En contraste, las religiones cuentan con una larga tradición histórica y un amplio reconocimiento y legitimidad social, encontrándose respaldadas por instituciones y estructuras organizativas consolidadas. La adhesión religioso-cultural, en estas corrientes, se basa en la libertad individual y en la apertura al debate interno, permitiendo interpretaciones múltiples en un marco de pluralismo. Así, la división esencial radica en que, mientras la religión goza de aceptación y se integra en la vida social, la secta se muestra como un fenómeno marginal, con mayores riesgos de ejercer un control coercitivo sobre sus seguidores.

Desde una perspectiva jurídica, la mera pertenencia a un grupo sectario o religioso no resulta ilícita en España, ya que la Constitución garantiza la libertad de culto y la libertad de creencias. No obstante, el problema se centra en las conductas delictivas o abusivas que puedan derivarse de su accionar. Por ejemplo, cuando una secta recurre a acciones que vulneran derechos fundamentales, se abre la posibilidad de actuación judicial. Es menester recordar que, en tales casos, no se sanciona ideológica, ni estructuralmente al grupo, sino las actividades concretas que infringen la legalidad. Lo más cercano a las sectas que encontramos en nuestro Código Penal, es el tipo recogido en el artículo 515, donde refiere en su apartado 2, que son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: “Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución”, resultando de especial complicación la delimitación del concepto “de alteración o control de la personalidad” y su aplicación práctica.

Resulta ilustrativo referirse a dos casos paradigmáticos que, desde el punto de vista jurídico, posibilitan una mejor comprensión del alcance y las consecuencias de las actividades sectarias. En primer lugar, el caso del Raelismo, fundado por Claude Vorilhon, popularmente conocido como Rael, es una religión ovni que, en los albores de los años 2000, anunció el nacimiento de “Eve”, la supuesta primera niña clonada. A pesar de la notoriedad mediática del anuncio, jamás se demostró la veracidad de dicha afirmación. Si este hecho hubiera acontecido en territorio español, los responsables hubieran incurrido en un delito, concretamente en el tipificado en el artículo 160 del Código Penal, que sanciona la clonación con penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos o profesionales.

Por otro lado, el caso del Aum Shinrikyō, fundado en Japón por Shoko Asahara, permite comprender el extremo peligro que puede alcanzar una secta destructiva. Esta organización, que combinaba elementos de diversas tradiciones religiosas y pseudo filosofías, perpetró el atentado, con gas sarín, en el metro de Tokio en 1995, causando la muerte de numerosas personas y dejando un legado de violencia y desintegración social. Si hechos de tal magnitud se cometieran en España, las consecuencias legales serían severas, dado que las disposiciones del Código Penal, particularmente en materia de homicidio y asesinato, contemplarían penas de prisión permanente revisable y posibles responsabilidades civiles simultáneas.

En este contexto, cabe destacar que la valoración de un grupo como secta “destructiva y peligrosa”, se fundamenta en indicadores como el uso de la coacción psicológica y técnicas de control sobre la voluntad de los individuos (Art. 515 C.P.), un marcado aislamiento social y la instrumentalización de situaciones de vulnerabilidad. La judicialización de tales conductas se fundamenta en la protección de los derechos fundamentales y en la prevención del daño, tanto a las personas como a la sociedad.

En definitiva, el análisis de la figura de las sectas, frente a la religión tradicional, se sitúa en la encrucijada entre la libertad individual, la protección de los derechos fundamentales y la necesidad de actuar con firmeza, frente a conductas que pongan en riesgo la integridad de los individuos.

El derecho, en su función de salvaguarda social, se muestra preparado para intervenir ante hechos que rebasen el límite de la legalidad, sin que ello implique una persecución por la ideología o la forma organizativa de los grupos. La cuestión se reduce a sancionar aquellos comportamientos concretos que, en su ejecución, transgredan la normativa y causen daños irreparables en la sociedad y en las personas. @mundiario