La clave de lo que pasó está en la querella criminal presentada el 30 de octubre del 2017 por la Fiscalía General del Estado y su inmediata admisión a trámite por el TS.
El Tribunal Supremo ha cerrado el juicio contra los principales líderes e instigadores de la fallida independencia de Cataluña, declarada en un proceso anticonstitucional.
Los equipos de abogados, sin embargo, se niegan a aceptar los de rebelión, sedición y malversación de fondos, que sí tienen una pena de cárcel y no solo inhabilitación.
El ministerio público aumenta la presión sobre los líderes independentistas y deja en una trinchera a los abogados defensores, que insisten en que solo hubo delito de sedición.
El Ejecutivo solicitará a las Naciones Unidas que inhabilite a dos expertos por haber condenado la detención de los principales líderes separatistas de Cataluña.
El ministerio público considera que los testimonios y pruebas documentales son suficientes para corroborar su acusación inicial contra los líderes independentistas.
El alto tribunal juega a la papa caliente y explica a la presidenta del Congreso que es éste el que debe decidir qué hacer con los legisladores independentistas.
Aumenta la presión sobre Manuel Marchena luego de que el Ministerio Público demandara la baja de los procesados catalanes, que tomaron posesión como legisladores el martes.
El juicio a los líderes independentistas ha dejado un par de sesiones y declaraciones que rozan lo inverosímil al punto que hacen dudar si alguien se lo toma enserio.