Esta decisión unánime del máximo tribunal obliga a las instituciones de salud pública federales a ofrecer el servicio de interrupción del embarazo de forma gratuita.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, recordó que las fuerzas armadas sólo pueden asumir tareas de seguridad en circunstancias excepcionales.
La Suprema Corte ha anulado por unanimidad el artículo del código penal que castigaba con uno a tres años de cárcel la interrupción voluntaria del embarazo y la asistencia.