El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, recibía esta semana la carta en la que Theresa May invocaba el artículo 50 del Tratado de Lisboa; o, por decirlo de otra manera, el miércoles 29 de marzo Europa recibía la demanda de divorcio formulada por el Reino Unido, un divorcio anunciado en un matrimonio en el que uno de los contrayentes decidió que esta alianza no merecía una segunda oportunidad.

Ante esta tesitura, una Europa despechada se pregunta cuándo se acabó el amor, aunque posiblemente la pregunta deba ser otra: ¿Realmente alguna vez hubo amor?. Para contestar a esta cuestión no podemos sino remontarnos al inicio del romance, aquel que empezó en 1973 después de un preludio ciertamente tortuoso, pero la falta de confianza de los británicos se puso de manifiesto pronto; mientras Europa soñaba una relación de fidelidad y lealtad, Reino Unido ponía los límites y se resistía al compromiso manteniendo independiencia en aspectos de importante calado como es el caso de dos de los proyectos unificadores más relevantes: El acuerdo Schengen relativo a la eliminación de controles en las fronteras comunes y la implementación de una moneda única, el euro.

Lo cierto es que, independientemente de que la relación entre Reino Unido y Europa no fuese del todo idílica, nació el sueño europeo, ese sueño de unidad, de formar parte de un continente más libre, próspero y solidario, ese sueño de recorrer países sin pasaporte ni visado de trabajo y de sentir vecino a aquel que, aun no hablando el mismo idioma, es de alguna forma compatriota. Y en ese contexto, algunos crecimos creyéndonos de verdad esa Europa, sintiéndonos europeos y obviando que el sueño era más frágil de lo que creíamos.

Por este motivo, cuando esa generación en la que me incluyo escuchamos las consecuencias prácticas del divorcio, lo que de verdad sentimos es la desilusión por el desvanecimiento de lo que creíamos un derecho adquirido. Y es que las consecuencias económicas y legales se suplirán con los tratados bilaterales o multilaterales que garanticen la permanencia de un mercado globalizado que está por encima de la ruptura iniciada, pero, por el contrario, la ilusión frustrada, la decepción de los que nos sentimos “hijos de la nueva Europa” tiene una solución más complicada.

En definitiva, por todos aquellos que creímos que el sueño era real, por los que sentimos que esa bandera llena de estrellas era también la nuestra, por los que todavía confiamos en una Europa inclusiva, hagamos terapia de pareja, revisemos los votos maritales para que esto sea una llamada de atención, una llamada a la reinvención y no la primera piedra de más muros. El divorcio está en marcha, pero afortunadamente en este caso el matrimonio no era sólo cosa de dos.

La euforia inicial desapareció rápidamente para todos aquellos que habían contratado la hipoteca para la adquisición de un local ligado a su actividad económica, y es que tanto la resolución del Tribunal Europeo como la del Alto Tribunal español se fundamentaban en la aplicación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, un texto normativo que deja fuera de su ámbito a todos aquellos que atúan en el marco de una “actividad comercial, empresarial, oficio o profesión”.

Sin embargo, lo cierto es que la situación no es tan clara como parece, la decisición de limitar la protección frente a los abusos bancarios cuando el que los sufre es un profesional o empresario no resulta pacífica para los tribunales españoles, en este sentido, mientras algunos juzgados y audiencias provinciales se han mostrado favorables a priorizar la protección del cliente bancario independientemente de su condición de empresario, el Tribunal Supremo no ha acogido hasta ahora las pretensiones de ningún cliente empresario en el caso de las cláusulas suelo o de devolución de gastos hipotecarios, dejando meridianamente claro que la protección de un pequeño empresario se encuentra bastante lejos de la que se le confiere a la misma persona si comparece en su faceta de consumidor.

En definitiva, la situación puede volverse tan absurda como la que se describe a continuación: pensemos, por ejemplo, en un supuesto en el que un sujeto formaliza un préstamo hipotecario  para comprar su casa de vacaciones el mismo día que formaliza otra operación hipotecaria para adquirir un bajo para su actividad de carpintería; ambas operaciones las formalizan con la misma entidad financiera, atendido por el mismo trabajador, mediando, consecuentemente, la misma información previa y, por supuesto, idéntica capacidad de negociación; pues bien, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, con bastante probabilidad la cláusula suelo de la primera operación sería declarada nula generando, además, el derecho a la devolución de lo cobrado por su aplicación, mientras que el mismo cliente se vería abocado a seguir soportando las consecuencias de la cláusula suelo en la segunda de las operaciones, únicamente por el hecho de destinarse ésta a su actividad empresarial y ello a pesar de que, evidentemente, el cliente dispone de los mismos conocimientos financieros cuando formaliza ambos préstamos hipotecarios.

Pero la situación descrita no es achacable únicamente a la jurisprudencia  del Alto Tribunal, sino al hecho de que ni el legislador comunitario, ni el nacional, hayan dado todavía el paso para ofrecer una modalidad especial de protección al contratante no consumidor. Una protección y defensa de la pequeña empresa que continúa siendo, en general, una asignatura pendiente, una deuda de nuestros legisladores y que esperemos enmenden nuestro tribunales, para reconocer y corresponder a los que, a pesar de operar en un entorno nada favorable y sujetos a un marco normativo poco sensible a sus particularidades, continúan siendo los garantes del empleo de calidad en Europa.