Venezuela: el laberinto de una crisis cuyo destino se decidirá a finales de 2020
El país con el sistema de vida económica y política más inestable de toda América se enfrenta actualmente a un sistema totalitario en todas las dimensiones de la vida nacional, que no puede ser modificado, alterado ni removido por mecanismos políticos, pues se trata de una élite política, civil y militar -el régimen de Nicolás Maduro- que detenta el monopolio del poder sin escrúpulos y sin hacer una política sana.
Sin embargo, el exgobernador, excandidato presidencial y exlíder de la oposición Henrique Capriles -un outsider del radicalismo de la corporación política de Guaidó (controla más de 16.000 millones de dólares en fondos públicos venezolanos cedidos por EE UU)- puede funcionar como una pieza clave en el tablero para reducir las probabilidades de una mayoría parlamentaria absoluta del chavismo en las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre y así minimizar un poco el radicalismo de la oposición para que no quede expuesta ante la comunidad internacional como una oposición belicista o suicida.
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Pero al mismo tiempo, todavía se mantiene con relevancia en el plano político la figura de Juan Guaidó, simbólico presidente interino de Venezuela reconocido por 55 países, como agente de lobby ante Estados Unidos para seguir provocando tensión en el sistema del régimen, lo cual es una estrategia esencial que lo debilitará aun más en la escena internacional hasta lograr que Maduro sea percibido como el jefe de un Estado paria y así implosionar una negociación forzada bajo la coacción de Washington.
El factor político interno de Capriles y el externo de Guaidó podrían conformar un doble flanco con el que se logre exponer más al régimen chavista como un monopolio que debe ser desplazado. No se descarta un posible binomio entre ambos líderes como una estrategia de renovación de la desgastada oposición venezolana.
Los posibles escenarios en Venezuela después del 6 de diciembre
Luego de un ciclo político extenuante que por 21 años ha minado las bases democráticas de una nación históricamente pacífica, republicana y apegada a la cultura del voto, que desterró el autoritarismo hace casi 60 años, el monopolio de la política se ha vuelto un lucrativo negocio, y al mismo tiempo, un cómodo hábitat para la élite político-militar que controla Venezuela como una corporación de intereses y jerarquías donde solo el más apto sobrevive.
Y después de seis años en los que el otrora país más económicamente estable de América del Sur cayó en una de las peores recesiones e hiperinflaciones de la historia moderna, ahora el desenlace apunta a otro juego cerrado entre los dos polos de poder que se disputan el control del Gobierno, uno para mantenerse en él y transformarse en una dinastía (el chavismo) y el otro para abrir paso a la nueva generación política de la democracia liberal (la facción de Guaidó, que busca la transición).
Entonces, en medio de un escenario en el que Venezuela podría convertirse en una verdadera autarquía, es decir, en una economía primitiva y totalmente aislada del resto del mundo globalizado, el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a configurar un tablero donde solo él pueda obtener ventaja, pues la disparidad aritmética y estadística del sistema electoral venezolano está predeterminada para que los flujos de votos tengan un desbalance más concentrado en las zonas más populosas de la capital, Caracas, y del resto del país, donde el régimen tiene mayor control militar, político y social.
¿Qué tan legítimas serán las elecciones de diciembre y cómo agravarían la crisis?
La interrogante necesaria que encaja con este contexto es la siguiente: ¿puede el Gobierno (de facto) de Maduro organizar unas elecciones donde el 60% de la población, como mínimo, podría abstenerse participar? Solo el 46,02% de la población votante participó en las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018, en las que Maduro se adjudicó la reelección tras la inhabilitación de los principales candidatos opositores, la desproporción en la distribución de las máquinas de votación y los cambios súbitos en los colegios electorales hechos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano afín a las redes clientelares de la cúpula de poder de Maduro.
En esos comicios de hace dos años, el 54% de los venezolanos no votó. En los del 6 de diciembre de 2020, ese umbral podría crecer al 60%. ¿Es posible que el régimen de Maduro se haga con su ansiado Parlamento para gobernar el país por decreto y leyes unilaterales con tan solo el 40% de la población? Todo esto tomando en cuenta que el 96% sufre pobreza de ingresos y el 70% vive en la pobreza extrema por la hiperinflación y la precariedad económica que el Gobierno indujo con total conocimiento de causa y efecto desde que Maduro llegó al poder en 2013 para suceder al ex presidente Hugo Chávez. @mundiario
