La transición energética justa se basará en producir lo mismo o más, con menos insumos

La crisis de la Covid-19 abre una vía a la reconfiguración de la economía mundial. Los sistemas productivos conocerán nuevas dinámicas de re-localización y de diversificación de las cadenas de valor. La nueva focalización de los actores económicos respecto a los emplazamientos de las industrias de bienes y de servicios estará marcada por las presiones de los movimientos proteccionistas y localistas. Las apuestas por reverdecer la economía aumentarán y, prueba de ello, son las constantes referencias a la misma por parte de instituciones, países y grupos de expertos. Del anterior dilema entre apuesta sanitaria y recuperación económica, pasamos a la recuperación económica frente a la apuesta por el cambio climático. 

Cada vez poseemos más certeza sobre los riesgos del cambio climático. También sobre cómo puede ser la forma alternativa de producir y consumir. Los riesgos de continuar apostando por una forma marrón de hacer las cosas (en alusión a los hidrocarburos y combustibles fósiles) no harán más que empeorar y agravar las catástrofes climáticas y provocar un empeoramiento de las condiciones de vida. Ahora, que empezamos a vislumbrar la necesidad de un nuevo orden económico internacional, como salida a la crisis, hará falta un acuerdo factible y viable de cara a poner sobre la mesa posiciones y objetivos con ánimo de cumplimiento.

Las proposiciones podrían ir en la siguiente dirección. Como frontispicio: un proceso de transición ecológica justa. Como lema, evitar que los empleos sucios de comienzos de siglo XXI se conviertan en inseguros y temporales, evitando el desempleo. Por tanto, actuemos sobre el empleo, el consumo y las inversiones. En segundo término, es preciso abordar tanto el cierre de plantas de extracción como la reducción de emisiones. Esto es, si queremos un plan para inversiones de futuro es necesario: un entendimiento mundial sobre el precio a pagar por las emisiones de gases de efectos invernadero; un control del dumping medio-ambiental, y una regulación de las excepcionalidades de cara a mantener la competitividad de ciertas áreas geográficas.

Los datos están ahí, el FMI calcula que de cara a impedir aumentos de temperatura de más de 1,5º grados, el precio de las emisiones debe estar en torno a los 75 dólares por tonelada de CO2; que solo el 20% de las emisiones mundiales están sujetas  en la actualidad a las imposiciones, nos apunta el Banco Mundial; y no es aconsejable en las fases de reactivación económica, como la actual, bajar el precio de las emisiones para estimular la economía. Lo que se propone es cambiar la forma en que funciona una economía. Dice Nicolás Stern: “usar menos insumos, para producir lo mismo o más”; lo que significa, cambiar a productos que no requieran de tanta energía.

Una nueva cuestión está relacionada con la manera de poder compatibilizar la dinámica de la descarbonización con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En este sentido, convendría ser claros a la hora de perfilar las formas de estimar los aranceles a aquellos productos de países donde no se grave el dióxido de carbono, porque supondría la existencia de diferentes formas de actuación, allanando el camino para los que quisieran escapar de un cumplimiento riguroso y global; y, con ello, favorecer situaciones específicas en contra de la apuesta común. De ahí que sea necesario acudir a las enseñanzas del premio Nobel de economía, John Nash, conocido por el gran público gracias a la película Una mente maravillosa, que argumentaba que la economía post-Covid19 camina hacia un equilibrio en el que cada agente económico buscará su mejor opción y que, en la medida que la asignación de incentivos conduce a los agentes económicos a decisiones individuales, puede que éstas perjudiquen al conjunto  y, en definitiva, a ellos mismos. Es lo que se denomina el dilema del prisionero. Evitemos dichas trampas y busquemos la senda del acuerdo. @mundiario