Activada la comercializadora pública-privada de Recursos de Galicia
El movimiento no es menor. Mondigo, con 11 aerogeneradores y 49,5 MW de potencia instalada, comenzó a producir electricidad a finales de 2025 y prevé generar en torno a 131 GWh anuales. En un contexto de bloqueo judicial que ha ralentizado buena parte del desarrollo eólico gallego, RDG logra incorporar un activo ya operativo y moderno. Según la compañía, equivale a aproximadamente la mitad de la nueva potencia renovable instalada en Galicia el año pasado. Y, no menos relevante desde el punto de vista político, su propiedad permanece en manos gallegas, frente al interés de capital foráneo que también aspiraba a la operación.
El vendedor ha sido Sinia Renovables, filial 100% de Banco Sabadell especializada en inversiones en transición energética. La entidad financiera cierra así una etapa de más de 15 años vinculada al proyecto, culminando un ciclo que refleja también la madurez de un mercado en el que fondos y bancos han impulsado la primera oleada renovable y ahora encuentran compradores institucionales dispuestos a consolidar activos.
La Xunta anuncia rebajas históricas para 500 hogares del entorno mientras Galicia ensaya una fórmula propia de soberanía energética
Pero la clave no es tanto la transacción como el modelo que se activa tras ella. RDG no se presenta como un operador convencional. Nacida con 15 millones de capital social y compromisos de desembolso por otros 85 millones en cinco años, prevé movilizar hasta 250 millones hasta 2027 —con potencial de alcanzar el entorno de los mil— para construir una cartera propia de activos energéticos y mineros. Su lema, “Nuestros recursos, a nuestro servicio”, sintetiza una ambición política: que la explotación de recursos naturales revierta de forma tangible en el territorio.
El descuento del 80% en el recibo eléctrico para los vecinos de Mondigo es la primera plasmación concreta de esa “reversión del beneficio”. No se trata de compensaciones indirectas ni de fondos municipales, sino de un alivio directo en la factura doméstica. La medida pone en marcha, además, la comercializadora de electricidad de RDG, que ofrecerá precios ligados a la producción eólica y priorizará clientes en radios cercanos a los proyectos y empresas para las que la electricidad sea crítica en su estructura de costes.
La iniciativa interpela uno de los grandes dilemas de la transición energética en Galicia: cómo equilibrar la condición de territorio productor con la percepción, extendida en parte de la sociedad, de que los beneficios se escapan mientras los impactos —paisajísticos, ambientales o sociales— permanecen. Durante años, la oposición a nuevos parques eólicos ha cristalizado en tribunales y movilizaciones. El argumento central ha sido la falta de retorno proporcional para las comunidades afectadas.
El parque de Mondigo simboliza una transición que quiere ser industrial, social y territorial
Frente a esa crítica, la Xunta y RDG proponen un modelo híbrido. La compañía es público-privada: el sector público lidera, pero 32 empresas gallegas —desde Abanca hasta Gadisa, pasando por grupos industriales, alimentarios y energéticos— forman parte del accionariado. Suman más de 21.000 empleos directos y aportan alrededor del 14% del PIB autonómico. La selección se realizó mediante un proceso abierto de manifestaciones de interés, con la condición de que los centros de decisión estuvieran en Galicia y que la energía no fuese su principal fuente de ingresos. La lógica es clara: crear un instrumento de país que alinee capital local, tejido productivo y política energética.
Ahora bien, el experimento no está exento de interrogantes. El primero es su sostenibilidad financiera. Bonificar el 80% del coste eléctrico a 500 hogares implica una renuncia relevante de ingresos. ¿Podrá replicarse el esquema en futuros proyectos sin tensionar las cuentas? ¿Qué ocurrirá si los precios mayoristas caen o si la producción eólica no cumple las previsiones? El vínculo entre precio y generación introduce una variable de volatilidad que, si bien puede abaratar costes en periodos de viento abundante, también exige una gestión prudente.
El segundo debate es territorial. Si Mondigo marca el estándar, ¿deberán todos los nuevos parques ofrecer descuentos similares? ¿Se creará una brecha entre municipios con activos renovables y aquellos que, por razones ambientales o judiciales, no los alberguen? La política de proximidad puede reforzar la aceptación social, pero también generar desigualdades si no se articula un marco coherente a escala autonómica.
En el plano industrial, la estrategia apunta más allá del recibo doméstico. RDG aspira a estabilizar costes para empresas electrointensivas, favorecer contratos de suministro competitivos y estimular la minería sostenible vinculada a materias primas estratégicas. El objetivo declarado es cerrar ciclos productivos en el territorio y fortalecer el trinomio energía-industria-sociedad. En un momento en que Europa revaloriza la autonomía energética y las cadenas de suministro cortas, Galicia ensaya una fórmula propia.
El éxito o fracaso de Mondigo será observado con lupa. Si las bonificaciones se traducen en una percepción positiva en la comarca y si la comercializadora logra ofrecer precios estables y competitivos, el modelo podría convertirse en referencia. Si, por el contrario, las tensiones financieras o regulatorias afloran, el proyecto será esgrimido como ejemplo de los límites de la intervención público-privada.
La transición energética no es solo una cuestión tecnológica. Es, sobre todo, un contrato social. Mondigo pone a prueba la idea de que los territorios productores deben participar de forma directa en los beneficios de la descarbonización. Galicia, históricamente exportadora de energía, busca ahora que el viento no solo mueva turbinas, sino también equilibrios económicos y políticos. El descuento del 80% en la factura es, en ese sentido, algo más que una medida coyuntural: es una declaración de intenciones sobre quién debe ganar —y cuánto— en la nueva economía verde. @mundiario
