Venezuela entra en una nueva era económica con la liberalización del precio de la gasolina

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Un usuario paga 20 dólares por surtir su vehículo de gasolina en una estación de servicio en Caracas, la capital venezolana / Reuters.
El país con la inflación más alta (50.000%) y el salario más bajo del mundo ($2 al mes) inicia la primera etapa de dolarización oficial de un segmento de su colapsada economía: el sector energético, a partir del combustible.
Venezuela entra en una nueva era económica con la liberalización del precio de la gasolina

A Venezuela ha llegado otra revolución: la de la energía y la economía fusionadas como dos elementos que van de la mano de forma muy estrecha. Los paradigmas y la cultura de la administración de la energía en función del movimiento de una economía contaminada con hiperinflación, devaluación y un fenómeno de dolarización de facto, han creado una nueva dinámica en la que el nuevo factor que condicionará la evolución de los precios y el sistema de vida en el país en medio de este nuevo nivel de su crisis de larga data, ahora complicada por el impacto económico, social y sanitario de la pandemia de coronavirus, es la gasolina y su ineludible efecto en la cotidianidad de un país acostumbrado a tener un Estado paternalista, omnipresente y radical en su política económica.

El recurso energético que movía a todo un país sin perjudicar los presupuestos o ingresos de la población laboral y económicamente activa del país, ya no será gratuito. Ya no será más un obsequio del Estado. La bancarrota ha llegado por un período de tiempo muy prolongado y la liberalización del precio del combustible es la nueva estrategia con la que el régimen neocomunista de Nicolás Maduro busca captar los ingresos que ha perdido por la presión de las sanciones financieras de Estados Unidos, que intensifica sus esfuerzos para propiciar un cambio político y una transición de poder y de sistema por claros intereses geopolíticos en Venezuela.


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Lo que antes solía ser un servicio que a la otrora ‘todopoderosa’ estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) le costaba 16.000 millones de dólares al año con una renta petrolera que anualmente superaba los $50.000 millones, hoy es incluso más cara que el crudo; la gasolina es el primero de los servicios que ya no son del todo públicos en el país, pues ha entrado en funcionamiento un esquema mixto mediante el cual Maduro y el chavismo han admitido dos realidades que son inocultables: el régimen necesita nuevos ingresos desesperadamente y comienza un proceso lento de aceptación y adopción de la dolarización oficial en el aparato del Estado.

El Gobierno venezolano anunció el pasado sábado, 30 de mayo, la implementación de un nuevo esquema de suministro y venta de gasolina a través del cual se subsidia y a la vez se dolariza un precio que durante años se mantuvo en un simbólico e hiperdevaluado monto en bolívares (la moneda nacional) equivalente a unos irrisorios 0,0005 dólares por litro.

¿Cómo funciona el nuevo esquema de la gasolina?

La primera modalidad mantiene un combustible con precio ajustado, pero todavía subsidiado, en 5.000 bolívares ($0,025) con un racionamiento establecido en el tope máximo de 120 litros por mes para vehículos y 60 litros para motocicletas. Este mecanismo ya no existe como la regalía política que el Estado venezolano y el chavismo practicaron durante 20 años como una suerte de prebenda colectiva mediante la cual mantenían y contenían el descontento social de la población venezolana para no ver mermada su base electoral, al igual que ha hecho con el subsidio extremo a los servicios de electricidad, agua, gas, telefonía e Internet, todos con un funcionamiento actual deficiente e intermitente.

La segunda modalidad establece un subsidio del 100% del combustible diésel y de la gasolina para el transporte público y de carga de todo el país. De esta forma, el Gobierno busca evitar que el aumento del precio de la gasolina impacte en las estructuras de costos y en el sistema de precios en detrimento de la sociedad, pero no previó que el patrón del sector comercial para la actualización de sus precios es el valor del dólar (debido a la hiperinflación y pulverización del bolívar) y el cálculo del costo en adquisición de gasolina a precios internacionales para movilizar sus mercancías.

La tercera modalidad, que es la verdadera estrategia del régimen con esta política energética de alto impacto, es la creación de una red de estaciones de servicio, aproximadamente 200, que suministrarán gasolina a precio internacional con un monto establecido en 0,50 centavos de dólar, lo que totaliza unos 20 dólares en promedio para surtir la capacidad de un vehículo pequeño con depósito de 40 litros. Esto implica que un venezolano que opte por surtirse de gasolina en estas estaciones sin tener que pasar entre 5 y 12 horas en una kilométrica fila, deberá gastar un estimado de entre 40 y 60 dólares semanales en efectivo dependiendo del uso y el consumo que le dé a su automóvil.

¿Es sostenible este nuevo sistema de distribución?

El gobierno (de facto) de Nicolás Maduro da un batacazo a la economía de un país que durante años dilapidó más de 600.000 millones de dólares en riqueza proveniente de la renta petrolera, de los cuales $300.000 millones fueron desviados a oscuras estructuras de corrupción y lavado de dinero, mientras que los otros $300.000 millones más la diferencia que resta en el caudal total de 1 billón de dólares en rentas por exportaciones de crudo que ha generado PDVSA a lo largo de 20 años de historia del chavismo, han sido erosionados en subsidios regresivos a los servicios públicos de Venezuela, así como financiamientos y regalías políticas al régimen comunista de Cuba, aliado y soporte del aparato de inteligencia del para-Estado de Maduro.

El problema radica en que el régimen venezolano ha implementado esta política con la arriesgada decisión de mantener el subsidio a un precio aún insostenible (5.000 bolívares por litro) que podría generar un déficit diario (pérdidas) de 23 millones 300 mil dólares debido a que esos flujos de gasolina no se cobrarán a precio internacional, y a la caída del precio mundial del petróleo a $30 por barril y el de Venezuela a $10 por barril, aunado a la merma en la producción de PDVSA, hoy en bancarrota con una deuda de 60.000 millones de dólares, de 3 millones a 670.000 barriles diarios de crudo.  

¿Cómo se beneficia el Gobierno venezolano con esta medida?

El régimen de Maduro busca captar ingresos en dólares para expandir su liquidez ante la sequía de capitales que le han producido las sanciones de Estados Unidos, que mantienen bloqueados y represados 5.000 millones de dólares del Estado venezolano en bancos corresponsales estadounidenses y europeos, 350 millones de dólares en la Reserva Federal (banco central) de EE UU y 1.000 millones de dólares en oro retenidos por el Banco de Inglaterra.

Con el sistema de distribución de gasolina a precio internacional, para el cual el Gobierno habilitó 200 estaciones de servicio denominadas Premium en todo el país, el Estado venezolano, PDVSA y el régimen de Maduro podrían generar ingresos mensuales de entre 60 y 240 millones de dólares, de los cuales solo emplearían $45 millones para reponer el pago que le realizó a Irán en oro (30.000 onzas equivalentes a 45 millones de dólares) tras el envío de cinco buques procedentes del país persa hacia Venezuela en un nuevo negocio energético y comercial a través del cual el régimen iraní también busca oxígeno financiero por la presión que sufre a causa de las sanciones de EE UU, que también pesan sobre Teherán por sus ambiciones nucleares, militares y presunto apoyo al terrorismo en el Medio Oriente (la región más bélica y peligrosa del planeta).

La pregunta clave es hacia dónde y qué destino les dará el Gobierno venezolano a los 195 millones de dólares restantes en los ingresos mensuales que captará por la venta de gasolina a 50 centavos de dólar.

¿Cómo impactará en la deteriorada economía del país?

Con un nuevo gasto que pesará sobre los mermados ingresos y presupuestos de la actividad económica de la población venezolana, cuyo 20% está insertado en la dinámica de economía cerrada de la dolarización, pero el otro 80% sufre los estragos de la hiperinflación al percibir ingresos solo en bolívares devaluados, los venezolanos que generan ganancias en moneda estadounidense y sostienen sus negocios o actividades comerciales mediante la movilización de mercancías (en ese segmento económico se desempeña el 60% de la población), deberán hacer una inversión de entre 340 y 360 dólares al mes de su presupuesto para abastecer los vehículos con los que distribuyen y venden sus productos a los consumidores.

Esa dinámica tendrá un impacto en las estructuras de costo que podría elevar los precios finales de venta al público entre un 50% y 100% acumulado de inflación por costos unitarios en un período aproximado de uno a dos meses, lo que podría repuntar la inflación general mensual de 30% a 60% y así generar un nuevo ciclo de devaluación y retracción aún más acelerada del poder adquisitivo de la población. 

¿Continuará el monopolio de la reventa de gasolina?

El complejo ciclo de crisis que ha sumido a Venezuela en una espiral de involución en todos los ámbitos de la vida nacional desde que inició en 2013 con la llegada de Maduro al poder, demuestra que, por más controles estatales, militares y policiales que el Gobierno imponga en el país, todo subsidio siempre genera mercados negros, en parte también por el mismo efecto de la crisis que corrompe a los funcionarios de la Policía y la Guardia Nacional venezolana para revender el combustible en divisa estadounidense a precios que superan los 2 dólares por litro.

Por lo tanto, aunque existan estaciones de servicio Premium que surtan gasolina a precio internacional de $0,50 por litro, es probable que las amplias redes de contactos y monopolio de la circulación de dólares en efectivo y combustible dominada por los altos mandos de la Policía y la Fuerza Armada, en especial la Guardia, se mantengan alineadas con una dinámica paralela de venta ilícita de la gasolina a $1 o 2$ el litro para todo aquel usuario que no desee hacer una larga fila, e incluso, para todo venezolano que desee abastecer su vehículo una vez que el millón y medio de barriles de gasolina enviados por Irán comiencen a escasear y a agotarse en un lapso estimado de tres semanas o incluso menos. 

¿Cómo debió haberse aplicado este nuevo esquema?

Una vez que entró en vigencia desde las primeras horas de este lunes el nuevo sistema de precios de la gasolina en Venezuela, comenzaron a surgir las críticas entre el argot de los más reconocidos economistas del país, quienes no tardaron en pronunciarse sobre una medida con la que el gobierno de Maduro busca mantener la política del subsidio como su premisa electoral e ideológica basada en preservar el uso del bolívar, así sea ínfimo, para el pago del combustible con un monto que todavía es simbólico debido a la desbocada inflación de 50.000% que azota al país (5.000 bolívares o $0,025 por litro).

El economista Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, argumenta lo siguiente: “Hubiese sido mejor la gasolina a precio internacional (para todos) y un subsidio a través de un Carnet (llámelo como usted quiera) equivalente a 120 litros mensuales por un vehículo o 60 litros si tiene moto. Un registro voluntario. Una opción entre muchas más transparentes”, publicó en su cuenta de Twitter @aroliveros.

Por su parte, el economista Henkel García, director de la consultora Econométrica, lanzó otra dura crítica: “Por cierto, ese esquema de subsidio no funcionará. La manera correcta de hacerlo es poner toda la gasolina a un mismo precio, y el subsidio darlo de manera directa. Así, según entiendo, lo hizo Irán, pero esa idea no la importaron”, tuiteó a través de su cuenta @HenkelGarcía.

Entonces, todo apunta a que el Estado venezolano apunta hacia la captación de liquidez y efectivo en dólares echando mano de la masa monetaria que se mueve dentro del país (unos 2.500 millones de dólares en efectivo) producto del fenómeno de dolarización de facto de su economía, mientras que, en paralelo, trata de mantener el mismo esquema de subsidio que tenía, pero con un ligero ajuste y la implementación de dispositivos de pago electrónico con el objetivo de darle uso a la depauperada moneda nacional.

Y es que, en realidad, el negocio y el nuevo monopolio del gobierno de Maduro bajo este esquema consiste en la dolarización de un servicio del cual la población de un país en crisis abocado a la actividad comercial como modo de subsistencia y de vida económica, nunca prescindirá.

Sin duda, Venezuela entra a partir de este 1 de junio en una nueva dinámica económica en la cual su sistema socioeconómico tendrá el condicionante y al mismo tiempo agravante del ‘factor gasolina’ en la movilidad, la inflación y la evidente estrategia del régimen de Maduro basada en contener la tensión política-social por el malestar derivado de la crisis mediante el abastecimiento temporal de un recurso que ahora es incluso más valioso y costoso que el mismo petróleo.

La gasolina es el nuevo ‘oro negro’ y también es el marcador de la dinámica interna de una crisis económica que se ha estancado con el autoritarismo de la cúpula de poder del chavismo, que ahora solo tiene un aliado sobre el tablero: Irán, debido a que Estados Unidos ha sacado del juego a sus anteriores piezas clave: China, Rusia e India. El anillo de seguridad externo del régimen se ha reducido a su mínima expresión y ahora el sistema del para-Estado de Maduro busca sobrevivir a la presión de Washington con la captación de capitales aislándose a lo interno a través de la dolarización del combustible, que es el preludio de un inevitable proceso de dolarización oficial de la economía venezolana en un futuro no muy lejano. @mundiario

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