Para empezar, debemos tener presente que ni Irlanda, ni Holanda y ni Suiza son paraísos fiscales, es más, dos de estos países son miembros de la propia UE.

Además, se acusa a Inditex de no pagar unos impuestos que no le correspondería, a saber, eludir impuestos es la acción de reducir la factura fiscal a través de métodos legales, esto es como si cualquiera de nosotros cuando hiciéramos la declaración de la renta utilizáramos las deducciones que nos permite la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para mitigar el pago de dicho tributo y nos acusaran de defraudadores, cuando esto no es así.

De hecho, la propia Inditex ha respondido a las acusaciones vertidas por el citado informe indicando que por ejemplo cuando se indica que la Hacienda Pública Española ha dejado de recaudar 218 millones de € en concepto de explotación de derechos de propiedad industrial, la Compañía indica que lo que hacen las empresas que residen en España es recibir los beneficios de su explotación, por eso no pagan por los derechos de propiedad industrial.

En otro punto señala la firma de textil gallega que la empresa ITX Merken, la cual adquirió estos derechos de propiedad industrial por un valor de 1.472 millones de €, tributó por esta operación íntegramente en España, pagando 360 millones de € a la Agencia Tributaria, a diferencia de lo que asegura el informe al indicar que se habría eludido de tributar por esta operación, ahorrando unos 84 millones de €.

¿Cuántos impuestos paga Inditex?

Según informa la compañía, esta ha pagado más de 2.000 millones de € en España entre los ejercicios 2011 y 2015, representando un 2% de lo recaudado por la Hacienda Española en concepto de Impuesto de Sociedades.

Además, según sus cuentas anuales consolidadas del Grupo —están publicadas en la propia página web de la Entidad las cuentas desde el año 2008— ha pagado en total por impuestos sobre beneficios en los últimos 5 ejercicios fiscales unos 3.700 millones de €, soportando tasas de entre el 22 y el 24%, teniendo en cuenta que Inditex opera en 93 mercados en donde los tipos impositivos difieren para cada uno de estos —desde Irlanda con un tipo del 12,5% pasando por Francia en el que se paga un 33,33% de los beneficios empresariales en impuestos—.

En definitiva, se está sometiendo a un linchamiento fiscal a una de las compañías más importantes y que más empleo genera en España a partir de un informe con graves errores conceptuales y metodológicos. El ahorro conseguido a través de este modo de operar le ha permitido a Inditex invertir en mejores métodos productivos e incrementar el número de empleos y producción, ofreciéndonos mejores bienes y servicios; quizás si esos 585 millones de €  hubieran ido a parar al erario público no habrían influido de forma tan positiva en nuestras vidas. Lo que ha hecho la Firma gallega ha sido pagar los impuestos que le corresponderían, ni más ni menos.

El linchamiento fiscal, por desgracia, se ha hecho habitual en los últimos años en nuestro país, acusar sin pruebas invirtiendo la carga de la prueba. Todos aquellos que se quejan de que las empresas eludan impuestos deberían empezar por evitar aplicarse deducciones en los impuestos que pagan para no caer en una grave incoherencia, quejarse por algo que ellos mismos hacen.

Es cierto que limitar los pagos en efectivo a 1.000€, si funciona, puede ser un buen mecanismo para acabar con el fraude fiscal, a saber, tener que hacer pagos superiores a dicha cantidad a través de servicios bancarios da la posibilidad al Estado a vigilar todos nuestros movimientos y posiciones bancarias que, con toda probabilidad, reflejarán la mayor parte de nuestro patrimonio monetario, ya que esta medida conduce inequívocamente a que no podamos escaparnos de ser clientes de un banco para poder hacer cualquier tipo de operación o transacción económica.

Pero aquí se presenta una cuestión importante, y es que el límite para pagar en efectivo ya existía, se trata de una reducción, y si el objetivo es acabar con el fraude fiscal, ¿quién no nos dice que mañana ese límite pueda ser de 500€ o incluso que se prohíba directamente el uso de efectivo? O, por ejemplo, que para poder hacer cualquier tipo de transacción en el mercado debamos pedir una autorización a Hacienda para que nos de el visto bueno de que el dinero que empleamos para dicha operación no es “ilegal”. 

Quizás, si se hiciera realidad esto último, hablaríamos de los elevados costes que tendría el tener que comunicar cualquier compra o venta que quisiéramos hacer o el no poder usar efectivo para este tipo de operaciones, pero es que ya tener un límite de efectivo en 1.000€ tiene muchos costes, el principal es que esto implica que no podamos escaparnos de los bancos, y tener una tarjeta de débito o crédito en cualquier banco y su correspondiente cuenta corriente asociada tiene ciertas comisiones que, salvo cumplimiento de ciertos requisitos que difieren para cada entidad bancaria, son ineludibles.

Probablemente, la causa primera de esta medida no sea la lucha contra el fraude, sino el poder repercutir a los usuarios de la banca tipos de intereses negativos

Y es que, probablemente, la causa primera de esta medida no sea la lucha contra el fraude, sino el poder repercutir a los usuarios de la banca tipos de intereses negativos —existen movimientos intelectuales que proponen el límite de los pagos en efectivo o, incluso, su desaparición por estos motivos y no por la lucha contra el fraude fiscal—, esto es, que los bancos pasen a cobrarnos por tener nuestro dinero depositado en cuentas y productos que nos ofrezcan—además de las comisiones por gestión que ya son cobradas—, sabiendo que si la demanda es obligatoria, la oferta tiene inmenso poder sobre esta para imponer las condiciones que considere oportunas.

¿Para qué tipos de interés negativos? Pues para hacer más barato el crédito. Podría pensarse que es una buena noticia puesto que haría más abundante el capital disponible para prestar y aparecerían muchas más opciones de inversión rentables. Además, el Estado podría incrementar su deuda sin preocuparse tanto por los costes de esta, aunque los contribuyentes futuros tendrían que devolver en forma de impuestos todo ese endeudamiento. 

Pero es que inflar el crédito disponible a través de tipos de interés reducidos no es una política óptima, incluso podríamos hablar de que es altamente peligrosa, a saber, la crisis económica que comenzó en el año 2008 vino derivada precisamente de esta misma situación, con tipos de interés manipulados a la baja por parte del Banco Central Europeo aparecieron en el mercado inmobiliario muchas operaciones que, aparentemente, parecían rentables, pero que a la larga se demostró que condujeron a una dilapidación de recursos, puesto que no existía un ahorro y demanda que sustentara dicha inversión. Y con el continuo avance en la limitación del uso en efectivo podríamos encontrarnos ante una situación similar a la vivida hace unos años.

Finalmente, debemos plantearnos en términos filosóficos esta cuestión, y es que ¿nos parecería bien que todos nuestros movimientos y operaciones fuesen controladas por un Gran Hermano —el Estado—? Básicamente esto es lo que sucedería, ya que con un simple requerimiento, el Gobierno podría saber todo lo que compramos o dejamos de comprar, nuestra intimidad se vería seriamente amenazada y se invertiría la carga de la prueba, a saber, si la Agencia Tributaria sospechara de una operación tendríamos que ser nosotros los que demostráramos lo lícito de esta, esto es, seríamos culpables hasta que se demostrase lo contrario, obligándonos a guardar cualquier justificante de ingreso o gasto por si algún día se nos es requerido.

Debemos plantearnos en términos filosóficos esta cuestión, y es que ¿nos parecería bien que todos nuestros movimientos y operaciones fuesen controladas por un Gran Hermano —el Estado—?

Por el momento, existe la opción de poder pedir “dos de 750” en vez de “una de 1.500”, pero el asunto es más serio que esto, puesto que nuestra intimidad y libertad —el poder hacer lo que queramos con nuestro dinero sin que nadie más que nosotros lo sepa— están en juego, además de la posibilidad de que se deriven consecuencias económicas en el largo plazo catastróficas como las vividas hace unos años.

Por tanto, debemos comenzar a  cuestionar el limitar los pagos en efectivo puesto que los objetivos son mucho más perversos que la simple lucha contra el fraude fiscal, de lo contrario España se parecerá, cada vez más, a un Estado policial.