‘Caso Montoro’, la red de poder que convirtió Hacienda en un negocio privado

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda durante el gobierno de Mariano Rajoy, ha sido imputado por crear una red de influencias que, según el juez, benefició a empresas privadas a cambio de dinero. Pero este no es un caso más de corrupción. Es la culminación perfecta de un modelo político donde lo público se alquila, se tuerce y se reforma a conveniencia de los viejos amigos. El caso Montoro es el retrato de una época: la de la captura del Estado por intereses privados, disfrazada de tecnocracia.

La historia arranca como tantas otras: con la pérdida del poder. En 2004, tras la derrota electoral del Partido Popular, Montoro abandonó el Ministerio de Hacienda y fundó, junto a cuatro ex altos cargos de su equipo, un despacho de consultoría tributaria. Lo llamaron Montoro y Asociados, luego rebautizado como Equipo Económico. Hasta aquí, nada ilegal. Lo grave viene después.

En 2011, el PP regresó a La Moncloa y Montoro volvió a ser ministro de Hacienda. Y ahí empezó —según el auto judicial al que ha tenido acceso El País— la alquimia legislativa. Aquel despacho que había fundado años antes, y del que oficialmente se había desvinculado, empezó a obtener contratos por parte de empresas interesadas en reformas fiscales específicas. Y, curiosamente, esas reformas se producían. Con rapidez. Con eficacia. Con una puntualidad que Hacienda rara vez concede al ciudadano de a pie.

Entre 2011 y 2019, solo una de estas operaciones —la reforma del Impuesto sobre la Electricidad que benefició a la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales— supuso una merma de ingresos de 59 millones para el Estado. En paralelo, el despacho percibía pagos que el juez cifra en más de 780.000 euros. Pero el problema no es solo el dinero: es el principio. El sistema. La puerta giratoria convertida en una autopista de doble sentido.

Una consultora con llave maestra del BOE

El modelo que supuestamente desplegó Equipo Económico es perverso por su aparente normalidad. Una empresa con problemas fiscales contacta con una consultora experta. La consultora no promete resultados: promete contactos. Ex altos cargos de Hacienda, algunos reincorporados al ministerio en la segunda etapa de Montoro, reciben las “peticiones técnicas”. Poco después, una reforma entra en vigor y la empresa ahorra millones.

El auto del juez lo deja claro: hubo “influencia decisiva” en reformas legislativas, “a cambio de importantes pagos”. Pero más allá del posible delito, hay una pregunta que interpela al lector: ¿cuántas decisiones fiscales que afectaron a todos los ciudadanos fueron en realidad favores particulares? ¿Cuántas leyes tienen huellas dactilares de intereses privados?

El valor de las leyes, el precio de las influencias

En cualquier democracia madura, la ley fiscal es una herramienta para redistribuir, para planificar el país del futuro. En la España de Montoro, según este caso, fue un producto al alcance de quien supiera a qué despacho llamar. La gravedad del caso no reside solo en los delitos que se investigan —cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, corrupción—, sino en lo que revela: una forma de gobernar donde el legislador y el lobista comparten despacho, pasado y propósito.

Hay 28 imputados, entre ellos Montoro, ocho altos cargos de Hacienda, varios socios de Equipo Económico y directivos de empresas beneficiadas. La investigación sigue abierta, con piezas aún secretas. Se investiga también si hubo pagos de eléctricas y renovables. Pero el daño ya está hecho: el descrédito, la sospecha, la sensación de que el BOE puede tener dueños. Y eso no se soluciona con una condena. Se soluciona —si acaso— con un nuevo modelo que blinde lo público de lo privado, lo técnico de lo político, lo justo de lo rentable. @mundiario