Es una medida basada en bloquear cualquier intento del Gobierno federal por obstruir el avance de los casos de asilo a través de imposiciones financieras que asfixian la capacidad de los inmigrantes para pagar sus trámites.

No hay proceso legal que finiquite la fluidez administrativa del proceso de cada caso de asilo e inmigración, lo que implica un revés para los inmigrantes que están un limbo social, jurídico y económico en Estados Unidos.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, estipuló en la decisión que “al examinar una concesión de asilo, la BIA no debe aceptar las estipulaciones de las partes ni el incumplimiento de ninguno de los elementos particulares del asilo

En el último trimestre de 2016 (octubre-diciembre, primer trimestre del Año Fiscal 2017), la gestión demoraba entre 4 a 6 meses máximo, señalan abogados consultados por Univisión. ​

Un anuncio publicado el jueves por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la página de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca advirtió los cambios.

Esta medida es una retaliación administrativa y legal que perjudica a los inmigrantes y podría generar crisis traumáticas de índole familiar.

La aprobación o desaprobación de este beneficio podría marcar un antes y un después, ya sea positivo o negativo, en el futuro inmediato del mercado laboral para los inmigrantes en un país en alta recesión.

La estrategia de Trump para convertir la migración en cosa del pasado sigue expandiéndose en la medida que su administración hace lobby y negociaciones en las altas esferas del poder en Washington.

De esta forma, el presidente arrecia su estrategia enfocada en estructurar la economía y el sistema de vida norteamericana como una cúpula de difícil acceso en la arquitectura capitalista global.

El órgano ahora tendrá un importante alivio fiscal que le permitirá mantener estable su flujo de caja al menos hasta que el Congreso apruebe nuevas líneas de financiamiento para el servicio migratorio.

Esta medida podría representar una pérdida estimada de más 40 millones de dólares en salarios que dejarán de ser pagados a esos empleados.

El fiasco presupuestario del USCIS, a la espera de la decisión del Congreso respecto a su petición de 1,2 billones de dólares en fondos de emergencia, podría causar un despido masivo

Durante una entrevista a la cadena Telemundo el 10 de julio, el mandatario dijo que se trataría de un decreto, aunque también dijo que sería “un gran proyecto de ley”.

Esto implica que ahora deberán contar con un documento que demuestre la orden comprobada de que efectivamente tiene legalidad para optar por la licencia.

El decreto, publicado por la Casa Blanca en su página digital, establece que “los puestos de trabajo en el gobierno federal deben ser ofertados a trabajadores estadounidenses".

En cuanto al formulario I-589, utilizado para pedir asilo, que hasta ahora no tenía cobro, tendrá una tarifa de $50. La USCIS dijo que “la publicación en el Registro Federal se hará efectivo el 3 de agosto.