En las circunstancias actuales, lo único que podría salvar la posición de Mas y de los partidos, personas y asociaciones cívicas que lo apoyan, sería una fuerte polémica teórica con el Estado español y con la Unión Europea, y, aprovechando el marco y los ecos de esa polémica, un medido proceso de rupturas y provocaciones —dicho en el estricto significado del término— que le permitiese aglutinar a una parte de la población catalana en torno al victimismo político. Pero esa situación depende de dos o de tres, y todo parece indicar que el tratamiento que le van a dar a Mas el Estado y la UE es el que le da el pescador al salmón, que suelta y recoge sedal para cansarlo, antes de desestabilizarlo definitivamente y cobrarlo como presa.

La UE se ha limitado a recordar que el enfoque de Mas va en contra de la filosofía y la práctica del Tratado de la Unión. Y el Gobierno de Madrid también parece haberse limitado a invocar la Constitución de 1978, en su Art. 2, aferrarse a su significado inequívoco, y bloquear la hoja de ruta de CiU mediante recursos oportunos y de limitada trascendencia presentados ante el Tribunal Constitucional. Frente al gran conflicto con el que Mas parecía soñar, tanto la UE como el Estado español parecen haber optado por una controversia de bajo perfil cuya importancia se diluye peligrosamente al paso del tiempo. Los pequeños pasos que se fueron dando con la constitución de órganos y comisiones orientados al proceso de secesión, que en un primer momento parecían animar el debate, empiezan ahora a pasar sin pena ni gloria, y lo que CiU concibió como la gran campanada política, cuyos ecos y resonancias debían incrementarse en el contexto de la crisis y del bajo perfil político de Rajoy, empieza a ser una pesada carga estratégica cuya gestión se pone cada día más difícil.

La otra gran baza ensayada por Artur Mas fue la de poner en evidencia el despecho que sentía por España mediante el elemental método de enamorarse de Francia y hacernos consumir en celos desesperados. Y para eso utilizó una treta que debía permitirle disparar simultáneamente en dos direcciones. Para darle viabilidad a su plan, y resolver sin costes especiales la invención del nuevo Estado, Artur Mas propuso renunciar a la existencia de un «ejército propio», y, previa negociación de la entrada de Cataluña en la OTAN, como testimonio de occidentalismo y soberanía, encomendar la defensa del territorio catalán a Francia. La propuesta coincidía con una proyectada visita de Mas a París, en la que debía entrevistarse con el ministro francés de Interior, y todo apuntaba a que Mas iba a presentar este acontecimiento como un primer acto de política exterior del Estado catalán, y como una primera recepción de sus ideas en un gran Estado de la UE. Pero la diplomacia francesa se dio cuenta a tiempo de la inconveniencia de esta visita en todos los órdenes, y no solo porque Mas estaba jugando imprudentemente contra los principios de la UE, sino porque Francia mantiene una fuerte vigilancia contra los devaluados procesos independentistas que tiene en su interior (como Córcega) y contra cualquier remoto intento de entender que los países vasco y catalán asientan sus reivindicaciones en un territorio situado en los Estados francés y español. Y por eso el Gobierno de Hollande canceló la audiencia, hizo oídos sordos a la esperpéntica propuesta de un nuevo país que actuase como la rémora estratégica de Francia, y dio a entender que no tiene tiempo ni humor para impulsar excéntricas aventuras.

Otro aspecto a destacar en este proceso de enfriamiento general del debate hay que buscarlo en la creciente reacción que están produciendo las estrategias intelectuales orientadas a describir y explicar las razones de la secesión. Tal como hemos venido diciendo, los aportes intelectuales a la secesión de Cataluña estaban basados en tres hipótesis que la Generalitat venía cultivando desde hace tiempo, y cuya progresión, ciertamente preocupante, se vio favorecida por la inexplicable indiferencia con la que el Gobierno español y los intelectuales no afectos al proceso catalán de secesión trataron —o no trataron— este asunto. La Generalitat, decíamos, utilizó profusamente tres palancas para impulsar el proceso: a) el estudio de las balanzas fiscales y su consecuente discurso sobre el expolio continuado e injusto de Cataluña; b) la idealización de una historia de soberanismo reprimido que, en vez de ver a la Corona de Aragón como parte esencial de la estructuración del Estado, presenta a Cataluña como la víctima continuada de una represión centralista y de una colonización prepotente de la cultura castellana sobre la catalana; y c) la defensa de una lectura muy especial de la Constitución, que, convertida en puro texto literario, permite todas las interpretaciones que puedan ocurrírsenos, siempre que su dirección sea el periferismo extremo, la disgregación del Estado y el ensalzamiento progresivo e ilimitado de las culturas y lenguas territorializadas.

La idea de que ir contra la Constitución del Estado es más democrático y progresista que defenderla se extendió con increíble sutileza y se asentó con facilidad inexplicable. Y por eso no faltaron exegetas del texto de 1978 —en la cátedra, la tribuna o el foro— que se mostraron dispuestos a apoyar la plena constitucionalidad de cualesquier ocurrencia, siempre que se mueva en el terreno de la dispersión y la plurinacionalidad del Estado, y siempre que cuestione la validez y adecuación a la actual circunstancia política del texto que fue consensuado durante la Transición.

Pero las cosas están cambiando bastante, y, tanto en ámbitos institucionales como intelectuales y sociales, empiezan a conocerse posicionamientos, estudios, dictámenes e informes que cuestionan el estilo de barra libre implantado por los nacionalistas en el debate sobre el Estado, y al que, movidos por complejos y confusiones apenas disimulados, se habían unido una pléyade de sabios mediáticos y de presuntos referentes académicos que confunden las ocurrencias con las normas y los consensos, y que llaman progresismo a decir que quizá pueda ser lo que en principio no puede ser. Y eso quiere decir que a Artur Mas le puede salir el tiro por la culata, y que la labor de estructuración discursiva de la idea de España que el Gobierno central no supo hacer, ni inspirar, ni apoyar, ni respetar e incentivar, se pueda acabar generando y extendiendo como reacción a un proceso de desestabilización y debilitamiento de los marcos y acuerdos políticos que, más allá de debilitar la capacidad de gobernarnos y de definir proyectos solidarios, parece orientado, en términos políticos, a movernos la tierra debajo de los pies. En este momento ya no me cabe la menor duda de que los movimientos intelectuales que trabajan abiertamente el derecho a decidir son mucho más pesebristas que los que empiezan a rescatar la idea de España como una referencia histórica y cultural de enormes proporciones. Y tampoco parece haber dudas de que tanto las grandes empresas y financieras de Cataluña como las multinacionales asentadas en Barcelona y otras ciudades del principado empiezan a distanciarse de una deriva a la que no le ven seguridad ni lógica, y en cuyos ensayos puede producirse un retroceso económico y político que solo podría recuperarse a muy largo plazo y con enormes esfuerzos.

En relación con este temor de los empresarios, fueron los responsables de Unió Democrática de Cataluña, y su líder Durán i Lleida, quienes pusieron de manifiesto su preocupación por la posibilidad de que algunas élites catalanas —industriales, financieras e intelectuales— iniciasen el proceso de disensiones al que Tiebaut denominó «votar con los pies», y cuya esencia consistiría en cambiar de domicilio, a cualquier lugar fuera de Cataluña, algunas empresas o sociedades relevantes; o en desplazarse hacia aquellas comunidades cuya oferta de bienes y servicios públicos y esfuerzo fiscal les resultase más satisfactoria, más estable y más normalizada.

La idea más perceptible es que el proyecto de un Estado catalán independiente tiene un horizonte enormemente sombrío si se cumplen los pronósticos más optimistas, y un horizonte rayano en la catástrofe si, a causa de un hipotético descontrol político del proceso, se acaba desviando la hoja de ruta hacia los campos de la ilegalidad y la confrontación abierta con el Estado. Artur Mas está convencido —y en ello basa su alucinante estrategia— de que esa deriva hacia la ilegalidad y la confrontación entre el Estado y Cataluña no es posible.

Su idea es que antes de entrar en caminos que bordeen la tragedia, el Estado —nunca él— tendrá que abajarse de sus principios y retroceder. Y por eso conviene hacer duras y abiertas advertencias contra este supuesto de una hoja de ruta ilegal y en abierta confrontación con los poderes constitucionales, porque, al igual que sucede en todos los conflictos, las probabilidades de un desenlace trágico aumentan en proporciones geométricas cuando se niega la posibilidad de que tal cosa suceda y se actúa con la irresponsabilidad propia de los inconscientes y atabanados.

Aristóteles: Política, 1261b, 30.

Capítulo VII del libro La España evidente, titulado Cuando la estrategia se convierte en objetivo, que MUNDIARIO publicará íntegro. Hoy, su primer apartado: Los efectos del Dret a decidir sobre la estructura de partidos.

Una de las mayores virtudes de la Transición española fue la de haber creado una estructura de partidos que, a pesar de que en los últimos años nos da algunos disgustos, que tienen mucho más que ver con la crisis general de la política que con una crisis particular de nuestro sistema de partidos, nos dio a los españoles las mayores ventajas y posibilidades que hemos disfrutado en esta etapa.

Porque no es fácil que, tras cuarenta años de dictadura, de los que al menos una década fueron de enorme violencia represora contra todas las estructuras de representación —políticas, sindicales y cívicas—, lográsemos improvisar un sistema de partidos que, aunque pensado inicialmente para las primeras elecciones y para echar a andar el proceso democrático, logró consolidarse y estabilizarse, ocupó razonablemente bien todo el abanico político que presentaba una pluralidad caricaturizada —y en cierta medida idealizada— en la famosa «sopa de letras», y nos brindó 36 años de ejemplar estabilidad política. Ninguno de los Gobiernos que hemos tenido hasta hoy, ya fuesen de mayoría absoluta o relativa, y con acuerdos parlamentarios fijos o variables, tuvo la gobernabilidad entre sus problemas esenciales, y ninguno de ellos tuvo que convocar elecciones anticipadas salvo por razones estrictamente estratégicas o de oportunidad evaluables de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 115 de la Constitución, en el 167 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y en el Art. 2,2 c de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Dicha estabilidad es más admirable aún si se tiene en cuenta que soportó todo el esfuerzo de la descentralización del Estado y la integración plena en la Unión Europea, y que se transmitió en líneas generales a todas y cada una de las comunidades autónomas, que, salvo breves espacios de confusa fragmentación creados en Euskadi y Cataluña, y algunos episodios puntuales más propios de la lucha partidaria que del sistema en sí mismo, siempre permitió que las comunidades autónomas tuviesen una loable y muy visible estabilidad parlamentaria. Y tan notable fue el éxito en la construcción de esta estructura de partidos que sus efectos se lograron no solo en el ámbito político estatal y en las comunidades autónomas del régimen común, que reflejan casi exactamente su estructura de partidos, sino también en las comunidades que como Euskadi, Cataluña, Galicia y Canarias tienen estructuras de partidos notablemente diferenciadas no solo por el cruce de las divisorias ideológicas —izquierda y derecha y sus distintas gradaciones—, sino también por la existencia de partidos propios que, nacidos de una significativa vigencia del cleavage nacionalismo/centralismo, podrían haber complicado la formación de coaliciones capaces de gobernar las comunidades respectivas y haber transmitido ciertas cotas de inestabilidad a la estructura de representación del Estado.

Lejos de tal hipótesis, los partidos nacionalistas vascos y catalanes, y muy especialmente el PNV y CiU, se integraron a modo de bisagras muy bien centradas en la estructura de partidos del Estado, hasta el punto de convertirse —juntos o alternativamente— en los auténticos partidos liberales que arbitraron la situación generada por las mayorías minoritarias, tanto con UCD como con el PSOE y el PP. Y hay que decir que dicha situación no quebró hasta que el PSV-PSOE dirigido por Redondo Terreros quiso aprovechar la crítica circunstancia generada por el terrorismo, a finales de los noventa, contra el PNV, y hasta que CiU se lanzó de forma bastante inesperada por la pendiente soberanista, que parece haber metido a Cataluña en una situación de ingobernabilidad y de transformación de la estructura de partidos de enorme incertidumbre y complicado pronóstico. Y a eso es a lo que aquí queremos referirnos.

El soberanismo catalán, que apenas era más que una estrategia de reivindicación subyacente, se acelera y descontrola cuando Artur Mas lo ve como una estructura de oportunidad, y cuando cree que la manifestación del 11 de septiembre de 2012 le puede dar la mayoría que ansiaba no solo para gobernar, sino también para asentar un liderazgo capaz de hacer olvidar a Jordi Pujol y de desequilibrar, a favor de CiU, la bicefalia que se había establecido entre la Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) de Artur Mas y la Unió Democrática de Catalunya (UDC) de Antoni Durán i Lleida.

Artur Mas quería ser como Pujol, y, sin encomendar el análisis de su estrategia a una asesoría reposada y externa a su propio interés personal, y mezclando las dificultades para gobernar la crisis con los presuntos problemas estructurales de Cataluña, se lanzó a liderar la creación del Estado independiente. Como buen conservador que es, Artur Mas estaba convencido de que el ideal soberanista iba a imponerse sobre la tradicional confrontación entre la izquierda y la derecha, y por eso esperaba que tanto los electores como los partidos políticos aparcasen sus objetivos propios e inmediatos para darle visibilidad y cabeza al ideal de Estado que él había identificado con la manifestación de la Diada de 2012.

Creía Mas que el soberanismo era una oportunidad para expandir su electorado hacia los tradicionales caladeros de voto de ERC y el PSC, y esa es la razón por la que en la noche del 25 de noviembre de 2012 se le vio desorientado y a punto de arrojar la toalla.

Por eso no me resisto a aplicarle en este trance el mismo diagnóstico y la misma advertencia que Manuel Azaña le propinó a Cambó: «Es vano pretender que la división de izquierdas y derechas desaparezca, como pretenden siempre los espíritus conservadores, y como repite ahora, entre otros, el señor Cambó, que de tan listo como dicen que es parece creer que todos los españoles somos tontos».

La primera respuesta negativa, la que debiera haberle obligado a revisar toda su estrategia, le vino de los propios electores catalanes —un analista más sarcástico podría haber escrito «de los manifestantes que crearon el enorme espejismo de la Diada»— a finales de noviembre de 2012, que, en vez de ofrecerle a Mas el respaldo plebiscitario que andaba buscando, truncaron bruscamente su liderazgo —CiU bajó de 62 a 50 diputados y redujo su porcentaje de votos en 7,73 puntos.

Esa toma de posición del electorado fragmentó peligrosamente la estructura parlamentaria de Cataluña, e insinuó la posibilidad de liderazgos alternativos que, en orden a una expresa lucha por la soberanía, parecen ser más fiables y coherentes que el sostenido por CiU. Porque en esa misma elección ERC subió de 10 a 21 diputados, incrementó su porcentaje de votos en 6,7 puntos, y, partiendo de la quinta posición en número de votos, aunque igualando en escaños a la cuarta, alcanzó el estatus de segunda fuerza política de Cataluña por número de escaños y tercera, detrás del PSC, por número de votos. 

A pesar de que las elecciones de 2012 registraron una participación notablemente más alta que las de 2010 —67,76 % frente a 56,78 %—, que de acuerdo con los estrategas de CiU debía favorecer sus propias posiciones y garantizar el éxito de la operación independentista, Artur Mas se quedó sin mayorías suficientes en número, coherentes en su ideología y estables en su estructura.

Y esa circunstancia forzó a Mas a optar finalmente por un frágil pacto de gobierno con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que solo se muestra entusiasmada y fidelizada en lo que concierne a la estrategia independentista, lo que a la postre viene a significar que CiU está impulsando el crecimiento de la fuerza que con más fortuna y eficacia le está discutiendo su liderazgo, sus electores y su espacio político.

Aunque la mayoría de los afiliados de CiU apostaban por frenar la «operación Estado», nacida de la Diada de 2012, para gobernar Cataluña con eficacia y recobrar su electorado —cosa que podían haber planificado en alianza con el PP o el PSC—, Artur Mas se percató enseguida de que esa posible rectificación solo era una opción razonable para CiU, pero no para él, que en el supuesto de verse obligado a aparcar el proceso independentista se vería forzado también a dimitir. Y por eso se vio inmerso en una tesitura en la que tuvo que reflexionar sobre dos hipótesis que se le plantearon con la formulación negativa de un dilema por definición irresoluble: si salvaba su cara, y emprendía una huida hacia delante, perjudicaría gravemente a CiU; y si rectificaba su estrategia e iniciaba la recuperación de las posiciones electorales perdidas, perjudicaría su incipiente liderazgo y toda la confianza que había obtenido en las primeras elecciones que le hicieron presidente. Por si tal dilema no fuese suficiente, desde el primer momento quedó claro que entre Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido de Mas y de Pujol, y Unió Democrática de Catalunya (UDC), el partido de Durán i Lleida, se había abierto una brecha de difícil solución, por cuya virtud se debilita aún más la situación política de Mas y de la coalición CiU.

Artur Mas optó por defender su propia carrera y por encerrar a CiU en una trampa política de muy difícil salida, ya que solo cuenta con apoyos para seguir huyendo hacia adelante. Sin más perspectiva que un gran fracaso final, y sin mayoría suficiente para afrontar la labor de Gobierno en el marco de la crisis y de los graves desequilibrios financieros heredados, Artur Mas parece confiar en que un enroque sobre el discurso soberanista venga a rescatarlo del marasmo político en el que está encerrado. Y esa es la razón por la que todo parece apuntar a una etapa de profunda recomposición de la estructura de fuerzas políticas de Cataluña, en la que salen perjudicados todos los partidos clásicos (CiU, PSC, y PP) mientras se refuerza la constelación de partidos que, con un crecimiento parejo y unas características ideológicas muy plurales, hacen casi imposibles las mayorías estables de gobierno. La excepción a este proceso y diagnóstico es, precisamente, ERC, cuya estrategia electoral consiste en hacerse con la gran mayoría de los votantes independentistas pero sin asumir, al menos de momento y en términos estrictos, responsabilidades de gobierno.

Y eso es tanto como mantener a Mas atado de pies y manos, obligándolo a competir en una carrera que no puede ganar, y poniéndolo en muy serias dificultades para prolongar la condición referencial que tiene CiU al frente de la Generalitat.

El otro partido más perjudicado por el proceso soberanista es el PSC-PSOE, que, más allá de haber iniciado una caída electoral en picado —de 28 a 20 escaños, y una pérdida de 3,95 puntos porcentuales—, está produciendo dos efectos colaterales, muy graves y negativos sobre el conjunto del país:

1. El primero de esos efectos es la incomprensible ausencia del PSOE en la defensa de las posiciones constitucionalistas, que si unas veces se pone de manifiesto en un apoyo directo a tesis pro soberanistas como la legalidad de la consulta y el derecho a decidir que impulsa CiU, se hace ver otras veces, las más sin duda, en un discurso caótico y fluctuante que compromete la coherencia de los socialistas a nivel nacional y desautoriza de manera sistemática todos los intentos de generar y mantener un consenso básico sobre España y su Constitución134.

2. Y el segundo de los efectos negativos es el traslado de la crisis de la marca catalana a todo el conjunto del PSOE. La increíble sucesión de divisiones y controversias entre los líderes del PSC —que Pere Navarro y Carme Chacón visibilizan siempre que pueden—, y el creciente divorcio entre las tesis del Comité Federal del PSOE y el ya citado Pere Navarro, secretario general del PSC, alcanzaron su punto culminante el pasado día 13 de julio de 2013, cuando las Federaciones andaluza, madrileña, extremeña y manchega vetaron el compromiso forzado al que habían llegado Rubalcaba y Navarro para reconocer, en el marco parlamentario, dos líneas independientes —en discurso y voto— para el PSC y el resto de las Federaciones.

En su huida hacia adelante, a la espera de que el posible colapso del Gobierno Rajoy le permita cuadrar las cuentas de su propio partido, Pérez Rubalcaba había consentido en una estrategia que, bajo la apariencia de racionalidad que se le otorga a la idea de que el PSC pueda votar de forma autónoma y diferente en todo lo que afecta a Cataluña —como si en España hubiese alguna cosa importante que no afecte en nada a los catalanes—, producía de hecho una escisión irreversible entre el PSC y el PSOE, poniendo en riesgo a este último de quedar excluido de la estructura de partidos de Cataluña y de quedar vinculado para siempre al control estratégico del PSC. Y, aunque las intervenciones señaladas evitaron por esta vez el desastre, el episodio muestra a las claras hasta qué punto el movimiento soberanista catalán está afectando a los partidos que siempre articularon la gobernabilidad de Cataluña —PSC-PSOE y CiU—, y hasta qué punto se traslada ese desbarajuste a toda España a través de la gravísima crisis que arrastra el PSOE en todo el Estado.

La posición del PP también es muy débil en Cataluña, y su estrategia no parece ser especialmente acertada, al trasladar sus criterios de gobierno y su discurso sobre la unidad de España valiéndose de un liderazgo escasamente asentado y muy orientado hacia los objetivos electorales. El haber ascendido de los 18 escaños de 2010 a los 19 de 2012, con un incremento de su porcentaje de votos inferior a 1 punto (0,6 %, del 12,37 al 12,97 %) solo le permite una lectura positiva frente al desastre sin paliativos del PSC-PSOE, pero todas sus perspectivas electorales parecen estar condicionadas por el enorme desgaste que a causa de la crisis está sufriendo el Gobierno de Rajoy.

A ello hay que añadir que el Gobierno del PP tampoco está dando muestras de saber y querer liderar de forma conveniente la oposición al soberanismo, ni de saber separar sus ideas sobre el Estado del tufo conservador —excesivamente conservador, deberíamos decir— que siempre las acompaña. Pero a pesar de esta crítica, que podría ser más profunda y pormenorizada, la debilidad de las tesis del Estado en Cataluña no vienen solo y principalmente del PP y del Gobierno de Madrid, sino de la confusa y débil posición ideológica y política en la que ha entrado el PSC-PSOE, cuyo diagnóstico se va haciendo más grave al paso de los días.

En la misma línea que acabamos de argumentar contra la posición del PSOE, podríamos hacerlo contra IU, y contra la coalición ICV-EUiA que la representa en Cataluña. Bajo la misma disculpa de una visión federal o confederal del Estado, la posición de Izquierda Unida es aún más caótica y utópica —dos adjetivos que solo pueden combinar de manera explosiva— que la del PSOE, aunque sus efectos quedan paliados por el hecho de que, además de ser un partido electoralmente menos importante que el PSOE, la coalición IU no es sistémica —todavía— ni en el Estado ni en Cataluña, y que, a pesar de las buenas previsiones que le dan las encuestas al socaire de la crisis, tampoco parece que esta situación vaya a cambiar a corto o medio plazo. Hay que decir, sin embargo, que tras ascender de 10 a 13 escaños entre 2010 y 2012, e incrementar sus porcentajes de voto del 7,37 al 9,89 %, IU puede convertirse en sistémica para el PSOE, en la medida en que, tal y como sucede ya en Andalucía, Extremadura o Madrid, ya no es posible distinguir la opción de gobierno socialista de la de IU, al no preverse que el PSOE como tal, a corto plazo, sea por sí mismo una alternativa de poder. Y eso es, de acuerdo con la expresión popular, juntar el hambre con las ganas de comer. Valorada en su propia dimensión política y electoral la posición de ICV-EUiA todavía no es una explicación determinante del problema catalán, pero, vista en su dimensión de posible acelerador del caos estratégico que afecta al PSC y al PSOE, parece evidente que estamos ante el inicio de un problema político de enorme envergadura.

Podrá decirse que las situaciones electorales son por definición coyunturales, y que de la misma manera que se descomponen pueden volver a recomponerse. Y no seré yo quien le niegue reversibilidad a un proceso que en su propio enunciado es la esencia y condición de la democracia misma. Pero todo apunta a que ese proceso de vuelta a la normalidad, si se produce, será muy lento, y que la mayor parte de la factura que implique dicha rectificación la van a pagar CiU y PSC, sobre los que ha de caer por mucho tiempo, desde un lado y el contrario, la enorme factura que va a pasar el fracaso del independentismo.