El colapso en los juzgados laborales se agrava: la espera media alcanza los 11 meses

Los conflictos laborales en España no concluyen con un despido o una reclamación de salarios. Según las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los tribunales de lo Social acumulan retrasos preocupantes que afectan tanto a los trabajadores como a las empresas. En 2023, la espera media para celebrar el primer juicio alcanzó los 11,1 meses, superando los 10,5 del año anterior y situándose cerca del máximo histórico registrado en 2021, cuando la media fue de 11,2 meses.

Los casos más urgentes, como despidos y demandas por vulneración de derechos fundamentales, tardan una media de 7,2 meses en señalarse. Sin embargo, el informe destaca que los asuntos relacionados con accidentes laborales presentan una media de espera de 18,2 meses. La complejidad de estos procedimientos, que involucran a múltiples actores como mutuas y aseguradoras, es uno de los factores que explican esta demora, según Fabián Valero, abogado del bufete Zeres.

Por otro lado, los conflictos relacionados con la Seguridad Social y las demandas de conciliación están en auge, contribuyendo al aumento de la litigiosidad. En 2023 se registraron 463.294 nuevos asuntos en los juzgados de lo Social, un 5,4 % más que en 2022. Sin embargo, solo se resolvieron 340.837, un descenso del 8,7 % respecto al año anterior.

Falta de personal en los juzgados

Félix Pinilla, coordinador de los servicios jurídicos de UGT, señala que la falta de personal en los juzgados es una de las principales causas del atasco, más allá del incremento de la litigiosidad. Según denuncia, estos retrasos vulneran las normativas internacionales que garantizan una tutela judicial efectiva.

Un informe de UGT advierte que algunos juzgados están señalando juicios para 2025 e incluso 2026, mientras que los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo tampoco logran ajustarse a los plazos legales. Este último tarda una media de dos años en resolver los recursos, lo que podría retrasar la resolución de asuntos derivados de la reforma laboral de 2022 hasta 2028.

La situación también tiene repercusiones económicas. Los retrasos en la resolución de despidos improcedentes generan salarios de tramitación que las empresas reclaman al Estado. En 2023, estas indemnizaciones ascendieron a más de seis millones de euros, siendo Cataluña y Andalucía las comunidades más afectadas por estos gastos.

Intentos de mejora

Para aliviar la saturación de los tribunales, en marzo de 2023 entró en vigor el Real Decreto-Ley 6/2023, que introduce medidas como el pleito testigo, destinado a resolver casos similares de manera conjunta. También se amplió el límite de las reclamaciones a través de juicio monitorio de 6.000 a 15.000 euros para reducir la burocracia. No obstante, Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala), advierte que estas medidas aún no se han implementado de forma efectiva.

“Es fundamental no solo entender las nuevas normativas, sino aplicarlas correctamente para mejorar la calidad de la justicia Social”, subrayó Gómez durante una jornada formativa.

Mientras tanto, los trabajadores y empresas que acuden a los juzgados de lo Social siguen enfrentándose a un panorama incierto, con tiempos de espera que, en algunos casos extremos, alcanzan los 54 meses, como ocurre en ciertos juzgados de Sevilla y La Coruña. @mundiario