El Gobierno de EE UU ampliará la protección temporal a medio millón de venezolanos

Migrantes en la frontera entre EE UU y México. / RR.SS.
La medida beneficiará a unos 470.000 venezolanos que han cruzado la frontera y les proporcionará permisos de trabajo, así como protección contra la deportación durante 18 meses.

La Administración del presidente Joe Biden ha anunciado importantes medidas destinadas a abordar los desafíos en el sistema migratorio de Estados Unidos. Una de las iniciativas más destacadas es la segunda extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) otorgado a los ciudadanos venezolanos que llegaron a suelo estadounidense antes del primer semestre de este año.

Esta medida migratoria beneficiará a aproximadamente 470.000 venezolanos que han cruzado la frontera y les proporcionará permisos de trabajo, así como protección contra la deportación durante 18 meses. Esta extensión del programa, inicialmente anunciado por Biden hace dos años y ampliado el verano pasado por Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interior, aplicará solo a aquellos venezolanos que llegaron a los Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023.

La decisión de extender el TPS se basa en las “condiciones extraordinarias” que hacen que el retorno seguro de los venezolanos a su país sea imposible, según una fuente del Departamento de Seguridad Interior. A partir del 1 de octubre, el Gobierno agilizará el proceso de obtención de permisos de trabajo para aquellos inmigrantes que tengan una cita pendiente con las autoridades de inmigración.

Esta medida responde a la solicitud de varios alcaldes de ciudades estadounidenses, especialmente en Nueva York, Denver (Colorado) y algunas ciudades de California, que habían instado a acelerar los trámites para que los inmigrantes pudieran trabajar y continuar su viaje dentro del país.

Endurecimiento de las medidas migratorias

Sin embargo, mientras el Gobierno de Biden alivia algunas restricciones en la inmigración, también está tomando medidas más estrictas en la frontera debido a la próxima temporada electoral y el aumento de cruces ilegales. En respuesta a cifras récord de cruces ilegales documentadas por el Departamento de Seguridad Interior en agosto, las autoridades acelerarán la expulsión de familias que llegaron de manera irregular a los Estados Unidos. Hasta ahora, se han deportado a unas 1.600 personas que formaban familias enteras, y se espera que se aumente el ritmo de deportaciones en las próximas semanas.

El Gobierno también está fortaleciendo la presencia de autoridades en la frontera al enviar a 800 militares adicionales. Esto eleva el número total de agentes de seguridad en la frontera a 3.300, incluyendo a 2.500 miembros de la Guardia Nacional. Este aumento de la movilización coincide con un aumento en el flujo de inmigrantes, especialmente en la frontera con Texas. Aunque las cifras exactas no han sido confirmadas, se informa que hasta 8.000 personas cruzan diariamente.

Las autoridades admiten un aumento significativo en el flujo migratorio y han ampliado la capacidad de los centros de detención en 23.000 personas. Estas instalaciones podrán albergar a 3.250 personas adicionales a partir de hoy.

Desde el levantamiento del Título 42, una medida sanitaria impuesta durante la pandemia y heredada por Biden de la administración anterior, Estados Unidos ha deportado a 250.000 personas en las llamadas devoluciones en caliente. A pesar de su eliminación, el flujo migratorio ha continuado creciendo de manera constante, lo que podría convertir al año fiscal 2022 en uno de los años con más cruces ilegales en años recientes.

La Administración de Biden argumenta que las condiciones que contribuyen a este aumento de la migración incluyen los efectos económicos de la pandemia, el cambio climático y los regímenes autoritarios en algunas naciones de la región. El control migratorio es una prioridad clave para los votantes republicanos y un tema destacado en la política del partido.

El Gobierno de Biden ha instado a la oposición a aprobar una solicitud especial de 4.000 millones de dólares destinados al control fronterizo y otras medidas para combatir los cruces ilegales. Sin este financiamiento, la Administración enfrentará desafíos continuos en la frontera con México. @mundiario