Venezuela: ¿el acuerdo entre Maduro y Guaidó contra el coronavirus asoma una salida a la crisis?

La crisis en Venezuela ya ha pasado de ser un estado de deterioro y desgaste social, económico y político de alto impacto a ser un sistema de vida nacional estancado en un limbo que solo podrá ser desbloqueado por la vía política. Desde 2013, el país sudamericano se halla sumido en una alteración económica que ha inundado todo su sistema laboral, empresarial, bancario, institucional y comercial con dinero artificial emanado de la inflación que inyectan el Gobierno y el Banco Central de Venezuela, aunque en la práctica son lo mismo. La pandemia de coronavirus es solo un agravante de esa espiral de involución, en la que tanto Maduro como Guaidó han omitido muchos caminos para salir de la crisis.

La pobreza de ingresos, la pobreza extrema, la falta de empleo bien remunerado, la devaluación de la moneda y la desigualdad originada por la dolarización de facto son, de lejos, el resultado social de un proyecto político de dominio que el chavismo decidió preservar y expandir a partir del momento en que dejó de percibir altos volúmenes de ingresos por la renta petrolera con la caída de los precios del petróleo en 2014, y así decidió financiar la economía venezolana con bolívares creados de la nada en el BCV sin respaldo en producción e inversión apoyada por reservas y capitalizaciones reales, sólidas y confiables generadas por los masivos flujos de dólares que el ‘oro negro’ proveía.

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Entonces, al actual estado de decrecimiento y reducción del sistema de vida en Venezuela en todas sus dimensiones; social, política, económica, académica, comercial, empresarial e institucional, se le suma una crisis sanitaria que la Covid-19 no ha hecho sino empeorar. Y de hecho, el régimen de Nicolás Maduro, presidente (de facto) del país, ha politizado la pandemia como elemento de su discurso contra los gobiernos vecinos de Colombia y Brasil, que son aliados de Estados Unidos en su política exterior de transición de poder y cambio de sistema en Venezuela debido a la inestabilidad económica focalizada que ha originado la migración venezolana en varios países de América Latina.

El coronavirus cambia el tablero

Lo llamativo del asunto es que, tras un año y cuatro meses de confrontación entre los dos polos de poder que se disputan el control de la administración política, financiera y económica del país; el gobierno de facto de Nicolás Maduro y el llamado ‘gobierno interino’ de Juan Guaidó (reconocido por EE UU y otros 55 países), ha sido un virus, curiosamente, lo que ha alineado a ambas fuerzas políticas en una sola causa: la mitigación y erradicación del coronavirus en Venezuela, donde ya se registran, hasta el 4 de junio, 2.087 casos confirmados, 385 personas recuperadas y 20 muertes por la Covid-19.

Si bien el pulso entre el chavismo y la oposición es un conflicto que data desde el año 1999 con mayor repercusión, tensiones, protestas e intensidad desde 2014, fue a partir del 23 de enero de 2019, cuando Guaidó se autojuramentó como “presidente encargado” de Venezuela invocando los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución (establecen lo siguiente: en caso de ausencia absoluta del jefe de Estado, corresponde al titular del Parlamento -Asamblea Nacional- ocupar de forma temporal la Presidencia de la República y convocar elecciones), que inició una verdadera pugna por el poder acentuada con la conexión que Guaidó estableció al crear una suerte de corporación política configurada como un gobierno simbólico con una plataforma diplomática y financiera amparada en las sanciones de EE UU y sus órdenes ejecutivas en favor del traspaso de activos, empresas y fondos del Estado venezolano controlados por Maduro a la tutela provisional del líder opositor y su equipo.

Pero no ha sido sino hasta el 3 de junio de 2020, casi un año y medio después, que el gobierno de Maduro y el equipo de Guaidó (que busca instaurar un Consejo de Estado para iniciar un proceso de transición política en el país) acordaron un plan conjunto a nivel logístico para mitigar y controlar la expansión del coronavirus en Venezuela.

Se trata de una tregua sin precedentes que ha emparejado a dos élites políticas de distinta ideología, que se desconocen mutuamente, que se autorratifican como legítimos gobiernos de la República y que, además, controlan todos los recursos, grandes capitales, activos, bienes y empresas del Estado, con el objetivo de evitar el estallido de una crisis social mucho más aguda a causa del impacto económico y sanitario de la pandemia que finalmente ponga en riesgo la estabilidad, tanto del chavismo como de la oposición radical de Guaidó, de sus evidentemente cómodas posiciones de poder.

El trasfondo del acuerdo

Ese aparente pacto entre Maduro y Guaidó por la contingencia de la crisis derivada de la cuarentena y el coronavirus ha quedado plasmado en un documento que afirma que "ambas partes proponen trabajar coordinadamente, con el apoyo de la OPS (Organización Panamericana de la Salud, adscrita a la OMS; Organización Mundial de la Salud), en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades del país para hacer frente a la emergencia sanitaria".

Es decir, según ese acuerdo, ambos “gobiernos” podrían hacer gestiones con sus respectivos aliados para captar créditos, donaciones y préstamos en términos especiales con el objetivo de adquirir nuevos lotes de insumos médicos y sanitarios, pues la ayuda humanitaria de China y Rusia (enviadas hace un mes al gobierno de Maduro) no da abasto y no es una acción diplomática recurrente por el golpe de la pandemia también en esos países.

Igualmente, se fijaron unas “líneas de actuación prioritarias”, entre las que destacan “la vigilancia epidemiológica, la atención adecuada y el aislamiento a los casos confirmados de coronavirus, y la protección a los profesionales sanitarios”.

En este punto, ambos bloques plantean el reforzamiento de los protocolos sanitarios con posibles coordinaciones y contactos que lleguen a establecer con epidemiólogos del país y del extranjero.

El texto tiene la firma de Carlos Alvarado, en calidad de ministro de Salud de Maduro; Julio Castro, en calidad de “asesor en temas de salud” de la Asamblea Nacional; y Gerardo de Cosio, representante de la OPS en Venezuela. El equipo de MUNDIARIO tuvo acceso a un borrador del documento.

¿Una crisis de salud politizada?

Ambos médicos fungen como los representantes del sistema de control de salud pública del país, a diferencia de que Alvarado (ministro de Salud de Maduro) cuenta con la infraestructura financiera y logística que le da el control de Maduro sobre el Estado por la vía militar, mientras que el infectólogo Castro es solo un asesor perfilado como posible ministro de Salud en un hipotético Gobierno de transición instalado por Guaidó, que es su principal objetivo como líder del sector radical de la oposición venezolana.

El detalle está en que ese acuerdo, titulado “Colaboración entre el ministerio del Poder Popular para la Salud y el Equipo Asesor de la Asamblea Nacional”, es un factor político clave que demuestra el reconocimiento implícito de una parte hacia la otra.

Al haber firmado ese documento el representante sanitario de Guaidó, este reconoció voluntaria o involuntariamente al gobierno de Maduro como la entidad institucional y política que controla el Estado venezolano, mientras que con la firma del ministro de Salud de Maduro, el propio mandatario chavista reconoció a la Asamblea Nacional (Parlamento) presidida por Guaidó como el Poder Legislativo legítimo del país a pesar de que ese organismo se polarizó y se dividió en una especie de cisma que llevó a un diputado acusado de corrupción a autojuramentarse el 5 de enero de este año, con el respaldo de una minoría oficialista del Congreso, como “presidente” de ese poder público para así sacar del tablero de dominio de los mecanismos internos del Estado al llamado “gobierno interino” de Guaidó.

¿Es posible una negociación para salir de la crisis nacional?

Por lo tanto, este nuevo panorama bosqueja una realidad en la que se abre la puerta a una posible negociación a largo plazo que podría salir de un encuentro logístico entre los gobiernos de Maduro y de Guaidó para coordinar acciones contra la pandemia.

Si las conversaciones entre ambos se profundizan y sus intereses políticos particulares no los ciegan por el amplio control financiero que tienen sobre el país con los capitales y recursos del Estado, es factible un pacto de gobernabilidad de que lleve tanto al chavismo como a la oposición a coexistir en un Gobierno de coalición, aunque eso implicaría la desvinculación del apoyo de Estados Unidos al Gobierno interino venezolano, que busca sacar a Maduro del poder por la fuerza de las sanciones económicas y la presión militar indirecta, así como también supondría un revés para la élite política, militar y empresarial del círculo de Maduro que no estaría dispuesta a ceder concesiones en la estructura de rentas que, a pesar de la extrema crisis, aún sostienen la estructura de poder del régimen chavista.

El acuerdo surgió después de una semana de muchas tensiones políticas marcadas por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado también por Maduro, de anular y revocar mediante una sentencia firme la condición de Juan Guaidó como diputado del Parlamento y funcionario público tras haber sido inhabilitado políticamente hace unos meses por la Contraloría General de la República, que también es influenciada por el Gobierno y, de hecho, había congelado todas las cuentas y bienes de Guaidó en territorio nacional.

Por su parte, la Fiscalía venezolana también inició un procedimiento para declarar al partido político del líder opositor, Voluntad Popular, como una “organización terrorista”. En paralelo, el chavismo ha ejercido presión esta semana junto con el sector disidente de la oposición acusado de corrupción, ambos enclaustrados en un Parlamento paralelo contrario al Poder Legislativo legítimo que dirige Guaidó, para que el Tribunal Supremo declare la “omisión legislativa”, contemplada en la Constitución, con el aval de la Asamblea Nacional paralela de minoría oficialista y traspasar así al Poder Judicial la facultad de designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, lo que implicaría una violación a la Constitución venezolana y se constituiría como un hecho político de facto que, según el artículo 138 de la Carta Magna ("Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos"), sería, precisamente, un acto nulo con efectos nulos, tal como ocurrió con la presunta reelección fraudulenta de Maduro el 20 de mayo de 2018 para un segundo mandato al frente del país.

Pero ya es casi seguro que, si el gobierno de Maduro y el de Guaidó entablan nuevas conversaciones durante o después de su aparente acuerdo para la gestión de la crisis del coronavirus con el objetivo de evitar un colapso sanitario, social y económico definitivo del país, ambos podrían imponer sus condiciones más apremiantes: el chavismo exigiría el levantamiento de todas las sanciones individuales que pesan sobre los funcionarios de Maduro y sobre él mismo, que les impiden mover sus activos, capitales y bienes (amasado con las presuntas estructuras de desvíos de fondos y testaferros originadas en la riqueza acumulada por PDVSA), mientras que Guaidó y su equipo podrían exigirle a Maduro un pacto para la conformación de un Consejo de Estado integrado por civiles y militares sin la participación de ambos líderes con el objetivo de conducir al país a unas nuevas elecciones presidenciales y buscar ayuda internacional para mitigar el impacto social y humanitario de la crisis económica existente desde 2014 y agravada desde 2017.

La emergencia real que apremia al país

Lo cierto es que la crisis del país ha llegado a punto de quiebre sostenido y prolongado que podría generar una implosión social o un desgaste indefinido si ambos poderes (el chavismo y la oposición) no se ponen de acuerdo de una vez por todas para construir un esquema financiero que capte capitales y abra fondos de emergencia destinados a la regeneración del sistema de salud, la eliminación de la inflación, subsidios reales en ayudas a la población más empobrecida, la ejecución de inversiones internas a nivel empresarial con la repatriación de capitales sacados por la corrupción, entre otras medidas.

Sin embargo, los hechos indican que un pacto histórico entre Maduro y Guaidó por la reconstrucción nacional más allá de la coyuntura del coronavirus, está encaminado en una ruta lenta y, hasta ahora, poco creíble para los venezolanos, que siguen tratando de subsistir en uno de los países más económicamente hostiles de América Latina y del mundo, al que se suma el cóctel explosivo de la Covid-19. @mundiario