La Xunta de Galicia planta cara al Gobierno central por el Corredor Atlántico
La pugna entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central por el desarrollo del Corredor Atlántico ha vuelto a evidenciarse con la reciente presentación del Plan Director de esta infraestructura. Mientras el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible insiste en que el proyecto avanza a "velocidad de crucero", la Xunta denuncia la falta de compromiso real y la marginación de Galicia en el reparto de inversiones.
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, anunció que el tramo Lugo-Monforte de Lemos-Betanzos-A Coruña-Ferrol, inicialmente programado por la Unión Europea para 2050, podría estar completado en 2030. Sin embargo, desde el Gobierno gallego ven este anuncio con escepticismo, recordando que las promesas sobre el Corredor Atlántico en Galicia han estado marcadas por la ausencia de concreción y retrasos constantes.
Hace apenas un mes, la Xunta lamentaba el escaso avance del proyecto y reclamaba el prometido Plan Director, un documento que debería incluir compromisos firmes, cifras detalladas y plazos claros. A esto se suma el agravio comparativo que, según el ejecutivo autonómico, sufre Galicia en relación con otros territorios, como el Corredor Mediterráneo, que sí ha recibido un impulso decidido y continuo.
El conselleiro de Presidencia, ha sido una de las voces más críticas con la gestión del Ministerio de Transportes. En una intervención en el Parlamento de Galicia, denunció que "mientras el 100% del Corredor Mediterráneo está en marcha, el Corredor Atlántico en Galicia está a cero", lo que representa una pérdida significativa de inversiones y oportunidades económicas para su comunidad.
La ausencia de Galicia en la presentación de proyectos para captar fondos europeos ha sido otro motivo de confrontación. Por segundo año consecutivo, el Gobierno central no ha incluido ninguna iniciativa relacionada con el Corredor Atlántico en el 'Mecanismo Conectar Europa', lo que ha impedido la llegada de financiación comunitaria para su desarrollo.
Según datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), la inversión del Ministerio de Transportes en Galicia durante los últimos seis años ha sido considerablemente menor que en otras comunidades. Mientras Cataluña recibió 4.300 millones de euros, Galicia apenas alcanzó los 2.300 millones. En materia ferroviaria, la disparidad también es evidente: entre 2018 y 2024, Cataluña acaparó más del 13% de la inversión estatal en ferrocarril (2.800 millones de euros), mientras Galicia recibió menos de la mitad (1.640 millones, un 8% del total estatal).
El anuncio de la constitución de un grupo de trabajo para agilizar las inversiones en Galicia no ha logrado disipar las críticas. El plan del Gobierno central prevé dividir las infraestructuras en dos categorías: la red básica, con financiaciones previstas para 2030, y la red global, con horizonte 2050. Para los próximos cinco años, se contempla una inversión de 4.561 millones de euros, una cifra que desde la Xunta consideran insuficiente ante las necesidades reales del Corredor Atlántico.
Desde el Ministerio de Transportes, el secretario de Estado Pedro Blanco ha reivindicado que el Gobierno destina en Galicia más de 14.000 millones de euros en inversiones, asegurando que en los próximos cinco años se invertirán 3.059 millones en la red básica y otros 1.502 millones en actuaciones adelantadas a 2030. No obstante, la Xunta sigue exigiendo compromisos concretos y un plan director que garantice la modernización y conservación de la red ferroviaria gallega, un aspecto que consideran crucial para mejorar la movilidad de la población y fortalecer el tejido logístico del noroeste peninsular.
El enfrentamiento entre ambas administraciones refleja un problema recurrente: Galicia sigue sintiéndose relegada en la estrategia de infraestructuras del Gobierno central. Mientras el Corredor Atlántico avanza con dificultad, las promesas y anuncios continúan sin traducirse en acciones concretas. En este pulso político, la Xunta no parece dispuesta a ceder y sigue exigiendo para Galicia lo que considera un derecho irrenunciable: una red de transportes moderna, eficiente y acorde con su peso económico y estratégico en la Península Ibérica. @mundiario