La sentencia de indemnizaciones del Supremo triplica el importe de 513 millones que cuantificó en 2016 el alto tribunal en su sentencia sobre el vertido.
El desembolso que el FOGASA realiza para cubrir las nóminas impagadas y los despidos es enorme. Los contribuyentes afrontan incluso el coste de la gestión empresarial fraudulenta.
Estarán exentos de tributar los primeros 2.000 euros por año trabajado. Rebajan las ayudas al alquiler y reducen las deducciones por las aportaciones a los planes de pensiones.
Pagos supuestamente ilícitos de los “papeles de Bárcenas” presumiblemente se tradujeron en licitaciones de obras "que ahora debemos pagar incrementando de forma abrumadora la deuda pública".