Estos son los argumentos que usó el Congreso para aprobar el segundo ‘impeachment’ a Trump

La líder de la Cámara de Representantes del Congreso de EE UU, Nancy Pelosi. / New York Post
La líder de la Cámara de Representantes del Congreso de EE UU, Nancy Pelosi, firmando la resolución de juicio político a Trump este miércoles. / New York Post
El Congreso elaboró un informe para determinar la responsabilidad política, e incluso penal, de Trump en el asalto al Capitolio. Fue presentado por el Comité Judicial de la Cámara Baja y dio luz verde al 'impeachment'.
Estos son los argumentos que usó el Congreso para aprobar el segundo ‘impeachment’ a Trump

¿Qué hace falta para remover de su cargo al líder de la mayor potencia mundial? Una vez descartada la Enmienda 25° de la Constitución, la misma institución que la semana pasada fue asediada por la expresión más extremista de la política, o mejor dicho, de la antipolítica, diseñó una serie de argumentos que le dejan poco o ningún margen de maniobra al actual inquilino de la Casa Blanca para defenderse política y legalmente. 

Y es que por insólito que parezca, el propio presidente de Estados Unidos incitó a una insurrección contra el segundo organismo con más poder en ese país, el Congreso. Desde que perdió las elecciones del pasado 3 de noviembre, Donald Trump se encargó de difundir una retórica divisionista, polarizante, que como buena estrategia de propaganda, repitió incansablemente hasta convertirla en la verdad artificial y en la realidad paralela tanto de él mismo como de sus seguidores, la base radical-conservadora de la sociedad norteamericana que lo llevó al poder en 2017. 


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Daños a un edificio público, atentado contra los cuerpos de seguridad, intento de agresión a autoridades federales, rebelión y uso ilícito de armas son los cargos que pesan sobre más de 70 personas que hoy están detenidas, así como 170 están siendo investigadas, por su participación directa en el asalto al Capitolio, que dejó un saldo de 5 muertos.

Lo que ocurrió ese oscuro día, 6 de enero, fue un verdadero golpe civil al Estado, promovido por el discurso incendiario de la máxima autoridad de EE UU, quien estará al mando del país solo por 6 días más, Donald J. Trump. 

Un resumen de los argumentos que el Congreso empleó para justificar, determinar y endosar la responsabilidad política, e incluso penal, de Trump en ese hecho está desarrollado en un informe elaborado por el personal del Comité Judicial de la Cámara Baja, la instancia desde donde se fabricó la estrategia para convertir al actual presidente en el único en toda la historia de EE UU en ser sometido dos veces a un juicio político, y en apenas un año (en diciembre de 2019 fue imputado por abuso de poder y quedó absuelto por la mayoría del Senado en febrero de 2020).

Las acciones de Trump antes del asalto

“El presidente Trump llevó a cabo un esfuerzo prolongado para revertir los resultados de la elección presidencial de 2020 y mantenerse en el poder”, dice el texto. El documento recuerda que “el presidente ha pasado meses difundiendo desinformación sobre los resultados, sosteniendo falsamente que ganó ‘por goleada’ o que la elección estaba siendo robada”. “Trump, también ha amenazado directamente con acciones penales a funcionarios del Gobierno para que encuentren votos perdidos” –llamó y presionó al secretario de Estado de Georgia para que agregara 11.780 votos a su favor, según reveló el diario The Washington Post– y “ha animado a su propio vicepresidente a revertir ilegalmente el resultado de la elección”.

Por lo tanto, el mandatario republicano cometió un delito de difamación y falsa acusación, sin pruebas, contra el sistema electoral, así como también incurrió en un abuso de poder al presionar a un funcionario estatal para que lo ayudara a cambiar el resultado o anulara el conteo de votos en dicho estado. Claramente, Trump es responsable de un delito electoral, un delito político y un delito administrativo.

El día del atentado

“La multitud que se congregó en la Elipse (de la Casa Blanca) esa mañana era grande, estaba furiosa y había amplias informaciones previas de que se estaba preparando para una acción violenta”, asegura el informe de la Cámara Baja, que cita algunas frases del discurso con el que el presidente incitó a sus seguidores. “Si no peleamos como el demonio, ya no vamos a tener un país”, les dijo, al tiempo que les animó a marchar por la avenida de Pensilvania para “evitar que el Congreso confirme la elección de un presidente ilegítimo”, refiriéndose al mandatario electo Joe Biden. “Estos comentarios incitaron directamente a un ataque violento contra el Capitolio que amenazó la seguridad y las vidas del vicepresidente, la líder de la mayoría de la Cámara de Representantes y el presidente pro tempore del Senado, los primeros tres individuos en la línea de sucesión a la presidencia”, concluye el informe, que recuerda además que “cinco personas murieron, incluido un agente de la policía del Capitolio, y más de 50 agentes fueron heridos de gravedad”. “Es indisputable que el presidente animó el ataque terrorista que ocurrió”, sentencia el documento.

Con base en este argumento, la conclusión fundamental es que el presidente Trump es responsable directo de un ataque que amenazó con descabezar el Estado, es decir, de atentar contra la vida y la integridad física de los tres más altos funcionarios que se ubican en la línea de sucesión constitucional para dirigir el país: el vicepresidente Mike Pence, la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, y el presidente temporal del Senado, Chuck Grassley. 

Asimismo, al llamar a boicotear un proceso constitucional como lo es el conteo y certificación de los votos electorales para confirmar al presidente electo, Trump cometió el delito de obstrucción a la democracia, que es una de las principales bases del artículo del impeachment como cargo imputado en su contra: incitación a la insurrección.

Después del caos

“Incluso cuando quedó claro que una multitud de sus seguidores había traspasado el perímetro del Capitolio y estaba atacando violentamente a los de dentro, el presidente Trump no dio pasos para detener la insurrección. Ignoró y rechazó repetidamente las súplicas de Nancy Pelosi y Chuck Schumer de dirigirse a sus seguidores para que abandonaran el Capitolio y siguió animando a sus seguidores”, dice el informe. 

Entonces, este punto también es clave como un agravante de la responsabilidad política y penal de Trump en el atentado, pues cometió un delito de incitación a la insurrección con omisión, dado que deliberadamente evitó utilizar su influencia política para detener el atentado antes de que pasara a mayores, como efectivamente ocurrió.

La base jurídica

Los demócratas y una decena de republicanos en el Congreso se basaron en la enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe a “cualquier funcionario de Estados Unidos que ha tomado parte en una insurrección o rebelión ocupar cargo público alguno”. “El presidente ha desoído las llamadas de miembros de uno y otro partido para que dimita. El vicepresidente ha rechazado invocar la enmienda 25 para destituirlo. Es hora de tomar este último, grave y necesario paso”, concluye el informe.

Claramente, el propio presidente ha cometido una acto de sedición, que a su vez es visto como traición a la nación. Ambos preceptos están especificados en el Código de EE UU y sumados pueden acarrear una pena de hasta 25 años de prisión, esto si Trump llega a ser juzgado por dichos delitos una vez que pierda su inmunidad presidencial y vuelva a ser un ciudadano privado. 

La urgencia del Congreso para preservar la democracia

El documento reconoce que “el impeachment no es un castigo por daños pasados, sino una protección contra males futuros. Pero un presidente capaz de fomentar una insurrección es capaz de mayores males”. advierte. Además, el informe recuerda que “la amenaza manifestada en el Capitolio el 6 de enero sigue vigente. La emergencia sigue con nosotros”, dice el texto, que cita los informes del FBI que indican que los seguidores del presidente planean más violencia en Washington y en capitales de los 50 Estados del país. “El presidente debe ser apartado de su cargo tan rápidamente como permita la Constitución. Debe ser también descalificado para prevenir la recurrencia de la extraordinaria amenaza que representa”, señala el texto. “Por estas razones, la Cámara de Representantes debe aprobar el impeachment del presidente Donald J. Trump”, concluye.

Sin duda, el juicio político es un mecanismo que el Congreso, independientemente de su mayoría ideológica, usará para evitar que extremismo se convierta en el denominador común de la política y del ejercicio del poder en Estados Unidos, la mayor superpotencia mundial. @mundiario 

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