Bien, todo este tipo de críticas a la justicia deriva de un gran descontento social. También es verdad que el desconocimiento de su funcionamiento puede dar lugar a la incomprensión de sus debidos momentos procesales, pareciendo en ocasiones que no funciona. Pero no se equivoquen, la justicia española funciona, y muy bien.

España tiene un alto nivel en nuestra organización del poder judicial, con una envidiable independencia de jueces y magistrados. Así, por ejemplo, se puede ver el alto nivel de efectividad que tiene España en su lucha contra el terrorismo islámico; una gran cantidad de jueces instructores, y a su servicio los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, luchan de manera preventiva contra esta organización terrorista; siendo España el país más combativo de la UE contra esta organización.

No todo son alabanzas a nuestro sistema

Como cualquier sistema, tiene cabos sueltos que se deben atar. Por ejemplo, que el ejecutivo y legislativo sean quienes eligen algunos de los altos cargos del poder judicial, siendo estos quienes les juzgarán por sus delitos (entiéndase principalmente corrupción), provoca obviamente una distorsión del correcto funcionamiento de la justicia. Aun así, este problema no surge de que sean estos los que los eligen; ya que este proceso de elección busca que el poder judicial tenga una legitimación democrática. El problema surge de la perversión de este proceso de elección de cargos del poder judicial, con pactos bajo-mano que acaban distorsionando el correcto funcionamiento de la justicia.

El mantenimiento del correcto funcionamiento de la justicia, y la solución a problemas como el expuesto son quebradero de cabeza para juristas. Pues día tras día, constitucionalistas intentan darle una vuelta de tuerca a nuestra constitución para poder buscar un funcionamiento perfecto a nuestro sistema jurídico. Que aunque no lo crean, incluso aunque a veces no lo parezca; nuestro sistema cada vez se acerca más a esa perfección (imposible).