El despido en España, en jaque tras el dictamen del Consejo de Europa

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha fallado en contra del sistema español de indemnización por despido improcedente, respaldando la reclamación presentada por Comisiones Obreras (CC OO). Según este organismo, dependiente del Consejo de Europa, el actual sistema vulnera la Carta Social Europea al no garantizar una compensación adecuada para los trabajadores despedidos sin causa justificada. El Gobierno ya está al tanto de la resolución, pero un embargo sobre el documento impide su difusión hasta junio, cuando podrá discutirse públicamente.

El dictamen ha avivado el debate sobre una reforma del sistema de despidos en España, una reivindicación histórica de los sindicatos que choca con la firme oposición de las patronales. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, ha adelantado que, una vez conocida la resolución de manera oficial, se convocarán a los agentes sociales para analizar una posible reforma. "Hay que esperar a conocer públicamente esta resolución", ha indicado, subrayando la importancia de estudiar su contenido en profundidad, especialmente en lo referente a la readmisión y los salarios de tramitación.

La decisión del CEDS refuerza una postura ya planteada en una reclamación previa de UGT, que también determinó que el sistema español no cumple con los estándares europeos. En particular, se ha criticado que el modelo actual genera indemnizaciones muy elevadas para trabajadores con una larga antigüedad, mientras que las compensaciones para aquellos con contratos más cortos resultan insuficientes.

Los frentes abiertos en el ámbito laboral

Desde el Ministerio de Trabajo se insiste en que el Gobierno debe acatar el dictamen, pues la interpretación de la Carta Social Europea por parte del CEDS es vinculante para los Estados firmantes. "No hay ninguna duda de que Europa considera que el sistema de despido de España está herido. No diría de muerte, pero no cumple la Carta Social Europea", ha afirmado Pérez Rey, recordando que España ratificó dicho texto en 2021. No obstante, esta posición choca con la del Ministerio de Economía, que sostiene que España ya cumple con la normativa europea y descarta la necesidad de cambios.

El debate sobre la indemnización por despido se suma a otros frentes abiertos en el ámbito laboral, como la reforma del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reducción de la jornada laboral. El Ejecutivo también tiene en su agenda una revisión del contrato a tiempo parcial, una modalidad que, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afecta especialmente a las mujeres. La responsable de la cartera laboral ha denunciado la precariedad en el sector del comercio, donde se enmascaran jornadas completas con contratos de 30 horas y horas extraordinarias no declaradas. "El ajuste se hace con las mujeres", ha afirmado Díaz, señalando la urgencia de corregir esta situación mediante una reforma del Estatuto de los Trabajadores.

Con la resolución del CEDS sobre la mesa y un posible ajuste del sistema de despidos en el horizonte, el Gobierno se enfrenta a un dilema político y económico. La decisión que adopte no solo definirá el futuro de las relaciones laborales en España, sino que también pondrá a prueba su compromiso con los tratados internacionales y el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la estabilidad empresarial. @mundiario