¿Tiene el Gobierno un plan para el reparto de los 16.000 millones del fondo extra?
A principios de mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que aprobaría un fondo especial para ayudar a las autonomías a la reconstrucción tras la Covid-19.: “Será un fondo no reembolsable para que ninguna de las autonomías se quede atrás… ante el mayor cataclismo económico en un siglo, que truncará la senda de crecimiento que seguíamos y tendrá un impacto sobre el empleo que no se recuperará hasta 2023”. Este anuncio fue entendido entonces como un cambio de tono del presidente y una esperanza abierta a la cogobernanza real, entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Casi un mes después nadie sabe los criterios que se seguirán para el reparto de los 10.000 millones anunciados para compensar los gastos extraordinarios de sanidad, 1.000 millones para los gastos sociales provocados por la crisis y 5.000 más para el fomento de las políticas de recuperación económica.
La música suena bien, pero el diablo está en los detalles. Montero propone que el reparto del 60% correspondiente al fondo extra para sanidad se haga según los ingresos en UCI y hospitalizados, un 20% por el número de confirmados PCR y otro 20% por la población total, ponderaciones que cambiarán después del verano para el reparto de los 4.000 millones restantes con un 40% según la población; un 30% por ingresos en UCI; un 20% por hospitalizados y un 10% por casos confirmados. Cabe recordar que la población ajustada es la variable que utiliza el actual sistema de financiación autonómica, en el que se pondera además de la población de derecho, el envejecimiento, la dispersión, la insularidad o la población entre 0-16 años. Sería mucho más adecuado que se utilizase la variable de población ajustada o en su caso, como pidió alguna comunidad autónoma, la población protegida equivalente en un porcentaje mucho mayor, pues el 20% propuesto se queda corto. ¿Acaso no tendría sentido que al menos la mitad del reparto se hiciese de acuerdo con el sistema de financiación vigente?
Si el Gobierno atiende la petición de Cataluña, que reclama el 25% del total, y la de Madrid, que quiere que prime el número de infectados, poco o nada quedará para repartir entre las demás. Los otros presidentes autonómicos han reaccionado y piden, con razón, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar los criterios de reparto de manera equitativa y transparente, pero al gobierno no parece gustarle esta opción. ¿cuál es el problema?, ¿no sería lo más racional? Sin duda, no tiene sentido que se haga de otra manera.
En el aire quedan también, por ahora, los criterios para el reparto de los 5.000 millones con los que compensar la caída de la recaudación. Existe el riesgo de que algunas autonomías quieran camuflar tras la Covid-19 una pérdida de ingresos que, en realidad, se corresponde con sus “vacaciones fiscales” a través de exenciones totales o parciales sobre los tributos que tienen cedidos -como es el caso del Impuesto de Patrimonio-.
Luz y taquígrafos se exigen para conocer el reparto extra de los 16.000 millones de euros y unos criterios de reparto objetivos acordados tras una fórmula que se consensúe y acuerde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, otra solución solo acrecentaría el descontento y la desconfianza. @mundiario
