Ya está la logística prácticamente completa para abrir paso al nuevo período fiscal nacional, que promete cambios estructurales siempre y cuando el sistema político lo permita.

El problema es que el Gobierno no quiere generar incertidumbre en las empresas al gravar las ganancias más voluminosas. Podemos busca expandir la rentabilidad financiera del Estado con impuestos a los grandes capitales.

Esto implica que ahora el Ejecutivo tiene luz verde, así como también el Congreso, para aprobar cualquier paquete o línea de rescate que permita la liberación de fondos y de liquidez enfocada en brindar subsidios.

El país está a tan solo tres o cuatro meses de que haya un presupuesto sólido para afrontar la segunda etapa de la recesión con una posible nueva caída de otro tramo del PIB por un 3% adicional al -12% actual.

La arquitectura financiera con la que el Estado cubrirá las necesidades de la población por la vía del gasto público, tendrá solidez y una base legal definitiva para el último trimestre de 2020 o enero de 2021.

Estas reuniones de Iglesias, dan muestras de que el asunto de las alianzas puede variar; hasta hace pocos días, en el Gobierno daban por hecho que los Presupuestos se aprobarían con Ciudadanos.

Casado no ha pronunciado una sola palabra sobre el caso Kitchen, por el que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de dos ministros del antiguo Gobierno de Mariano Rajoy (PP), Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal; tampoco de la parálisis de los...

El Gobierno de coalición no ha revelado la senda de déficit y el objetivo de gasto, sobre cuyas bases se planean las cuentas,que  posteriormente son sometidas al Congreso.

En las actuales condiciones el debate sobre el Presupuesto es en realidad el debate sobre la estabilidad del Gobierno. El Ejecutivo necesita el apoyo de los socios de la investidura.

Sánchez tiene por delante el reto conseguir los apoyos para sacar adelante sus primeras cuentas tras la llegada al Gobierno, pero para eso ha de situarse ante el espejo, ser realista y no engañar a los españoles, que no precisan almíbar para endulzar la cruda realidad, sino un...

El Gobierno no ha promovido la mesa de negociación de la función pública para tratar la subida del sueldo de los funcionarios, de hecho, no se ha establecido conversación con los representantes de los empleados públicos para abordar este asunto.

La agenda del Ejecutivo se basa en impulsar la inversión en el sector turístico para que pueda reconstruirse el sistema de producción, servicios y generación de empleos que depende una industria tan fructífera.

La ministro ha explicado que para aprobar los PGE, el Gobierno quiere "ampliar la base de alianzas más allá de los partidos políticos que hicieron posible la investidura".

Rufián sostiene que las líneas rojas, “sogas al cuello y testosterona” en política “están de más”, pero ha antepuesto la mesa a las negociaciones de los Presupuestos.

Esto se trata de un juego parlamentario posicionado como un verdadero ajedrez de intereses financieros según las demandas de cada formación y de cada diputado representante de su respectiva comunidad.

Para el Gobierno, se trata de una “actitud obstruccionista” del líder del PP, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha comparecido tras la cita entre ambos líderes.