicionar la inflación de todo un continente, la anticipación se convierte en la principal herramienta de política económica. @mundiario