Jueces para la Democracia muestra su sorpresa por dicho documento puesto que es difícil encuadrarla dentro de los instrumentos jurídicos de organización que recoge la Ley 50/1981, de 30 diciembre 1981, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Ni siquiera lleva título la referida carta, recordando que la Fiscal General del Estado puede impartir a sus subordinados órdenes o instrucciones (art. 25) sin que dicha carta invoque ninguno de esos apelativos. Sin embargo, impone un criterio específico de informe a los fiscales involucrados en el despacho de estos asuntos, contra el principio de independencia (art. 7), mucho más allá del contenido de cualquier orden o instrucción, sólo referido a asuntos de servicio o al ejercicio de las funciones, no a su contenido.

Más allá del contenido jurídico de la citada carta, sobre lo que es de competencia de las autoridades judiciales encargadas de prestar asistencia, Jueces para la Democracia quiere recordar a la Fiscalía General del Estado que está obligada constitucionalmente por el Derecho Internacional, en concreto, por el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 (BOE nuìm. 170, de 17 de julio de 1990), cuyo art. 28 exige prestar asistencia mutua en materia penal incluso cuando por cualquier razón los hechos no sean punibles, o, como dice la Fiscalía General del Estado, los responsables estén muertos, haya prescrito el delito o esté amnistiado. El único límite para denegar la asistencia es que no haya un “interés de la Justicia”. Y en este caso hay un demostrado interés por la Justicia.

Desde Jueces para la Democracia queremos recordar una vez más, en este caso a la Fiscalía General del Estado, que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU viene instando al Estado Español a adoptar las medidas legales y judiciales necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía y a los responsables directos de la administración de justicia, jueces y fiscales, a que se personen en las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojen. Seguimos siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados.

Jueces para la Democracia, como asociación judicial comprometida con la defensa de los Derechos Humanos universalmente reconocidos, vuelve a expresar públicamente en esta ocasión su compromiso con los familiares y asociaciones de familiares de desaparecidos para garantizar sus derechos, y denuncia los incumplimientos del actual gobierno español de las previsiones de la Ley de Memoria Histórica. Ello está llevando no sólo a la impunidad por los delitos cometidos durante la dictadura, sino a que queden materialmente sepultados en el olvido.

Desde Jueces para la Democracia queremos denunciar la insensibilidad de la Fiscalía General del Estado y recordar que nuestras instituciones estatales siguen haciendo dejación de sus funciones y permiten que sigan existiendo decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes. Resulta inadmisible que un Estado democrático siga negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado y que se dé cumplido homenaje y protección a todas aquellas personas que fueron asesinadas con ocasión del golpe militar de 1936 y la posterior represión franquista.

En 2012 se publicó en plena crisis económica la Ley de Tasas. Cuando más necesaria era para la ciudadanía la tutela judicial el entonces ministro de Justicia impulsa una ley destinada a encarecer el acceso de los ciudadanos a la práctica totalidad de procedimientos judiciales tanto en primera instancia como en instancias superiores. Con la mayoría absoluta el actual Gobierno en funciones impuso una norma que se ensañaba en extremo con los menos favorecidos y convertía la Administración de Justicia, contra el expreso mandato constitucional (art. 119), en un instrumento de salvaguarda de los derechos de los más poderosos.

Jueces para la Democracia denunció públicamente desde el primer día la pretensión ministerial de cargar contra las personas físicas y pymes el coste de un servicio básico en un Estado de Derecho. Nos complace que estas denuncias hayan sido tenidas en cuenta a pesar de que han tenido que pasar cuatro años de espera para que el Tribunal Constitucional, por fin, reconozca, más allá de los pequeños retoques del Sr. Catalá, la tremenda injusticia de impedir a personas físicas y pymes el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades.

Más allá de este reconocimiento, Jueces para la Democracia reclama y exige el restablecimiento del ejercicio efectivo de los derechos que fueron cercenados por la ley 10/2012. No podemos aceptar una situación de carencia sobrevenida de objeto por la reforma puntual que en su día se hizo de dicha ley, sino que reclamamos el restablecimiento inmediato a personas físicas y Pymes en la situación anterior a 2012.

Asimismo, Jueces para la Democracia reclama del Gobierno en funciones bajo cuyo mandato se cometió esta injusticia que explique, razone y dé cumplida cuenta a todos los ciudadanos/as, usuarios/as de la administración de justicia, del destino que ha hecho de lo recaudado por estas normas declaradas inconstitucionales.

De esta forma, tras los recientes sucesos, el Consejo Superior de Jueces y Fiscales ha suspendido de sus funciones a 2.745 jueces/as y fiscales. Hemos sido informados de que al menos doscientos de esos jueces/as y fiscales, así como un juez del Tribunal Constitucional, han sido objeto de detención y encarcelamiento. En estos momentos no tenemos noticias de algunos los compañeros de YARSAV, y en otros, han sido sus cónyuges y familiares quienes nos han informado de su detención. 

La rapidez con la que se ha llevado a cabo la suspensión de funciones y detención de jueces/as y fiscales hace sospechar seriamente en la premeditación y arbitrariedad de esas decisiones. Sin lugar a dudas, las mismas se incardinan en los intentos durante estos últimos meses de desestabilizar e incluso depurar la Judicatura y la Fiscalía por parte del presidente Erdogan. 

En su momento, Jueces para la Democracia, como miembro de MEDEL (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades), organización que reúne a numerosas asociaciones profesionales de jueces/as y fiscales en Europa, incluyendo Turquía, ya habíamos informado a la autoridades de la Unión Europea, como organización fundada en los principios de la democracia y del Estado de Derecho, de los repetidos ataques a la independencia judicial en Turquía. Máxime si tenemos en cuenta el Acuerdo suscrito por la UE con este país para poner término a la migración irregular y el papel de garante de los derechos humanos de los refugiados confiado al poder judicial.   

Profundamente preocupados por la situación personal y profesional de nuestros colegas, instamos al Gobierno en funciones de España para que intervenga ante las autoridades turcas así como ante las autoridades europeas con el fin de que se ponga fin a esta injusta situación y se respete escrupulosamente la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de Derecho.

Tales presiones revelan el nulo respeto a las instituciones democráticas por parte de quien dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, en tal calidad, tiene como misión constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. A ninguno de estos fines se atiene el ministro si utiliza tal puesto para intentar incriminar a rivales políticos en actos de corrupción no investigados ni por la autoridad judicial ni contrastados por los cuerpos policiales bajo su dependencia. 

Esta actitud revela un profundo desprecio por las instituciones democráticas. Hay que recordar que la Oficina Antifraude Catalunya es una oficina comisionada dependiente directamente del Parlament de Catalunya, cuyo titular está nombrado por él y ante el que le rinde cuentas, nacida para investigar las mordidas y actos de corrupción comúnmente conocidas como 3%. Por eso, debemos denunciar la utilización ilegal y abusiva de las instituciones democráticas, entre las que se encuentra la Judicatura y la Fiscalía, con el fin de eliminar al rival político.

Desde Jueces para la Democracia exigimos que se investiguen y depuren las responsabilidades de todo orden de todas las personas implicadas en esta trama, recordando que cualquier actuación en defensa de la legalidad constitucional debe llevarse a cabo por los medios pertinentes, sin que quepan atajos ilegales como el que nos ocupa.

Desde Jueces para la Democracia valoramos que se trata de una cuestión discutible jurídicamente, ante la existencia de preceptos contradictorios y ante una regulación legal poco sistemática de la naturaleza del estatuto de los/as magistrados/as del Tribunal Supremo. Sin embargo, constatamos que la Comisión Permanente no ha optado por hacer una lectura en clave constitucional que respete el contenido del derecho fundamental al sufragio pasivo de quienes integran el poder judicial. Acordar la pérdida de la plaza que una magistrada ejerce en el Tribunal Supremo parece una sanción desproporcionada y poco compatible con los principios de la democracia constitucional. Además, dicha decisión contrasta con lo acordado en precedentes que afectaban a supuestos similares, en los que anteriormente se ha aplicado un criterio flexible que poco tiene que ver con el rigor exhibido ahora para apartar a una magistrada de su plaza.

Todo ello nos muestra una actuación más del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, de marcado sesgo ideológico, para represaliar a cualquier persona que muestre sus discrepancias con una gestión que es abiertamente criticable en sus formas y también muy rechazable en sus contenidos. Esta decisión va en una línea muy parecida a su maniobra anterior para apartar de forma fulminante al presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, José Manuel Sieira, por su actuación independiente al frente de la misma.

Además, debemos recordar que, como señala el voto particular, el actual CGPJ únicamente era competente para resolver sobre la petición que se había formulado, que era la petición sobre excedencia voluntaria. No obstante, Lesmes se apresuró en adoptar una decisión que corresponde resolver realmente a quienes desempeñen estas funciones en el CGPJ cuando la magistrada afectada pida el reingreso.

Una vez más debemos mostrar nuestra preocupación por las actuaciones de un CGPJ que nació muy vinculado al poder político, con el nombramiento de Carlos Lesmes como persona de confianza del ex ministro Gallardón. Los hechos posteriores no han hecho más que empeorar el diagnóstico inicial. El estilo del Presidente del CGPJ es absolutamente insensible, cuando no abiertamente contrario, a la cultura constitucional de los derechos fundamentales. Ese estilo autoritario, nada integrador de la pluralidad y extremadamente conservador de Lesmes, así como las circunstancias que han posibilitado este diseño del órgano de gobierno judicial, son los mejores ejemplos de que el nuevo parlamento debería abordar una reforma muy profunda del CGPJ.

En la última década,  muchos de los problemas  que han salido a la luz han llevado a una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia el proyecto de integración europea: la crisis económica y financiera; la amenaza del  terrorismo; el fenómeno de la migración. A pesar de estos problemas, y de la decepcionante respuesta dada a los mismos por los gobiernos nacionales y las propias instituciones europeas pese al peligro que suponen para la integración,  cualquier análisis sobre estos temas demanda la existencia de un poder judicial independiente  capaz de proteger las libertades básicas y derechos de todos los ciudadanos.

Con la excusa de abordar el problema del insuficiente crecimiento económico, la Unión Europea y los Estados Unidos están negociando secretamente un acuerdo de libre comercio, según la cual, entre otras medidas, se está considerando la creación de sistema de resolución de conflictos ajeno al control judicial de los países. Esto supone equiparar a las corporaciones multinacionales al mismo nivel que los Estados soberanos, basado en la  errónea presunción de que los tribunales nacionales de los Estados miembros no pueden otorgar protección jurídica efectiva a los inversores extranjeros. 

Medel (Magistrados europeos para la libertad y la democracia), en su comunicado emitido hoy mismo, afirma que no existe ninguna justificación objetiva o base jurídica para la creación de este nuevo  Tribunal y que todos los ciudadanos europeos deberían estar seriamente preocupados por esta propuesta. Un tribunal de arbitraje privado que reemplace a los tribunales de los Estados no puede establecerse mas que para  favorecer  los intereses de la codicia corporativa multinacional. Este tribunal concederá legalmente a las multinacionales diferentes privilegios; entre otros tendrán el de poder imponer sanciones a los Estados y, al mismo tiempo, no serán responsables ante los ciudadanos, al no tener que cumplir con las reglas del juego democrático y no afrontar las consecuencias sociales de sus decisiones .

La lucha contra el terrorismo, por otro lado, ha llevado a la adopción de medidas que ponen en peligro la libertad de los ciudadanos europeos sin que ello sea la panacea para resolver el problema de la seguridad. Como MEDEL subrayada en su declaración de Pisa de marzo pasado, la utilización de medidas excepcionales no puede convertirse en una excusa para prolongar los estados de emergencia, cuya vigencia ilimitada no puede ser vista como una situación normal en una sociedad democrática.

Añadimos a todo esto,  y en un intento de desviar la atención de la desastrosa respuesta de instituciones y los gobiernos europeos a la crisis de la migración,  que la UE ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno turco que  nos avergüenza a  todos. Y se ha formalizado olvidando intencionadamente que el gobierno Turco no respeta la separación de poderes y la independencia del poder judicial, como pone de manifiesto el traslado de jueces y fiscales sin  su consentimiento; la prisión y  y destitución de jueces y fiscales por realizar su trabajo y las propias declaraciones públicas contra los jueces realizadas por el Presidente turco.

Estos son sólo algunos ejemplos preocupantes de las amenazas a las que se  enfrenta el poder judicial en Europa. Hay muchas otras, algunas graves, como las inaceptables medidas adoptadas por el poder ejecutivo en el poder judicial en Polonia con la paralización del Tribunal Constitucional, o la interferencia de los servicios secretos en el poder judicial rumano.

En España, la Justicia, al igual que otros servicios públicos , ha sido maltratada por la crisis económica, sin que se ponga remedio por parte del poder político a una situación endémica de precariedad de medios, a una perdida progresiva de libertades y derechos sociales y políticos , a un proceso penal  insostenible su actual concepción, y a los intentos siempre perniciosos de socavar la independencia judicial.

En otras muchas ocasiones Medel ha recordado, que tener acceso a una justicia independiente no es un privilegio, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos europeos. Los poderes económicos y políticos no pueden cruzar el último límite de la separación de poderes, el principio único que garantiza el respeto de los derechos y libertades fundamentales ; que todos los europeos, ciudadanos o instituciones, independientemente de su origen o de su situación económica, son iguales ante la ley.

No podemos permanecer pasivos mientras la independencia del poder judicial se está poniendo bajo amenaza en toda Europa, es un deber de la ciudadanía oponerse a todos estos  intentos de injerencia. Se lo debemos a la memoria de Giovanni Falcone. Se lo debemos al futuro de Europa.

Si se acredita la autenticidad de dicha grabación, se habría producido la manipulación de un concreto proceso penal, en unos términos que no tendrían precedentes. Sería inaudito que un juez se hubiera reunido con un investigado con el fin de preparar de forma pactada los términos y la forma de una declaración judicial posterior. Más aún, sería inadmisible que esa declaración hubiera tenido una finalidad ajena al objeto del proceso penal. Y con ella se pretendiera desmerecer la actuación de la anterior magistrada instructora, Victoria Rosell, con la finalidad de perjudicarla en un procedimiento ante el Tribunal Supremo.

Las circunstancias que rodean este asunto, resultan cuanto menos anómalas y destilan posibles intencionalidades políticas de la peor especie; tales han sido el desarrollo de una previa y llamativa investigación por parte de la Fiscalía, declarada ilegal por el TSJ de Canarias, y la emisión de un inusual informe por parte de este mismo Juez. En última instancia, la confirmación de los hechos denunciados supondría la existencia de interferencias políticas partidistas en actuaciones judiciales específicas.

Por ello, desde Jueces para la Democracia consideramos que deben activarse los mecanismos del Estado de Derecho para que estos hechos sean aclarados a la mayor brevedad. Y para que, en su caso, se determinen las posibles responsabilidades disciplinarias y penales. Valoramos positivamente que los órganos competentes del Consejo General del Poder Judicial hayan iniciado actuaciones para analizar las infracciones disciplinarias que se puedan haber cometido en el caso de que se acredite la autenticidad de las referidas grabaciones.

Debemos recordar que la función judicial ha de ejercerse con plena independencia e imparcialidad. Cualquier uso torticero de la jurisdicción supone un intenso deterioro de la credibilidad de nuestro sistema judicial. Por ello, desde Jueces para la Democracia expresamos nuestra confianza en que los órganos competentes investigarán con rigor los hechos denunciados, que revisten una enorme gravedad. Nuestro Estado Constitucional se pone a prueba cuando se pueden haber atacado sus principios esenciales, pero siempre dispone de instrumentos para que estos se mantengan.

En febrero de 2015, fue aprobado el primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la carrera judicial (2015-2016), tres meses después plantea esta misma Asociación la primera acción de Conflicto Colectivo.

El citado Plan de Prevención (PPRL) previó, como riesgo psicosocial propio de la carrera judicial, el que pudiera derivarse de una excesiva carga de trabajo para los integrantes de la Carrera Judicial.

En la reunión de 17 de febrero de 2015 la Comisión Permanente del CGPJ se aprobó (acuerdo 5.3.5) “Abordar con carácter inmediato el proceso de elaboración de unos nuevos módulos de rendimiento a los efectos de la competencia exclusiva del Consejo General del Poder Judicial establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y otras inherentes al estatuto judicial, así como para la determinación de la carga de trabajo a los efectos de la salud y seguridad de los integrantes de la carrera judicial, determinando el mecanismo participativo de los jueces y magistrados que considere más conveniente.”

Un año después, y tras numerosas reuniones de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la carrera judicial (CNSS), reivindicando el cumplimiento de dicha obligación, los jueces y juezas seguimos sin tener fijada una carga judicial máxima.

Según los resultados obtenidos de “la encuesta de ámbito nacional de todos los jueces o magistrados en servicio activo de 2015”  promovida por el CGPJ, un 70% de los encuestados considera que su carga de trabajo habitual es excesiva.

Según los resultados obtenidos de “la encuesta de ámbito nacional de todos los jueces o magistrados en servicio activo de 2015”  promovida por el CGPJ, un 70% de los encuestados considera que su carga de trabajo habitual es excesiva.

Según un Informe del propio CGPJ de septiembre 2014, basado en mediciones de las cargas de trabajo de entrada de juzgados y tribunales durante el año 2013, el 43,53% de los órganos judiciales superan el 150% de las cargas de trabajo razonables, y que un 23,64% se sitúa por debajo del 100%, por lo que hay otro 32,83% que se halla entre el 100% y el 150%. Estos valores evidencian que una mayoría alarmante del 76,36%, de los/as jueces/as de este país ejercen sus funciones jurisdiccionales en condiciones tóxicas desde un punto de vista psicosocial.

Los jueces de lo Mercantil de Sevilla han advertido en un escrito presentado el pasado 1 de abril de que "el inhumano cúmulo de trabajo" que soportan actualmente está generando "una situación de colapso", ya que, entre otras cosas, afrontan una carga de trabajo "extraordinariamente superior" a los indicadores de entrada de asuntos fijada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A tan solo ocho meses de acabar el año 2016 y con él, la vigencia del Plan, el CGPJ  ha incumplido flagrantemente la citada obligación, sin haber iniciado, siquiera intentado, los trabajos de medición de cargas judiciales saludables aunque ,  no  se tuvo reparos en acometer con la máxima urgencia, otras mediciones de cargas judiciales, tanto a efectos de creación de órganos judiciales como a efectos disciplinarios, mediciones cuyos trabajos técnicos se están ejecutando al margen de cualquier criterio de salubridad y sin participación de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud (CNSS), que es un órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones en materia de prevención de riesgos.

En la última reunión de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del CGPJ de 11 febrero 2016, todas las Asociaciones Judiciales presentaron una propuesta de consenso, a la que no se ha dado respuesta. Casi tres meses después, poco se ha avanzado hacia la ansiada fijación de cargas.

Ante el horizonte descrito y la parálisis de nuestro deudor de seguridad en el cumplimiento de sus obligaciones fijadas en el PPRL, desde  Jpd hemos decidido recurrir a la acción judicial.

Por segunda vez, se ha presentado ante la Audiencia Nacional (Sala Social), demanda de Conflicto Colectivo,con un “petitum” nada complicado, consistente en la condena del CGPJ y el Ministerio de Justicia , a cumplir con su obligación de iniciar los trabajos correspondientes para la medición y fijación de unas cargas de trabajo judiciales máximas , a efectos de salud y también la aplicación provisional del acuerdo consensuado por todas las asociaciones, donde se fija un criterio claro de cargas máximas.

Consideramos que las respuestas a las amenazas terroristas deben articularse desde los principios del Estado de Derecho, sin que resulte aceptable un discurso institucional de carácter bélico que pretenda la limitación de las libertades con el argumento de que resulta necesaria para reforzar la seguridad. Nuestras sociedades pueden actuar con eficacia contra el terror yihadista sin debilitar nuestro sistema de derechos, como se ha demostrado en nuestro país en el pasado.

Por otro lado, rechazamos abiertamente cualquier discurso social que aliente la islamofobia, pues resulta inadmisible, injusta y manipuladora la equiparación entre la comunidad musulmana y el fanatismo islamista. Además, creemos que los países europeos deberían reflexionar sobre una respuesta global a todas las violaciones de derechos que se están produciendo tanto en nuestro territorio como en el mundo árabe, pues las conexiones resultan visibles y también la falta de actuación adecuada ante todos estos problemas.

En este sentido, el papel de la Unión Europea ante los conflictos bélicos que están afectando al mundo islámico y ante la crisis de las personas refugiadas no resulta ajustado a las normas de derecho internacional. Resulta evidente la responsabilidad europea por acción o por omisión en las guerras que afectan a los países árabes; y esta situación contrasta con la grave irresponsabilidad que supone cerrar la puerta a las personas que legítimamente huyen de los horrores de estas contiendas para buscar refugio. La solución a todos estos problemas, entre ellos las atrocidades del terrorismo, requiere de cambios sustanciales en la actuación de las instituciones europeas.

Desde Jueces para la Democracia consideramos que estos asesinatos irracionales pretenden alterar los valores más valiosos de nuestra civilización y provocar reacciones que agudicen los conflictos existentes. Por ello, no resultan admisibles retrocesos en materia de derechos y libertades. Al contrario, las respuestas deben profundizar en los mecanismos de integración social, desde el respeto a la pluralidad cultural, religiosa y de origen nacional. La Europa de los derechos humanos debe volver a tomar la iniciativa para buscar soluciones justas a todos estos problemas.

El drama de las personas refugiadas ha puesto de manifiesto que la concepción de Europa como un espacio  común  de libertad, seguridad y justicia, fundada sobre los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad a los que se refiere el Preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha claudicado frente a una organización de mercaderes de bienes y servicios.

La actuación de las instituciones Europeas no ha hecho sino reflejar la incapacidad y ausencia absoluta de voluntad de abordar la situación de una forma justa  y conforme a los principios de los Tratados Fundacionales de la Unión.

Como muestra basta señalar el incumplimiento de los compromisos, ya de por si exiguos,  que se adoptaron en el seno de la Comisión Europea en octubre de 2015. Entonces la Unión se comprometió a la reubicación de 160.000 refugiados mediante un reparto de cuotas entre los distintos países.  No obstante, a día de hoy, solo 660 refugiados han sido reubicados y, en el concreto caso de España, de los 16.231 personas que nuestro país se comprometió a acoger, solo ha recibido a 18.

El mensaje que la Unión Europea trata de trasladar no es más que la culminación del fracaso en la gestión de la política migratoria, en lugar de buscar soluciones y ofrecer alternativas a quienes se ven obligados a dejar su patria y su hogar, la UE, ha conseguido trasladar la imagen de que una crisis humanitaria es un problema de orden público y la respuesta, basada en gravísimos errores de concepto, se fundamenta, una vez más en levantar vallas y separar pueblos, en convertir al migrante en un objeto y despojarlo de su dignidad como persona.

Se legitima además, el comportamiento político de un gobierno, el turco, cada vez más distanciado de prácticas democráticas.

Se cambian, por tanto, vidas por dinero  y ello en clara contravención de la normativa internacional y europea. Baste señalar que el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la UE obliga a la unión a tener una política de asilo común que garantice la protección internacionales de todo nacional de un tercer país sometido a persecución y respete el principio de no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra.

Sin embargo con esta medida se generalizan expulsiones colectivas, expresamente prohibidas en el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión sin respetar el derecho a la solicitud de asilo que asiste a todo ciudadano que  se encuentre en el interior de un Estado Miembro, cualquiera que sea el medio por el que accedió a él.  Se basan para ello en la concepción de Turquía como Tercer País Seguro y ello a pesar de las dudas que suscita su sistema Político y la limitadísima aplicación que se realiza en dicho país de la Convención de Ginebra.

La ratificación de este acuerdo supondría  un golpe de muerte para el Derecho de Asilo y la Protección Internacional dentro de la Unión Europea y quiebra los pilares básicos de su propia construcción.

Por tal motivo denunciamos y reclamamos que, en cumplimiento de la legalidad internacional, no se ratifique el pacto avanzado hasta el momento y se abran vías de acceso seguros para todas aquellas refugiadas y aquellos refugiados que, de acuerdo con la ley, tienen derecho a que se les reconozca esta condición dentro de la Unión.

También la presencia de las mujeres continúa siendo minoritaria en los espacios institucionales, así como en la dirección de empresas públicas y privadas. En el ámbito de la judicatura resulta especialmente criticable que, a pesar de que ya existe en la profesión una mayoría de juezas, los cargos más relevantes en los distintos tribunales y en la cúpula judicial siguen siendo ocupados de forma muy mayoritaria por hombres. Resulta igualmente criticable la actuación del Consejo General del Poder Judicial en materia de nombramientos, al no adoptar medidas de acción positiva para evitar esta discriminación. Además, el menor número de solicitudes de magistradas para ocupar estos cargos nos demuestra la persistencia del techo de cristal, que resulta muy condicionada por la insuficiencia de la regulación normativa en materia de conciliación de la vida personal y profesional. Pese a que el 52% de la carrera judicial son mujeres – porcentaje que se eleva al 62,5% en el tramo de edad inferior a los 51 años – en la cúpula del Poder Judicial, donde hay 82 magistrados/as (sin contar a los eméritos, todos hombres), el porcentaje de mujeres es del 13.6 %. Las mujeres ocupan una de las 17 presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia, presiden 8 de 46 Audiencias Provinciales y no dirigen ninguna Sala del Supremo ni de la Audiencia Nacional.

Por otro lado, en el ámbito privado también nos encontramos ante espacios de clara desigualdad, como lo demuestran todos los indicadores en materia de reducciones de jornada y excedencias por cuidados familiares, que son solicitadas por una gran mayoría de mujeres. Y lo mismo cabe decir del tiempo dedicado a las tareas domésticas. Además, la difícil gestión de los desequilibrios sociales provocados por la situación económica ha recaído especialmente sobre las mujeres, al ser quienes asumen habitualmente la mayor parte de las cargas familiares.

Resulta enormemente preocupante que el empeoramiento de las condiciones sociales de las mujeres ha provocado un incremento de las situaciones de dependencia económica, que ha agravado los problemas de los delitos vinculados a la violencia de género. Ello ha ido acompañado de dificultades correlativas de las víctimas para romper los lazos con los agresores a causa de dependencias de distinto tipo. Por otro lado, la indefensión de las mujeres en estos casos se ha incrementado ante los recortes de las partidas de prevención de estos delitos y de las referentes a la protección social a víctimas de malos tratos.

En este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde Jueces para la Democracia hacemos un llamamiento a identificar patrones sexistas, para apartarlos de la vida privada y de la vida pública, con la finalidad de acabar con las estructuras patriarcales que siguen provocando discriminación. Reclamamos una democracia en la que estén más presentes los valores del feminismo en su lucha contra la desigualdad. Y seguimos defendiendo con firmeza que se produzcan las transformaciones necesarias que nos conduzcan a la igualdad real.

Este crimen se suma a las numerosas situaciones de impunidad que se viven en Honduras y sobre las que hemos alertado en el pasado, desde nuestra posición de apoyo al fortalecimiento del Estado de Derecho en dicho país. Además, se ha puesto de manifiesto una vez más la responsabilidad del estado hondureño por su falta de voluntad de garantizar la participación ciudadana y de respetar el derecho a la consulta previa e informada de las comunidades donde se pretenden realizar los proyectos mineros, turísticos o hidroeléctricos, lo cual ha comportado la condena del país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, reclamamos al gobierno de Honduras que muestre una actitud de compromiso institucional con los derechos de los pueblos indígenas.

Desde España mostramos nuestro apoyo a nuestra organización hermana Jueces por la Democracia en Honduras y a las organizaciones de derechos humanos del país que se encuentran consternadas ante la brutalidad de este asesinato. Asimismo, pedimos una investigación exhaustiva, eficiente y rápida de este lamentable crimen, sin que sea aceptable ninguna forma de impunidad, así como que se lleven a cabo medidas preventivas de protección de las personas que defienden los derechos humanos en el país. En este sentido, solicitamos que se apliquen las máximas medidas de protección para el activista mexicano Gustavo Castro, testigo presencial del asesinato, que se encuentra refugiado en la embajada de México en Tegucigalpa. Del mismo modo, nos ponemos a disposición de cualquier iniciativa que promueva la protección de los derechos humanos en el país.

El ministro del Interior se sitúa fuera de la Constitución al cuestionar a los jueces. Debemos recordar que vivimos en un Estado de Derecho, con separación de poderes y en el que existe independencia judicial. Ya no estamos en aquellos tiempos en los que los magistrados estaban al servicio del poder político. En una democracia constitucional nadie está por encima de la ley. Y tampoco lo están los políticos. Por ello, los jueces estamos obligados a aplicar el ordenamiento jurídico cuando se detectan indicios de delito en los que pueden estar implicados cargos públicos en relación con las tramas corruptas.

Los jueces en nuestro país actúan de manera independiente e imparcial. Y acuerdan detenciones, registros o intervenciones telefónicas cuando se cumplen los requisitos legales y concurren suficientes indicios de delitos. Además, no es cierto que se haya producido una acumulación injustificada en estos días de casos vinculados a la corrupción. Cualquier ciudadano sabe que ya hace bastante tiempo que existen numerosos procedimientos que afectan a tramas corruptas, con cifras que se aproximan a las 2.000 personas investigadas por estos delitos. Y es lógico que el avance de las investigaciones lleve a nuevas diligencias. Debemos recordar la enorme gravedad de los hechos investigados, en los que se intenta aclarar si determinadas tramas corruptas se han apropiado de elevadas cantidades económicas de toda la sociedad, con la colaboración de cargos políticos. Ante estas situaciones el poder judicial no puede mirar hacia otro lado.

Una sociedad democrática debe facilitar cualquier investigación judicial sobre cuestiones que afectan a las reglas más básicas de convivencia. Sin embargo, al ministro del Interior parece que le moleste el Estado de Derecho. Descalificar la importante labor judicial es una enorme falta de respeto institucional y una grave irresponsabilidad. No resulta admisible que un miembro del Gobierno, que es el máximo responsable de las fuerzas de seguridad, se dedique a erosionar la legitimidad de nuestras instituciones. Por ello, rechazamos con firmeza dichas declaraciones y apoyamos la meritoria actuación independiente de nuestros jueces en defensa del Estado de Derecho.

El inicio de una nueva legislatura es un momento oportuno para reclamar a las fuerzas políticas la responsabilidad institucional necesaria para resolver una de las principales asignaturas pendientes de nuestra democracia. Las legítimas diferencias ideológicas no pueden ser obstáculo para no buscar espacios de encuentro que posibiliten soluciones estructurales a largo plazo. Somos conscientes de que la enorme entidad de los problemas que padece nuestra administración de justicia impide que se puedan acometer grandes cambios en una única legislatura. Por ello, desde Jueces para la Democracia propugnamos un Pacto de Estado que permita asegurar que este necesario proceso de transformación continuará en marcha durante varias legislaturas, gobierne quien gobierne, a través de los correspondientes instrumentos de seguimiento.

Hace falta un nuevo proyecto global, con capacidad de dar respuestas integradoras a las importantes carencias de nuestro sistema judicial. Consideramos que el referido Pacto de Estado debería partir de las siguientes bases:

Inversión pública en Justicia

Las fuerzas políticas deberían asumir el compromiso de aumento progresivo de los presupuestos en materia de Justicia hasta alcanzar la media de la Unión Europea, con inclusión de un plan de inversiones coordinado entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Ello implicaría el incremento del número de jueces y juezas para adaptar la planta a la litigiosidad real, con una creación programada de plazas judiciales que no debería ser inferior a un millar.

También se debería aprobar un plan de infraestructuras que regulara la modernización de los edificios judiciales, para reemplazar las numerosas sedes que no cumplen las condiciones más básicas de salubridad, habitabilidad y seguridad. Debe cuantificarse el gasto público necesario para todas estas transformaciones, así como la graduación previsible, con aportación de memorias económicas detalladas. Por otro lado, se deben  introducir cambios estructurales para una mejora de la justicia gratuita que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Independencia judicial

En la actualidad el Consejo General del Poder Judicial es el elemento más lesivo para la credibilidad de la judicatura y para la confianza de la ciudadanía en su administración de justicia. Los constantes reproches a su parcialidad y a su control por parte del poder político han acabado dañando la imagen de la Justicia en su conjunto y la propia credibilidad de los órganos judiciales Además, resulta necesario un órgano institucional en el que puedan confiar quienes integramos el poder judicial y que garantice de verdad nuestra independencia.

Todo ello implica la necesidad de que el órgano constitucional garante de la  división de poderes recupere las competencias que le fueron arrebatadas en la última reforma, así como que este vuelva a funcionar como un órgano colegiado y con dedicación plena de sus integrantes. Además, Jueces para la Democracia acordó defender un sistema de elección de los vocales judiciales por elección directa de la judicatura y con criterios de proporcionalidad, con la finalidad de impedir las interferencias de los partidos políticos en su designación y en el control posterior de sus actuaciones. Asimismo, también se podrían analizar fórmulas de participación ciudadana en el proceso de designación de los integrantes del CGPJ.

Se debería dotar al CGPJ de competencias en cuestiones referentes a planta judicial y medios materiales. También sería necesaria la creación de una agencia organizada por el CGPJ y dependiente de este, en la que se incluyera a forenses, peritos, inspectores de tributos y laboratorios, para que estuvieran al servicio directo del poder judicial. Y ha de vertebrarse una verdadera policía judicial.

Una nueva estructura de la organización judicial

Con implantación de un sistema de tribunales de instancia que pueda optimizar la actuación judicial, desde el respeto a los principios de independencia e inamovilidad. El nuevo sistema ha de facilitar un mejor reparto del trabajo de quienes integramos el poder judicial, así como una concentración de los recursos existentes que mejore la eficacia de la administración de justicia. Todo ello nos solo sería una mejora para la eficiencia judicial, sino también para la ciudadanía. La nueva organización debe ir acompañada del final de la precarización judicial referente a los jueces/as en expectativa de destino y al uso abusivo de jueces/as de adscripción territorial, con la supresión de dichas figuras.

Estos cambios deben ir acompañados de una revisión de nuestra organización territorial para que se adapte a la actual realidad social, geográfica y económica.

Reformas procesales

A pesar de las numerosas modificaciones parciales que se han realizado en nuestras normas procesales en estos últimos años, muchas de estas leyes no son instrumento adecuado para regular los procedimientos actuales. Debe procederse a una labor sistemática de elaboración de instrumentos procesales, que se puedan adaptar a una sociedad cada vez más compleja y que ha experimentado grandes transformaciones sociales en las últimas décadas. En especial, resulta imprescindible la elaboración de un nuevo Código Procesal Penal, que represente un sistema avanzado de garantías y que incorpore las mejores aportaciones jurisprudenciales en materia de derechos fundamentales que se han realizado en los últimos tiempos.

Desarrollo de la oficina judicial

Debe aprobarse un plan estatal de desarrollo de la oficina judicial. La organización interna de los órganos judiciales habría de adaptarse a las realidades de nuestros procesos y responder a principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones. Los servicios comunes y los servicios de apoyo directo deben contar con recursos suficientes. Las relaciones de puestos de trabajo han de ser ajustadas a las necesidades reales y estar dotadas de medios materiales.

Además, debe disponerse de instrumentos de control suficientes por parte del cuerpo de Letrado de la Administración de Justicia. Todo ello habrá de completarse con un marco de protocolos de actuación y con programas de formación de todas las partes implicadas en la administración de justicia.

Introducción de nuevas tecnologías en los órganos judiciales

A través de una planificación adecuada para la modernización y digitalización de los juzgados y tribunales. El objetivo ha de centrarse en agilizar los procedimientos, mejorar el funcionamiento interno de los órganos judiciales y abaratar los costes de comunicaciones y notificaciones. Las medidas de introducción de nuevas tecnologías no pueden ser precipitadas, como ha sucedido hasta ahora, sino que deben obedecer a proyectos sólidos, con el concurso de todas las administraciones afectadas, el Ministerio de Justicia, el CGPJ y las comunidades autónomas.

Antes de llevarse a la práctica estas medidas han de contar con las inversiones oportunas y con los recursos técnicos suficientes. Habrán de ser aplicadas de manera que no lesionen los derechos de las partes ni entorpezcan la labor de los profesionales de la Justicia. Además, no pueden llevarse a la práctica sin una formación adecuada previa de los operadores jurídicos, entre ellos los jueces y las jueces. Hay que acabar con la dispersión territorial en materia de aplicaciones informáticas que hoy son incompatibles.

Condiciones profesionales

Deben acometerse todas las reformas legales y reglamentarias necesarias para asegurar unas condiciones profesionales iguales, adecuadas y coherentes con los principios de independencia e inamovilidad judicial. Además, deben cumplirse las disposiciones vigentes en la Ley de retribuciones. Es urgente acometer una verdadera coordinación de actividades entre las CCAA, Ministerio de Justicia y CGPJ que proteja la salud de los miembros de la carrera judicial y también  fijar ya una carga de trabajo judicial razonable en cumplimiento de lo previsto en el I Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la carrera judicial, por razones de salud judicial, que también es Justicia.

Servicio público de calidad

Las condiciones profesionales para que pueda ejercerse el poder judicial deben ser complementadas con un servicio público de calidad a los ciudadanos y ciudadanas. Hace falta una regulación más amplia de los derechos de los usuarios de la Justicia, que responda a los principios de transparencia, información y atención adecuada. Además, resulta necesario reforzar nuestro precario sistema de Justicia Gratuita para garantizar que nadie quede excluido del acceso a juzgados y tribunales, con privación del derecho a la tutela judicial efectiva, por no contar con medios suficientes para litigar. Del mismo modo, deben acometerse iniciativas concretas para garantizar la efectiva implantación del Estatuto de la Víctima del Delito, que prevé  una serie de derechos a los afectados que solo cobraría virtualidad práctica si se dotan los medios y se llevan a cabo políticas activas que aseguren su aplicación. Y ha de asegurarse que los procedimientos se tramiten en plazos razonables.

9.- Medidas contra la exclusión social

Resulta necesario regular en el ámbito del derecho privado toda una serie de medidas contra la exclusión social. Consideramos necesario que se promulgue una verdadera ley de segunda oportunidad, que se configure el derecho a la vivienda como un verdadero derecho subjetivo y que se apruebe una ley de inembargabilidad.

Sin embargo, se ha constatado que lo único que va a empezar a practicarse el 1 de enero de 2016 es la presentación de documentos al juzgado de forma telemática. Como no se han creado los instrumentos técnicos para la creación de un expediente electrónico judicial, los citados documentos van a tener que imprimirse en los órganos judiciales tras su entrada en los mismos, con lo cual el papel va a seguir en los juzgados. Y ello porque el proceso de modernización, tras ser anunciado a bombo y platillo por el ministro Catalá, ha estado marcado por la improvisación, la descoordinación y la precipitación con fines electorales. No ha existido una actuación rigurosa, planificada con las distintas administraciones implicadas, ni con los operadores jurídicos afectados, entre ellos las juezas y los jueces. Tampoco se ha contado con los instrumentos técnicos adecuados para una iniciativa de esta relevancia.

El resultado nos muestra que el objetivo denominado “papel cero” era un mero anuncio propagandístico, para intentar paliar a última hora la deficiente gestión en materia de Justicia de esta legislatura. No obstante, la realidad es que este apresuramiento preelectoral lo que puede provocar son disfunciones en los juzgados y tribunales por la falta de herramientas para poner en marcha el proceso de digitalización, así como importantes problemas de armonización entre distintos órganos judiciales. Tampoco se han previsto programas de formación suficientes para hacer posible el cambio de sistema,  lo cual provocará problemas de gestión que perjudicarán a la ciudadanía.

Desde Jueces para la Democracia lamentamos que una transformación que podía ser ilusionante en el ámbito judicial, por las perspectivas de mejora del servicio público, se haya vuelto a convertir en una situación de incertidumbre por su uso electoralista, su descoordinación y la insuficiencia de medios técnicos para su implantación. Reclamamos a los responsables ministeriales una mayor responsabilidad en sus actuaciones. Y les recordamos que la administración de justicia merece una gestión más rigurosa, como institución donde se adoptan decisiones especialmente relevantes sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Además, la mejora de la actuación judicial contra la violencia de género a tenor de lo dispuesto tanto en la Ley Orgánica 1/ 2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, como en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sufrida por las mujeres y la violencia doméstica, implica la formación específica de los profesionales que conocen de esta materia. Y también la recogida y análisis de datos detallados, a intervalos regulares, sobre los asuntos relativos a los ilícitos penales constitutivos de violencia de género, así como y la dotación de recursos financieros y humanos adecuados para los servicios e instituciones que intervienen en la prevención, investigación y enjuiciamiento de estos delitos.

Las recientes modificaciones legislativas, sustantivas y procesales, relacionadas con esta materia hacen preciso un nuevo esfuerzo en la formación de quienes intervienen en la prevención, investigación, enjuiciamiento y ejecución de las resoluciones sobre violencia de género; debiendo atender a esta necesidad las distintas instituciones obligadas a ello y en concreto el Consejo General del Poder Judicial en cuanto se refiere a la formación de los miembros de la carrera judicial que desempeñan la función jurisdiccional en este ámbito.

El conocimiento de los datos concretos, en especial sobre la forma en que ha funcionado el sistema judicial en los hechos constitutivos de ilícitos penales de violencia de género y las posibles deficiencias observadas, son de gran utilidad no sólo para un mejor conocimiento de las circunstancias que en ellos concurren sino también para saber cuáles son las mejoras que pueden introducirse en la prevención, investigación, enjuiciamiento y ejecución de resoluciones dictadas en los procedimientos sobre estos delitos.

Por lo expuesto resulta necesario que desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el Consejo General del Poder Judicial facilite los informes que contengan un análisis de estos datos, en concreto del funcionamiento del sistema judicial (medidas cautelares, medios personales, elementos técnicos, aplicación normativa y jurisprudencial, etc.) y lo haga en un periodo de tiempo razonable, ya que el último “Informe sobre víctimas mortales de la Violencia de Género y de la Violencia Doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja” se refiere a sentencias dictadas en 2013 y en un periodo de tiempo menos dilatado resultara de una mayor utilidad para lograr una adecuada efectividad del sistema judicial y una mejora en su funcionamiento. Consideramos que los bienes jurídicos lesionados en estos delitos, tales como la libertad, dignidad de las personas, derecho a la no discriminación, integridad física y psíquica e incluso el derecho a la vida, bien merecen este trabajo que propicie la tutela judicial efectiva de las mujeres que sufren estos delitos.

Desde la comisión de violencia de género de Jueces para la Democracia una vez más se reitera que la aplicación y efectividad de la Ley 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género está relacionada con la disponibilidad presupuestaria imprescindible para que las mujeres que sufren estos delitos puedan ejercitar sus derechos sin pérdida de la seguridad y de la cobertura de las necesidades básicas para ellas y, en su caso, para sus hijos e hijas. Asimismo la dotación adecuada de recursos y medios humanos en los servicios de prevención, atención, investigación, enjuiciamiento y ejecución de resoluciones, está directamente relacionada con la eficacia de la ley y por tanto con una necesaria disminución de los delitos de esta naturaleza. Por ello serán también los medios económicos destinados a este fin los que determinaran, de forma relevante, si el compromiso de los poderes públicos e instituciones está dotado de la veracidad, responsabilidad y seriedad que les son exigibles en su actuación frente a estos delitos.

Ante los recientes atentados en París que han costado la vida al menos a 129 personas, entre ellas cuatro españolas, desde Jueces para la Democracia queremos mostrar nuestro más absoluto rechazo a la brutalidad terrorista. También expresamos nuestro apoyo, solidaridad y condolencias a la sociedad francesa y a los familiares de las personas fallecidas. Y deseamos la mejor recuperación para las numerosas personas heridas.

Recordamos que el Estado de Derecho es el instrumento más apropiado para actuar contra el terrorismo. Ante situaciones de enorme complejidad como las que representan ataques terroristas especialmente trágicos, resulta imprescindible reforzar los valores democráticos, sin ceder a determinadas tentaciones institucionales de limitar las libertades con el pretexto de mejorar la seguridad. Los intentos de desestabilización del fanatismo totalitario no pueden tener nunca como consecuencia alterar los principios de nuestra democracia constitucional.

Desde Jueces para la Democracia alertamos de los riesgos que se pueden generar en estas situaciones para la convivencia en sociedades cada vez más multiculturales. Por ello, nos oponemos abiertamente a cualquier forma de islamofobia y pedimos a la ciudadanía que sepa distinguir entre la comunidad musulmana y las actuaciones del yihadismo más irracional. También sería necesario reflexionar sobre el papel de las sociedades occidentales en los conflictos bélicos que están desgarrando el mundo islámico.

Sin duda, nuestras estructuras jurídicas, institucionales y democráticas pueden ser mejorables en bastantes aspectos. Pero también representan reglas muy avanzadas de convivencia ciudadana. No podemos consentir que las acciones terroristas provoquen directa o indirectamente una vuelta atrás en los valores más valiosos de nuestra civilización.  A pesar del dolor causado por la crueldad de estos asesinatos, el Estado de Derecho siempre prevalecerá si somos capaces de mantener sus principios esenciales.

Tras el golpe de Estado que tuvo lugar en Honduras en 2009, fueron expulsados de la judicatura por defender la democracia y el orden constitucional la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los jueces Adán Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios Maldonado y Luis Alonso Chévez de la Rocha, todos ellos integrantes de nuestra organización hermana hondureña Jueces por la Democracia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de hacer pública la sentencia sobre este caso y condena al Estado de Honduras a reincorporar a quienes fueron apartados de la judicatura a cargos similares a los que desempeñaban, con la misma remuneración, beneficios sociales y rangos equiparables, así como al pago de una indemnización por los daños sufridos y al reintegro de las costas y los gastos generados. Asimismo la sentencia indica que, en el caso de que no fuera posible la reincorporación, se les deberá abonar la cantidad establecida en la resolución.

Desde Jueces para la Democracia consideramos muy positiva esta sentencia, la cual califica como ilícito internacional el golpe de estado que se perpetró en Honduras en 2009 y expresa que los jueces sancionados actuaron a favor del Estado de Derecho y del sistema democrático. Y también indica que sus actuaciones no se correspondían únicamente con el ejercicio de un derecho sino con el cumplimiento del deber de defender la democracia. La Corte Interamericana valora que la destitución arbitraria de jueces constituye un atentado contra la independencia judicial. Del mismo modo, argumenta que en momentos de graves crisis democráticas no son aplicables las normas que ordinariamente restringen el derecho de juezas y jueces a la participación en actividades políticas, cuando se trata de actuaciones en defensa del orden democrático. Además, la resolución señala que el procedimiento de destitución se llevó adelante sin garantías adecuadas de competencia, independencia e imparcialidad.

Confiamos en que las autoridades hondureñas cumplirán y ejecutarán esta sentencia en sus propios términos, de acuerdo con sus obligaciones internacionales. Sería una muestra de que el país se dirige a un proceso de normalización institucional de su democracia y de su Estado de Derecho.

Queremos reiterar una vez más nuestro afecto y nuestro más firme apoyo a nuestra compañera y nuestros compañeros injustamente represaliados, así como a la asociación Jueces para la Democracia de Honduras, la cual se opuso abiertamente al golpe de 2009 y sigue defendiendo el Estado de Derecho, la independencia judicial y la separación de poderes en circunstancias muy difíciles. Valoramos que la sentencia de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos representa un respaldo especialmente importante para las juezas y jueces que siguen apostando por vertebrar en Honduras un sistema de derechos y libertades en una verdadera democracia constitucional.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado recientemente, en relación con la citación a declarar como querellados de varios miembros del gobierno catalán, que el tribunal había optado por aplazar dicha decisión en función del calendario electoral. Dichas manifestaciones han sido vertidas con la apariencia de que el citado ministro tiene capacidad de decisión sobre las resoluciones judiciales y sobre las razones de las mismas. Y de que los tribunales siguen la estrategia del Gobierno o del partido que lo sustenta. Como no es la primera vez que el ministro de Justicia indica lo que hacen o deben hacer los órganos judiciales, debemos recordarle que vivimos en un Estado de Derecho con separación de poderes. Y que el tribunal que instruye la citada causa actúa de forma independiente y adopta sus decisiones al margen de cualquier expectativa política. Por ello, reclamamos al ministro de Justicia que se abstenga en el futuro de realizar afirmaciones que representen interferencias partidistas en la independencia de la judicatura y erosionen la credibilidad de la ciudadanía en nuestro sistema judicial.

Por otro lado, se han publicado informaciones, que no han sido desmentidas, en el sentido de que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se ha interesado directamente por este asunto ante el presidente del Tribunal  Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, para reclamarle mayor rapidez en la instrucción de dicha causa. Dichas presiones serían impropias de quien preside el órgano constitucional que ha de garantizar la independencia judicial. Por ello, solicitamos que se aclare la veracidad de estos hechos, que se sumarían a otras actuaciones de Lesmes favorables al Gobierno al que debe su cargo.

Debemos recordar que el presidente del referido Tribunal Superior de Justicia va a agotar pronto su mandato, por lo que sería muy censurable que se produjeran maniobras para evitar su continuidad en el cargo en el caso de que el tribunal no se plegara a determinados intereses partidistas. Sobre estas situaciones tenemos un precedente muy cercano, como lo fue la reciente decisión de no renovar como presidente de la sala 3ª del Tribunal Supremo a José Manuel Sieira, un magistrado independiente que había adoptado decisiones que no fueron del agrado del Gobierno. En dicha actuación desempeñó un papel decisivo el propio Carlos Lesmes. Precisamente por estos hechos dos asociaciones judiciales y una organización defensora de los derechos humanos presentamos una queja ante la Relatora Especial sobre Independencia Judicial de la ONU.

Desde Jueces para la Democracia exigimos respeto hacia el juez instructor que está actuando en el citado procedimiento en el que están imputados varios miembros del gobierno catalán y reiteramos que el tribunal va a actuar con criterios estrictamente jurídicos. Desgraciadamente las interferencias políticas en este asunto comenzaron desde el principio, al presentarse una querella por parte de la Fiscalía General del Estado tras unas indisimuladas presiones públicas desde el ámbito político, con dirigentes que se expresaron como si el ministerio publico fuese a actuar a su dictado.

A pesar de ello, la realidad es que el órgano judicial competente está investigando los hechos denunciados y que resulta inadmisible cualquier presión hacia sus actuaciones. En consecuencia, pedimos una mayor responsabilidad institucional, así como recordamos que la separación de poderes es un principio básico de una sociedad democrática. Y también instamos al Gobierno y al CGPJ a que no reiteren sus constantes intentos de instrumentalización partidista de nuestros órganos judiciales.

En estos días en que las instituciones de la Unión Europea parecen reaccionar, por fin, ante la exigencia de la ciudadanía, a la crisis humanitaria derivada de las migraciones desde países en conflicto, consideramos que es el momento de denunciar la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y contribuir a plantear alternativas.

En los CIE se encuentran privadas de libertad, sin haber cometido delito alguno, personas en situación administrativa irregular según la Ley de Extranjería, incluidas las solicitantes de asilo o protección que no han sido identificadas a su llegada. Cuando la autoridad gubernativa decide su expulsión, si no puede llevarse a cabo en el plazo de 72 horas, solicita autorización del Juzgado de guardia para su internamiento cautelar.

Según la Ley, en el CIE solo se limita su libertad ambulatoria, no los demás derechos, y se trata de establecimientos públicos de carácter no penitenciario. Sin embargo, la realidad es que las personas internas se ven privadas de muchos más derechos y libertades: la protección de su salud física y mental, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa,  a la información comprensible sobre su situación, a la intimidad, o a la privacidad de las comunicaciones.

En los CIE se incumple el Reglamento de funcionamiento y régimen interior aprobado por el RD 162/2014 cuando se carece de servicio de orientación jurídica, servicios sociales, personal médico de la Administración, intérpretes, gestión civil del centro; y se incumplen resoluciones judiciales cuando se llama a las personas por un número, se les priva de sus teléfonos, incluso de papel y bolígrafo, o son expulsadas de modo sorpresivo. 

Esta realidad aún es una gran desconocida para la opinión pública. Ello  guarda relación directa con el hecho de que los poderes públicos han mantenido un discurso deshumanizador de las personas inmigrantes, han transmitido que eran una amenaza, han desarrollado políticas basadas en la seguridad y el miedo, y han amparado la desprotección de los derechos humanos, e incluso la violencia dentro y fuera de las fronteras, permitiendo espacios de negación del Estado de Derecho.

También deben darse a conocer los datos del Ministerio del Interior que revelan el alto porcentaje de personas internadas en tales condiciones que no llegan a ser expulsadas: en 2014, se internó en CIE a un total de 7340 personas y se expulsó a 3483: un 47,45%. Se detiene sin perspectivas razonables de eficacia de la expulsión y sin información suficiente sobre sus circunstancias y las del país de origen, incumpliendo la  Circular 6/2014 de la propia Dirección General de la Policía.

Una democracia avanzada no puede soportar estas anomalías sin plantearse alternativas más respetuosas con los derechos fundamentales. Por ello, proponemos que se inicie un plan para el cierre progresivo de los CIE, pues resulta desproporcionada jurídicamente esta privación de libertad ante supuestos de infracción administrativa. En estos casos resultan más ajustadas otras medidas cautelares que no supongan el internamiento y que mantengan la libertad de la persona afectada. Además, se debería valorar la implantación de una red de pisos tutelados con las suficientes garantías de localización, con una persona asignada, con retención de pasaporte en dependencias policiales, con presentaciones periódicas, etc. Todo ello sin someter a migrantes que ya han sufrido todo tipo de adversidades a un mayor desarraigo y a las privaciones derivadas de la reclusión en los CIE.

Para los casos de inmigrantes en situación irregular que hayan cometido delitos con posibilidad de expulsión, el art. 89 del Código penal prevé el mantenimiento en prisión hasta materializarla, bajo control judicial y sin necesidad de internamiento en CIE.

Planteamos este debate con el convencimiento de que la ciudadanía y las instituciones pueden mejorar, junto las condiciones de vida de estos seres humanos, la calidad de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

La crisis que se ha generado con la llegada a los países europeos de miles de refugiados y refugiadas que huyen de la guerra ha puesto a prueba el compromiso con los derechos humanos de nuestras instituciones. Sigue incrementándose el número de personas que están llegando a la Unión Europea en busca de una protección legítima, sin que se hayan adoptado decisiones adecuadas desde una perspectiva jurídica y humana. Y, correlativamente, cada vez son más las personas que han perdido su vida en situaciones dramáticas, entre ellas niñas y niños, mujeres y hombres.

La pasividad y actuación tardía de las instituciones europeas ha contrastado con una respuesta ciudadana concienciada que ha mostrado su solidaridad con las personas que solicitan asilo y su indignación por no haberse impedido numerosas tragedias personales, en unos desplazamientos hasta nuestro continente que conllevan unos riesgos evidentes. En concreto, nuestro Gobierno no ha sabido estar a la altura de las circunstancias para defender una gestión global europea en materia de asilo que diera solución a esta crisis. Al contrario, se ha mostrado muy poco dispuesto a asumir sus obligaciones jurídicas y las medidas propuestas por los organismos internacionales.

Desde Jueces para la Democracia debemos recordar a nuestras instituciones que la protección de las personas refugiadas no es una cuestión de caridad de carácter opcional, sino un asunto referente a la protección de los derechos que tiene contenido obligatorio. Los derechos humanos también deben respetarse en nuestras fronteras. Y, por supuesto, cuando cualquier persona solicita asilo dentro de nuestro país. Los deberes legales del Estado español vienen impuestos por haber ratificado la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el protocolo de Nueva York, por lo que debe respetar el derecho de asilo de las personas que sufren persecución en su país.

En consecuencia, solicitamos un plan europeo global, a partir de los criterios generales de la ONU. Y ello debería complementarse con una planificación interna coordinada por el Gobierno español junto a las restantes instituciones del país, para asegurar una acogida adecuada que cuente con recursos públicos suficientes y también haga operativas las iniciativas ciudadanas de solidaridad. También reclamamos que se establezcan fórmulas efectivas para que las personas refugiadas puedan pedir asilo en las embajadas y organismos diplomáticos más cercanos a sus países, con expedición de visados humanitarios, sin que tengan que poner su vida en peligro con travesías especialmente peligrosas. Dicha medida garantizaría de manera efectiva sus derechos y acabaría con gran parte del tráfico de seres humanos en estas circunstancias.

Deben modificarse las políticas europeas de migración y asilo, en especial el sistema Schengen y los reglamentos de Dublín

Consideramos que deben modificarse las políticas europeas de migración y asilo, en especial el sistema Schengen y los reglamentos de Dublín. Resulta indispensable la suspensión urgente de la disposición del Reglamento III de Dublín que obliga a los solicitantes de asilo a regresar a su lugar de entrada. Y debería avanzarse hacia una actuación europea uniforme, para que todos los estados apliquen los mismos requisitos y procedimiento, pues no es aceptable un marco en el que la disparidad de normas nacionales sigue agravando los problemas. En todo caso, se debería abordar con rigor el origen de todas estas situaciones, a través de la ayuda humanitaria y financiera necesaria a los países afectados por el conflicto bélico, así como con el impulso de la Unión Europea para que se celebren negociaciones de paz bajo la dirección de la ONU.

Desde Jueces para la Democracia nos adherimos públicamente al movimiento de solidaridad que está recorriendo nuestro país y otros estados europeos. Queremos recordar que en España cientos de miles de personas tuvieron en el pasado la condición de personas refugiadas y fueron acogidas en otros lugares, al huir de las consecuencias de la guerra y de la represión. No podemos ser indiferentes ante estas situaciones, ni tampoco ante las vulneraciones de derechos humanos. Están en juego valores básicos de nuestra civilización. Por ello, reclamamos al Gobierno español y a las instituciones europeas que cumplan con sus obligaciones jurídicas. Y que muestren una mayor determinación ante tragedias que afectan de forma muy directa a la dignidad humana.

La Secretaria de Estado de Justicia había convocado a diversas reuniones durante esta semana a las asociaciones judiciales de forma separada, para informarnos sobre las reformas legales en marcha. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente hemos acordado no acudir a dichos encuentros, por entender que pretenden trasladar a la sociedad una disposición al diálogo que es ficticia. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, repite invariablemente su voluntad de alcanzar acuerdos con las asociaciones judiciales, pero la realidad es que solo se nos convoca para informarnos de lo que ya está decidido, sin que en ningún momento se tengan en cuenta las aportaciones que podamos realizar.

Desde el Ministerio de Justicia se ha ignorado reiteradamente nuestra petición de que se convoquen reuniones de forma conjunta y con un orden del día consensuado, en forma de mesa negociadora, que incluya una valoración de nuestras reivindicaciones profesionales y de la situación de la administración de justicia. Sin embargo, se nos cita continuamente a reuniones en las que únicamente se nos cuenta lo que ya es de dominio público y, a continuación, el ministro intenta utilizar nuestra presencia para exhibir públicamente un supuesto talante de consenso que no se corresponde con los hechos reales. Y estas prácticas empiezan a acentuarse en periodo preelectoral. La realidad es que no existe una verdadera voluntad ministerial de realizar un trabajo común para dar soluciones a los graves problemas de nuestro sistema judicial.

Las carencias de nuestros juzgados y tribunales siguen siendo importantísimas. Nuestros órganos judiciales están desbordados: cerca de la mitad trabajan por encima del 150% de las previsiones institucionales y muchos de ellos se encuentran por encima del 200%, sin que se fije una carga máxima de trabajo. Centenares de integrantes de las últimas promociones de la Escuela Judicial se han visto en situación de expectativa de destino, con una inaceptable situación de precariedad, sin un órgano judicial estable en el que ejercer sus funciones. Y continuamos a la cola de la Unión Europea en el número de jueces por habitante. Hay muchos edificios judiciales que no reúnen las condiciones más básicas de salubridad, y las carencias de medios personales y materiales siguen siendo muy preocupantes. Todo ello provoca perjuicios importantes a la ciudadanía y afecta al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

En consecuencia, hay muchas cuestiones sobre las que se podía haber realizado un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones profesionales, si hubiera existido voluntad política de buscar soluciones adecuadas. A pesar de ello, las convocatorias a reuniones solo han tenido como objetivo cubrir las apariencias y simular un diálogo que no existe. No puede sorprender que esta forma de gestión no haya producido avances significativos en beneficio del servicio público que se presta a la sociedad, ni tampoco en la situación de nuestros órganos judiciales. A pesar de ello, seguimos dispuestos a colaborar en el futuro con los responsables de Justicia, siempre y cuando no se nos pretenda instrumentalizar y se produzca una rectificación de sus actuaciones.

Los representantes de Jueces para la Democracia hemos acordado no acudir al acto de apertura del año judicial, para mostrar nuestro desacuerdo con la grave situación de la administración de justicia. Entendemos que es necesario explicar a la sociedad la creciente degradación que provoca en nuestros juzgados y tribunales la falta de inversión en Justicia, en una situación marcada por la insuficiencia de medios materiales y personales. Y debemos recordar que nos encontramos a la cola de los países europeos en el porcentaje de jueces por habitante.

Los tiempos de respuesta en los procesos siguen sin reducirse. Y esta actuación insuficiente resulta especialmente llamativa en los asuntos de corrupción, ante la carencia de medios, lo cual está provocando la desconfianza de la ciudadanía hacia nuestro sistema judicial. Nuestros órganos judiciales están desbordados: cerca de la mitad trabajan por encima del 150% de las previsiones institucionales y muchos de ellos se encuentran por encima del 200%, sin que se fije una carga máxima de trabajo. A pesar de esta preocupante situación, solo se han creado cuatro juzgados en toda la legislatura. Y se han aplicado recortes que han reducido unos presupuestos de Justicia que ya eran insuficientes. Todo ello ha provocado la insólita situación de centenares de jueces en expectativa de destino, recién incorporados a la carrera, y en una situación de precariedad incompatible con el principio de inamovilidad judicial, al no contar con un órgano judicial estable donde ejercer sus funciones.

Desde el poder ejecutivo no se ha mostrado la voluntad política necesaria para profundizar en la necesaria implantación de la nueva oficina judicial. Además, hay numerosos edificios judiciales que no cumplen las condiciones más básicas de salubridad, habitabilidad y seguridad. Y tampoco se han querido abordar las reformas estructurales necesarias para modernizar nuestra administración de justicia. Toda la actuación ministerial se centra en continuas promesas de informatización y de supresión del papel que se produciría en un tiempo futuro, precisamente cuando ya habrá acabado la legislatura, sin que se entienda por qué no se han implantado esas transformaciones durante estos cuatro años de mayoría absoluta. El ministro Catalá sigue asegurando que la Justicia funciona espléndidamente, porque vive en su propia realidad paralela y se niega a aceptar lo que piensan todos los operadores jurídicos y los distintos sectores de la administración de justicia.

Por otro lado, se han cumplido todos los pronósticos de instrumentalización política del máximo órgano de gobierno de la judicatura. El Consejo General del Poder Judicial ha actuado con una mayoría afín a los intereses del Gobierno y ha sido incapaz de denunciar la creciente degradación de nuestra administración de justicia. Al contrario, el órgano constitucional garante de la separación de poderes se ha distinguido por realizar informes de complacencia con el poder político y no ha apoyado la independencia judicial en situaciones en las que su intervención era necesaria.

En conjunto, se trata de una legislatura perdida, en la que la ciudadanía ha visto empeorar la situación del sistema judicial. No se ha producido ninguna mejora significativa que haya redundado en beneficio del servicio público que se presta a la sociedad, ni tampoco en la situación de nuestros órganos judiciales. Tampoco se ha sabido aprovechar la mayoría parlamentaria para buscar un Pacto de Estado con vocación de futuro. Probablemente esta ha sido la peor legislatura en toda la historia de nuestra democracia en el ámbito de la Justicia. Hacemos un llamamiento a los poderes públicos y a las fuerzas políticas para que se sensibilicen sobre la importancia de nuestros juzgados y tribunales para un adecuado funcionamiento de nuestro Estado de Derecho.

Estamos asistiendo desde hace mucho tiempo a constantes denuncias desde determinadas instancias sobre la aplicación de la reforma laboral del 2012 por parte de los jueces de lo social. Y se trata de organizaciones muy poderosas. Desde concretas declaraciones de la Ministra de Empleo y Seguridad Social hace un par de años (“temo más a los jueces que a los hombres de negro”), hasta informes y comunicados de la Comisión Europea, la OCDE, el Banco de España o el FMI. A lo que cabrá sumar múltiples artículos firmados por insignes plumas iuslaboralistas, generalmente vinculadas con grandes despachos que habitualmente defienden intereses empresariales. En esta línea, se vuelve una vez más a pronunciar en estos días la CEOE en su Informe sobre Singularidades socioeconómicas del mercado laboral español, en el que está trabajando con el fin de preparar sus propuestas a los partidos políticos para la próxima campaña electoral. En general, se nos acusa de haber forzado la voluntad del legislador, interpretando la Ley en sentido contrario a ésta, lo que, se afirma, genera inseguridad jurídica.

Desde Jueces para la Democracia queremos manifestar, de entrada, que la denominada reforma laboral del 2012 –y las normas posteriores- adolece, al margen de las concretas políticas que implementa, de una deficiente técnica legislativa. Todos los analistas especializados en Derecho del Trabajo –adscritos a distintas escuelas o ideologías- coinciden en esa constatación: se trata –reiteramos que desde la perspectiva de técnica jurídica- de una normativa llena de lagunas y contradicciones. Por no ir muy lejos en nuestro análisis, cabrá referir que uno de los temas más debatidos en los últimos tiempos, como es la regulación de la ultractividad en el caso de inexistencia de convenio sustitutorio, conllevó la siguiente reflexión: “esta situación va a complicar aún más las relaciones laborales, no tanto por un aumento de la conflictividad y la posible pérdida de los derechos de los trabajadores, que también, sino porque es muy probable que se judicialicen más las relaciones empresas-trabajadores”, tras la constatación de que la medida adoptada por la actual normativa “no es, en general, la regulación que puede encontrarse en la mayoría de países, ya sean europeos o latinoamericanos”. Quién eso afirma no es otro que Jordi García Viña (en su artículo “La pérdida de vigencia del convenio colectivo”, publicado en Relaciones Laborales núm. 11/2013), director del Departamento de Relaciones Laborales de la propia CEOE.

Efectivamente ese análisis se ha acabado cumpliendo. La degradación de las condiciones de trabajo a que se ha visto sometida una grandísima parte de la población desde la implantación de las últimas reformas laborales, con la reducción salarial, el aumento del paro, los recortes de todo tipo, el aumento de la desigualdad, nos enfrentan con una realidad en la que cada vez es más difícil hablar de vidas decentes y, por tanto, de una adecuación al mandato constitucional.

Una alta judicialización

El malestar consiguiente de una parte muy significativa de la población comporta una alta judicialización, sin que la planta de jueces y los medios humanos materiales para el funcionamiento de la justicia se hayan incrementado. Bien al contrario, hemos asistido a reducciones exponenciales de la plantilla y de los medios, conllevando el colapso de nuestra jurisdicción y provocando demoras inasumibles para los justiciables, también alejadas del texto constitucional. Si a ello se suma la antes denunciada mala técnica legislativa, nos encontramos ante un panorama ciertamente desolador. Pero del que, obviamente, no somos los jueces responsables, sino una de sus víctimas: que cada palo aguante su vela.

Pese a ello, una parte muy significativa de la carrera judicial ha hecho un esfuerzo ímprobo –especialmente en los órganos unipersonales- para dar respuesta a lo que los ciudadanos nos reclaman legítimamente. Y en esa tesitura es dónde surgen las denuncias a nuestra labor que antes apuntábamos. Buena parte de dichas críticas se han basado en la acusación de que estamos torciendo la voluntad del legislador, especialmente en el enjuiciamiento de los despidos colectivos, de tal forma que estamos poniendo palos en la rueda en esta materia, haciendo interpretaciones forzadas. Pues bien, habrá que aclarar que esa acusación es totalmente insostenible con los datos en la mano. Así, si acudimos a los datos estadísticos en el CENDOJ (accede aquí a los datos) podrá fácilmente comprobarse cómo los Tribunales Superiores de Justicia han dictado a lo largo de los años 2012 a 2014 un total de 237 sentencia sobre despidos colectivos, de las que se han estimado 107 y 130 han sido desestimadas. Por tanto –con los matices que se quiera- puede afirmarse –estadísticas en mano- que un cincuenta y cinco por ciento de las demandas de despido colectivo en ese ámbito han sido desestimadas.  En cuanto al TS, hasta la fecha ha dictado 79 sentencias, con 11.900 trabajadores afectados, de las cuales se han declarado ajustados a derecho 31; no ajustadas a derecho 9 y nulos 18.

Pero hay algo más: el ámbito de referencia a estos efectos no puede ser únicamente el de los supuestos litigiosos –por tanto, aquellos casos en los que los representantes de los trabajadores consideran que la extinción es ilícita-, sino el total de despidos de dicha índole que se han efectuado. Y aunque, insólitamente, los datos estadísticos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde 2012 no incluyen el parámetro de número de despidos colectivos, sino el de trabajadores afectados, haciendo una proyección puede fácilmente llegar a la conclusión de que apenas el 1,2 por ciento del total de extinciones de dicha índole efectuadas en el período de referencia expuesto han tenido una sentencia en la que se declara la nulidad o su condición de no ajustada a derecho. El resto de despidos o no han sido impugnados o han sido validados jurisprudencialmente. Compárese esas cifras con el número de ERES desestimados por la autoridad laboral en el período anterior a la reforma del 2012.

¿Posición ultraproteccionista?

Reiteramos: apenas el 1,2 por ciento. ¿Son esos datos de los que pueda desprenderse una posición ultraproteccionista de los y las jueces de lo social hacia los trabajadores?.

Quizás la reflexión sobre esas críticas tan reiteradas deba situarse en otros parámetros: la mera presión a los magistrados y magistradas para que se decanten a favor de una de las partes, y no, precisamente, la que menos poder contractual tiene.

Ocurre, sin embargo, que ése es un fenómeno que está apareciendo en otros países europeos. Por ejemplo, en el Reino Unido, dónde desde 2013 se han instaurado tasas para el acceso a la jurisdicción social, lo que ha comportado un descenso significativo del número de asuntos judiciales del orden laboral. O en Francia, donde frecuentemente se denuncia por determinados sectores patronales que la acción de los Proud’ hommes conlleva un freno a la emprenduría.

Tal vez, al fin, lo que se pretende es eliminar cualquier atisbo de control sobre el poder empresarial, bien sea interno –y la reducción de las competencias de la negociación colectiva y de los organismos de representación en el centro de trabajo que ha conllevado la reforma laboral del 2012 es un buen ejemplo de ello-, bien sea externo; por tanto, el marco de control del jueces y tribunales de lo social y la Autoridad laboral. No es nada nuevo: en definitiva, el famoso contrato único –por tanto, que cualquier persona asalariada pueda ver extinguido el contrato de trabajo sin más, con una indemnización mínima- no es otra cosa que la eliminación de cualquier atisbo de análisis judicial.  Y, por otra parte, no deja de ser significativo que, a otra escala, la eliminación de mecanismos de control sobre el poder se esté propiciando también en otras instancias. Sin ir más lejos, el proyecto de Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos.

Frente a todo ello, desde la Comisión de lo Social de Jueces para la Democracia reivindicamos nuestra función, como jueces/as constitucionales y comunitarios, y nuestra obligación de recordar que hay determinados límites que son indisponibles por el legislador de turno, y ello no en base a un uso alternativo del derecho (como se nos reprocha), sino por elemental y obligado  respeto al sistema de fuentes de  nuestro marco jurídico constitucional, comunitario e internacional, y en aplicación de los principios de legalidad y de primacía.

Quienes defienden estas ideas esconden una postura clasista que olvida que el paro masivo y recurrente constituye un efecto normal del funcionamiento del capitalismo, y que la lucha contra la segmentación y fragmentación solo puede venir de medidas que regulen e intervengan en el conjunto del sistema. Para evitar esas disfunciones surgió el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho.

Quizás ese modelo que alguno preconizan sea posible si así lo deciden en forma expresa los ciudadanos. Pero, eso sí, el poder omnímodo y sin límites en la empresa (y de otras instancias, tan o más poderosas) precisa, en todo caso, un elemento necesario previo: el cambio en nuestro modelo constitucional. Y eso debe decidirlo toda la ciudadanía y no organismos que nadie ha votado.

El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI), o como más usualmente es conocido en inglés con el nombre de Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), cuyos orígenes lo podemos encontrar en el año 1990, en febrero de 2013 se materializó con el anuncio de lanzar acciones orientadas para iniciar negociaciones. A pesar de las declaraciones públicas en sentido contrario, estas negociaciones se están llevando a cabo a puerta cerrada y en secreto. El tratado tiene como objetivo declarado “eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea (suprimir aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etc.) y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios”. Todo esto en realidad significa, tal como ha sido denunciado por numerosas organizaciones, regular aspectos relacionados con los estándares técnicos de productos en el mercado, la ausencia de sanciones contra los abusos en aras al “desarrollo sostenible”, la privatización de servicios públicos o la pérdida de confidencialidad de los datos personales.

Pero, desde la perspectiva de la soberanía de los Estados en materia de Justicia, debemos prestar atención en la previsión de creación de un mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (Investor State Dispute Settlement, ISDS, por sus siglas en inglés), mediante el cual las empresas pueden emprender acciones legales contra gobiernos locales, regionales y estatales cuando consideren que una norma emitida por cualquiera de ellos puede restringir o limitar sus ganancias presentes o futuras, o sus intereses comerciales han sido perjudicados. Éste es un tribunal privado, formado por tres abogados designados por firmas internacionales de reconocido prestigio, y cuya decisión no será susceptible de ser impugnada ante ninguna otra instancia jurisdiccional.

Cabría hacer un análisis profundo sobre los problemas que generarán respecto de los derechos laborales básicos, y que fundamentalmente vendrían dados por las desigualdades normativas en materia laboral entre los EEUU y la UE, fruto de culturas jurídicas absolutamente distintas. Esto provoca el denominado dumping social, es decir, el enriquecimiento empresarial a costa del abaratamiento de la mano de obra y la consiguiente desprotección de los derechos de los trabajadores bajo el falso alegato de ser más competitivos en el mercado exterior. El establecimiento de un tribunal de estas características y con esa composición, viene a ser un torpedo bajo la línea de flotación del concepto clásico de jurisdicción, entendida ésta como función estatal y como órgano que ejerce un poder reservado al Estado.

Los términos en los que se concibe el ISDS, pueden tener efectos en la actividad de instituciones (o poderes) del Estado, como el legislativo y ejecutivo, puesto que  el momento que se le puede obligar a compensar a las compañías cuando vean restringidas sus ganancias o perjudicados sus intereses comerciales, provoca que las legislaciones nacionales se deban ajustar a este nuevo paradigma. Además, las decisiones de ese tribunal arbitral pueden suponer la vulneración del principio básico de independencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados. Esta situación puede llegar a condicionar la respuesta de los tribunales de justicia a las ganancias o intereses comerciales derivados de las fórmulas de compensación a las compañías inversoras que se pueda prever en el tratado, y en su caso implicar la responsabilidad del Estado por las decisiones de sus tribunales.

Es por ello que Jueces para la Democracia quiere hacer un pronunciamiento contrario a la promulgación de ese tratado en los términos y en la forma que se está negociando, exigiendo una absoluta transparencia de su contenido, una participación efectiva de los ciudadanos en su elaboración, y en todo caso el mantenimiento y protección de la soberanía de los Estados en ámbitos tan sensibles como la independencia del poder judicial.

Jueces para la Democracia expresa su más enérgica repulsa ante el atentado en París contra el semanario Charlie Hebdo que ha costado la vida a doce personas. Queremos mostrar nuestras condolencias a los familiares de las personas fallecidas, desear la pronta recuperación de quienes han resultado heridos/as y manifestar nuestra solidaridad con la sociedad francesa.

Se trata de un ataque de enorme gravedad contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y también contra todo un sistema de derechos y libertades que forma parte de lo mejor de los valores europeos. Sin libertades no puede haber democracia y los terroristas muestran desde el fanatismo su desprecio a estas legítimas conquistas de toda sociedad civilizada.

Ante la complejidad de las situaciones que provocan estos ataques terroristas, desde Jueces para la Democracia valoramos que la mejor respuesta debe ser la más eficaz utilización de los instrumentos del Estado de Derecho, sin que resulten aceptables las tentaciones de actuaciones institucionales en perjuicio de las libertades con el pretexto de mejorar la seguridad. No se puede ceder a las finalidades del terrorismo cuando pretende desestabilizar nuestras sociedades y alterar nuestro sistema de valores. Apelamos a la ciudadanía para que tampoco se deje persuadir por la islamofobia, porque hay que distinguir entre la comunidad musulmana y la actuación del fanatismo intolerante.  Al contrario, una gestión adecuada de la multiculturalidad y una integración de los flujos migratorios será una de las respuestas más efectivas contra quienes siguen empeñados en propagar el odio.

El trágico atentado contra el semanario Charlie Hebdo pretende erosionar los principios esenciales de las sociedades democráticas europeas. No lo conseguirán. Nuestras libertades son el resultado de siglos de pensamiento, de esfuerzos individuales y de luchas colectivas. Nuestra ciudadanía se entristece con razón por la muerte absurda de quienes han sido un ejemplo en el ejercicio de la libertad de expresión, pero no consentirá retrocesos de ningún tipo en nuestro sistema de derechos fundamentales. Frente al fanatismo irracional en el que se basa el terrorismo, desde Jueces para la Democracia seguiremos defendiendo una sociedad estructurada sobre la razón, la democracia, el Derecho y las libertades.

El Congreso de los Diputados ha aprobado el trámite parlamentario de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno. Se trata de una ley que no responde a ninguna necesidad social, en un país en el que la ciudadanía no expresa que la seguridad sea un problema importante, en contraste con la preocupación por la situación económica o la corrupción.

Hay que recordar que la inmensa mayoría de las manifestaciones y actos de protesta en nuestro país se desarrollan de forma pacífica. Además, la ley no va dirigida a mejorar la seguridad, sino más bien a intentar disuadir a los ciudadanos del ejercicio de sus derechos fundamentales ante el riesgo de que puedan ser sancionados con multas desproporcionadas por órganos administrativos vinculados al poder político.

La ley se apoya especialmente en conceptos jurídicos indeterminados, lo cual facilitará un elevado y peligroso margen de actuación policial sobre el ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía. Desde Jueces para la Democracia valoramos con preocupación que en materia de derechos cada vez tenemos menos estado social y más estado policial.

Por otro lado, resulta inquietante constatar que buena parte del origen de la ley se encuentra en la desconfianza del Gobierno hacia la actuación de los tribunales independientes. Resulta evidente que al poder político no le han gustado toda una serie de resoluciones judiciales, como las que han considerado que no existieron infracciones penales en la manifestación del 25-S ante el Congreso, en los escraches pacíficos o en las actuaciones de protesta contra los desahucios. Al pretender regular conductas relacionadas con los derechos fundamentales, el Gobierno pretende convertirse en juez y parte para así poder sancionar protestas contra su propia gestión.

Asimismo, la despenalización de las faltas para convertirlas en infracciones administrativas va a implicar una pérdida de garantías y, además, para interponerse recursos contra las sanciones en el ámbito judicial se tendrán que pagar tasas, lo cual no ocurre en el ámbito penal. Debe remarcarse también el carácter desorbitado de las multas. Por ejemplo, una desobediencia leve a un policía ahora se castiga habitualmente en los tribunales con una multa de entre 100 y 200 euros, en función de la capacidad económica. La nueva ley ha previsto un castigo de hasta 30.000 euros, que será impuesto por la autoridad gubernativa en un procedimiento que no tiene las mismas garantías que ante los tribunales y con menor capacidad de defensa.

Resulta especialmente criticable la legalización de las devoluciones en caliente. Y, en este ámbito, las palabras del ministro del interior invitando a acoger a inmigrantes en sus casas a quienes se oponen a esta regulación, representan una manifiesta falta de respeto a los derechos humanos y una frivolidad impropia de quien ocupa un cargo en el Gobierno. Los poderes públicos deben respetar los derechos de cualquier ser humano que se encuentra en nuestro territorio y garantizar su derecho de defensa y sus posibilidades de pedir refugio, asilo o cualquier otra circunstancia. Y ello se debe practicar a través del procedimiento correspondiente, sin que pueda ser sustituido por una expulsión por la vía de hecho, sin ninguna garantía, que vulnera nuestro ordenamiento jurídico y los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

Aprobado por el Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2014 el anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales lamentan que aspectos fundamentales de la reforma referidos a las carreras judicial y fiscal demuestren, una vez más, el desconocimiento del Ministerio de Justicia sobre la organización y el trabajo ordinario de las Fiscalías y Juzgados. Asimismo,  en una lectura inicial del texto, JPD y la UPF quieren resaltar los siguientes aspectos de la reforma:

1º.   El anteproyecto modifica la inveterada y consolidada denominación de “imputado” en la legislación y práctica forense española por el insólito término “sujeto pasivo”, al que se reconocen los derechos del artículo 118. Parece evidente que el cambio de denominación obedece a fines puramente estéticos tras sucesivas y bochornosas imputaciones de responsables públicos.

2º.   La reforma pretende disminuir las estadísticas sobre el volumen de trabajo de los juzgados al establecer que los atestados policiales sin autor conocido no sean tramitados en sede judicial, pero ello sin regular al mismo tiempo un sistema de registro de tales atestados que deberían estar siempre a disposición de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal. Se torna, pues, imprescindible la creación de una base de datos accesible a los órganos judiciales y fiscales a fin de poder supervisar la actividad policial. Además, resulta cuestionable la concepción en la que se basa dicha regulación, al apartar al Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial de decisiones en materia de responsabilidad penal.

3º.   Una de las novedades estrella del anteproyecto es la limitación de la duración de las investigaciones sumariales o de las diligencias previas. Éste es, sin duda alguna, uno de los puntos más polémicos y peor resueltos, a nuestro entender, por la reforma en ciernes.

JPD y la UPF entienden que el Anteproyecto parte de una premisa falsa pues la duración  de  un  procedimiento  no  depende  de  la  sola voluntad  del  instructor, sino -fundamentalmente- de la complejidad del delito, de los medios puestos a disposición de los juzgados y fiscalías, y de la actuación de todos los órganos al servicio de la Administración de Justicia.

El nuevo proyecto desconoce la realidad diaria de los juzgados y fiscalías al atribuir al Fiscal la función de solicitar la prórroga del plazo de instrucción de diligencias cuya investigación es competencia del juzgado instructor. Con esta medida el pre-legislador parece ignorar de forma sorprendente que no es en absoluto de extrañar que un Fiscal desconozca un determinado procedimiento por no haber intervenido aún en el mismo. En consecuencia, resulta una temeridad que la posible inactividad de un juzgado o el mero trascurso de un plazo pueda significar el fin de una instrucción, naturalmente sin éxito.

Por otro lado, la lucha contra el fenómeno de la corrupción y la compleja criminalidad del siglo XXI requiere indefectiblemente de recursos económicos, precisa de medios personales y materiales pero, por encima de todo, exige un nuevo marco procesal que abandone el arcaico sistema actual y evolucione hacia uno nuevo basado en la autonomía, la especialización y la celeridad.

Más aun, el actual régimen de recursos previsto durante la fase de instrucción y la vigente carga de trabajo de juzgados, tribunales y fiscalías suponen que la limitación del plazo de instrucción no sea una solución adecuada para agilizar, como todos deseamos, los largos plazos de tramitación de los procesos penales en España.

En definitiva, cualquier medida que trate de agilizar el proceso penal es bienvenida, cualquier otra que trate de generar espacios de impunidad es una burla al estado de Derecho, al trabajo de los profesionales de la Justicia y a las víctimas de todo delito.

 4º. La regulación legal que el anteproyecto realiza sobre la intervención de las telecomunicaciones resultaba ya imprescindible, si bien existen determinados aspectos en el texto aprobado que no respetan las debidas garantías, y es que se amplía el catálogo de delitos en cuya investigación el  Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad, pueden acordar la intervención de las telecomunicaciones -no solo para el caso de delitos de terrorismo, como sucedía anteriormente, sino también para delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente u otros delitos que puedan ser considerados de especial gravedad-. Tal previsión legal, de dudosa constitucionalidad, atribuye exorbitantes facultades a responsables políticos, carentes de la debida garantía de imparcialidad, cualidad que, por el contrario, ostentan todos y cada uno de los Jueces de guardia existentes en los partidos judiciales del territorio nacional.

Del mismo modo, la regulación de la posibilidad de que se acuerde la incomunicación de un detenido, durante 24 horas y en determinados supuestos, también genera dudas sobre las garantías que deben asistir a una persona privada de libertad y sobre el alcance de su derecho de defensa.

 5º. El anteproyecto regula un singular mecanismo ante el Ministerio Fiscal, incluso hallándose en trámite un procedimiento ante la autoridad judicial por hechos idénticos; es el denominado Proceso por aceptación de decreto.

Esta previsión legal precisa por nuestra parte una severa crítica en tanto en cuanto introduce un nuevo “procedimiento” que -de facto- puede perturbar la investigación judicial, al tiempo que no contempla la realidad de las fiscalías, y no supone ningún avance o mejora respecto a la eficacia práctica de los denominados “juicios rápidos”; más al contrario, la aceptación del decreto emitido por el Fiscal no conlleva reducción penalógica alguna para el encausado, como sucede en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido.

 6º. Asimismo, la reforma introduce el llamado Procedimiento de decomiso autónomo, en el que la intervención del Fiscal se torna decisiva, cuya regulación resulta confusa y que supone una completa novedad en nuestro ordenamiento para la que no se ha dispuesto medida de refuerzo o especialización alguna en las distintas fiscalías.

7º. Finalmente, el anteproyecto de reforma de la L.E.Crim. asigna a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer de la apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, regulación ésta que entendemos debería ir acompañada de una profunda reflexión sobre la composición y forma de designación de los miembros de estas Salas, en las que se integran magistrados propuestos por los parlamentos autonómicos, así como sobre la posible ausencia en las mismas de especialistas en Derecho Penal.

Jueces para la Democracia ha tenido acceso al informe de la Inspección del CGPJ sobre órganos judiciales que sobrepasan el 150% del módulo de carga de trabajo (parte media de la horquilla del módulo aprobado por el propio CGPJ el 24/01/13). Ante los resultados de dicho informe creemos que es preciso hacer una serie de consideraciones y propuestas de interés para la ciudadanía, para los operadores jurídicos y para los integrantes de la carrera judicial.

El informe revela que el 43,53 % de los órganos judiciales superan el indicador del 150% de carga de trabajo, estando particularmente afectados los siguientes tipos de órganos, que superan dicho indicador en un porcentaje sobre el total de: Juzgados de lo social sin ejecuciones: 97,83 %; con ejecuciones (62,37%) Juzgados de primera instancia: 96,95% Juzgados de lo mercantil: 93,75 % Juzgados de familia: 53,40% Audiencias Provinciales Penales: 52,22% Juzgados Primera instancia e Instrucción: 45,03%.

Estas conclusiones vienen avaladas por informes ajenos al CGPJ; como el recientemente elaborado por Jueces para la Democracia, que muestra que la situación de riesgos psico-sociales en el seno de la carrera judicial es alarmante debido, en su mayor parte, al incremento del estrés derivado del exceso de trabajo: así  el riesgo derivado del volumen de trabajo en relación con el tiempo disponible es el riesgo psico-social más elevado y lo sufren un 92,66 % de los encuestados.

La primera conclusión que se ha de extraer de tales datos es que la justicia cercana al ciudadano en sus facetas de trabajador/a, pequeño/a empresario/a, miembro de  una familia, o víctima de delitos está absolutamente desbordada.

La razón de ello, entre otras causas, hay que achacarla la política judicial errática  de los sucesivos Ministerios de Justicia que nos sitúa como país de Europa que tiene una media de jueces/habitante 10 puntos por debajo de la media europea.

El Ministerio de Alberto Ruiz Gallardón no ha sido una excepción, ha congelado las plazas de oposición y acceso por cuarto turno, cubriendo sólo las vacantes que se producen (muertes, jubilaciones, etc.), sin incrementar nada la dotación de personal, mientras los asuntos ingresados no han parado de crecer, entre otras consecuencias, por la crisis económica

La segunda conclusión es que los jueces/as, magistrados/as, fiscales, y funcionarios que nutren el servicio público de justicia llevan 5 años con una sobrecarga de trabajo insufrible, que aumenta, como es lógico, la posibilidad de errores, en temas tan sensibles como la justicia penal, social o de familia y que, además, redunda en un descenso de la calidad del servicio que se presta al ciudadano/a, derivado del aumento de las esperas para la resolución de sus conflictos y la satisfacción de sus derechos.

La tercera conclusión, paradójica con las dos anteriores,  pasa por las preocupantes tasas de precariedad en la Carrera judicial: el Ministerio de Justicia suprimió 1200 sustitutos y ahora 395 jueces de nuevo ingreso están sin plaza, lo que afecta doblemente a la garantía de inamovilidad y a la calidad del servicio que se presta, además de a su derecho a conciliar la vida familiar y laboral. Por otro lado, las sustituciones internas entre Jueces/as ha comportado, como era previsible, una demora en señalamientos de cuestiones tan sensibles como despidos, divorcios, juicios penales, etc.

Ante estas realidades, que entendemos resultan incontestables, al venir avaladas por estudios procedentes de diversas instituciones, Jueces para la Democracia entiende urgente la adopción por el nuevo equipo del Ministerio de Justicia de las siguientes medidas:

Creación de 815 plazas en un horizonte temporal de 5 años, es decir 165 plazas nuevas por año. Entendemos que tal es el número razonable pues si 1695 órganos judiciales están trabajando por encima del 150%; cuanto menos habrá que crear una plaza por cada tres órganos, supliendo la tercera mediante mecanismos de refuerzo o provisión interna. Ello comporta un total de 565 plazas, a las que habría que añadir 250 plazas, contando 50 por año para cubrir las vacantes que de media se producen en la carrera judicial anualmente.

Por parte del Consejo General del Poder Judicial es urgente que se proceda a adoptar las siguientes medidas:

1)      Evaluación de riesgos psicosociales

2)      Fijación de una carga máxima a efectos de salud laboral: la justicia no puede seguir funcionando a costa de la salud de los que la sirven. Ello redunda en detrimento del servicio y es impropio de una democracia avanzada. Es urgente que el CGPJ fije a efectos de salud laboral un máximo de asuntos/juez al mes, a fin de que desde el momento en que se superen se activen los mecanismos precisos para reforzar el juzgado y, en cualquier caso, no pueda exigirse al juez rendir por encima de ese máximo, como está ocurriendo, pues ello es un atentado contra la salud e integridad física de los afectados/as.

3)      Adopción de medidas preventivas: prohibición de superar cargas máximas de trabajo a efectos de salud, compensaciones por exceso de jornada, convocatoria de vacantes hasta doblar el número de efectivos; evaluación de personas especialmente sensibles a riesgos psicosociales; realización de un mapa de juzgados que por su carga de trabajo y condiciones evidencien un alto nivel de riesgo psicosocial para quienes los sirvan, protocolos para que las Salas de Gobierno adopten medidas de prevención urgentes ante los casos de sobrecarga  de trabajo detectados.

4)      Información a los posibles afectados de los trámites para que la contingencia de su patología sea declarada profesional y no derivada de enfermedad común.

Conexión de las actuales evaluaciones médicas con los datos de juzgados que se hallen en el mapa de riesgos e información a los afectados de tal situación, adoptando las medidas preventivas pertinentes. 

En cuanto a la carrera judicial, Jueces para la Democracia quiere reactivar la CIP y desde aquí hacemos un llamamiento a  todas las asociaciones judiciales  a fin de que podamos abordar un período de negociaciones con el nuevo equipo del Ministerio y con el CGPJ a fin de terminar de una vez con la lacra social de la justicia lenta que sólo puede interesar a los que gozan de recursos para permitírsela y que perjudica a las clases más desfavorecidas.

El nombramiento de Gallardón generó ciertas expectativas, al tratarse de un político de cierto peso en el Gobierno, a diferencia de otros ministros anteriores. Al encontrarse en un ejecutivo con mayoría absoluta, resultaba evidente que tenía la posibilidad de efectuar la importante transformación que necesita nuestro sistema judicial. Sin embargo, pronto estas expectativas quedaron frustradas, ante la actuación de un ministro que desde el principio mostró escasa sensibilidad hacia los problemas de la Justicia y que se centró más en iniciativas que pensaba que podían generarle protagonismo y proyección personal.

Gallardón no se ha sabido centrar en la modernización de las estructuras judiciales, pero sí que lo ha hecho en el recorte de elementos esenciales del servicio público, como la implantación agresiva de unas tasas que han vulnerado seriamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y que han dejado fuera de la Justicia por razones económicas a amplios sectores de la población. Del mismo modo, de manera innecesaria ha procedido a la privatización del Registro Civil para entregarlo a los registradores mercantiles. Además, ha aplicado recortes de gran intensidad a una administración de justicia que ya contaba con unos recursos manifiestamente insuficientes.

Por otro lado, diseñó un Consejo General del Poder Judicial al servicio del poder político, en clara vulneración del papel de este organismo constitucional como garante de la independencia judicial y de la división de poderes en un Estado de Derecho. Y esta actuación resulta especialmente reprochable en un momento en el que se investigan judicialmente centenares de casos de corrupción.

En materia de libertades impulsó una reforma del Código Penal que opta por criminalizar la protesta ciudadana y por un endurecimiento populista e injustificado de las penas, en el que se incluye una versión de la cadena perpetua de dudosa constitucionalidad. Pero el ataque a los derechos más inaceptable socialmente ha sido su proyecto de Ley del Aborto, que pretendía limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y retroceder en esta materia hasta los tiempos del régimen anterior. Resulta inconcebible que semejante iniciativa haya surgido de un gobierno europeo y desde Jueces para la Democracia celebramos que la presión ciudadana haya conseguido frenarla. El hecho de que Gallardón afirme que dimite por esta cuestión resulta muy significativo de la falta de atención del ministro hacia las necesidades sociales existentes en nuestro país.

Finalmente, esta gestión tan inadecuada se ha visto acompañada de unas formas muy alejadas del interés general. El ministro ha actuado de manera unilateral, a menudo con prepotencia, y ha sido incapaz de buscar consensos amplios para impulsar medidas en beneficio de la mayoría. Al contrario, solo ha conseguido el rechazo de todos los sectores vinculados a la administración de justicia. En definitiva, el ministro Gallardón deja un paisaje judicial arrasado tras tres años de gestión, con operadores jurídicos ampliamente desmotivados, y con un sistema judicial mucho más deteriorado que al inicio de esta etapa. Por todas estas razones, desde Jueces para la Democracia hemos pedido en varias ocasiones su dimisión y ahora valoramos muy positivamente su marcha, con la esperanza de que se abra una nueva etapa en el ámbito de la Justicia.