Amnistía Internacional intercede por los 'Jordis' y dice que los cargos "son excesivos"
La organización no cuestiona el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de referéndum ni su aplicación.
Amnistía Internacional ha reaccionado este miércoles a la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien decretó prisión provisional para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes respectivamente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, acusados de un delito de sedición, en aplicación del artículo 544 del Código Penal, en relación con las protestas que organizaron los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona.
Según ha señalado la organización en su sitio web, Amnistía Internacional no cuestiona el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de referéndum ni su aplicación, pero considera que, si bien convocar a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita puede ser perseguido por considerarse una alteración de orden público, la presentación de cargos contra Sánchez y Cuixart "por un delito grave como es la sedición y su prisión provisional constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica".
“Pedimos a las autoridades que retiren los cargos de sedición presentados contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y que pongan fin de inmediato a su prisión provisional. La sedición es un delito definido de una manera muy general que abarca una amplia variedad de actos, y que además puede comportar penas de hasta 10 años de cárcel”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
AI indica que en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica abarca la posibilidad de que las personas y las organizaciones de la sociedad civil expresen sus opiniones sobre el referéndum y sobre la independencia en general en cualquier momento e individual o colectivamente, incluso en el contexto de reuniones públicas.
“Las autoridades deben proteger el derecho de los particulares a expresar su oposición al fallo del Tribunal Constitucional y a organizar reuniones públicas pacíficas en favor del referéndum”, ha declarado por otra parte John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional. @mundiario
