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Aragonès espera tener lista su hoja de ruta del “Acuerdo de Claridad” para presentarle al Gobierno para principios de 2024, sin importar “quién esté en La Moncloa”.

La tercera reunión entre el Gobierno y la Generalitat deja sus primeros, como el respaldo expreso del Ejecutivo a la ley que convierte el catalán en lengua curricular en escuelas.

Una delegación de cuatro ministros y cuatro consellers de ERC acudirá a una tercera reunión para negociar entre ambos bandos, con la ausencia de Junts.

El líder del PP ha denunciado la existencia de una “agenda oculta” tras la reunión bilateral del presidente del Gobierno y el president de la Generalitat.

La portavoz del Gobierno ha reconocido que existen “diferencias”, pero ha destacado que ambos Ejecutivos tienen claro que “la única forma de acercarnos y avanzar es el diálogo”. 

Pedro Sánchez y Pere Aragonès se reunirán el próximo 15 de julio en La Moncloa.

El expresidente de la Generalitat ha solicitado al Tribunal General de la Unión Europea nuevas medidas cautelares para evitar una posible extradición a España desde Italia. 

El presidente de Gobierno ha solicitado además a las CC AA dejar de lado la crispación política en torno al reparto de los fondos y sumarse a recuperar la economía.

La reunión bilateral consigue el pacto de cinco acuerdos entre el Gobierno central y Catalunya en los que se logra además desempolvar traspasos que llevaban años encallados.

En consejero de Economía catalán ha dicho que los trabajadores del Instituto Catalán de Finanzas pidieran activar el fondo para los ex altos cargos. 

Tanto el Ministerio de Política Territorial como del departamento de Presidencia del Govern confirmaron la fecha. La cita cumple el pacto entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès. 

El Gobierno catalán ha destinado 10 millones para pagar la sentencia de los 34 ex altos cargos políticos independentistas por malversar dinero público.

El presidente del Gobierno ha dicho, durante su viaje a Estonia, que estudia la posibilidad de que se pague la sentencia con el fondo de la Generalitat. 

El organismo evalúa hacerse cargo de pagar la fianza de 5,4 millones impuesta a los 34 ex altos cargos de la Generalitat que promocionaron en el proyecto independentista en 2014.