El Senado aprueba a la nominada de Trump como nueva juez de la Corte Suprema de EE UU
El Estado de derecho y la institucionalidad del sistema democrático más complejo del mundo han vuelto a demostrar que la balanza ideológica en Estados Unidos es el contrapeso que determina las decisiones clave de la dinámica social en un país extremadamente fragmentado. Luego de intensas horas de interrogaciones, argumentos, entrevistas y audiencias en el organismo más influyente de la estructura de leyes en la potencia norteamericana, el veredicto causa aun más polarización entre su segmento conservador y su segmento progresista.
Y es que a menos de dos semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el Senado avanza a pasos agigantados con la propuesta del presidente Donald Trump para el Tribunal Supremo. El Comité Judicial del órgano legislativo ha aprobado este jueves, solo con el voto de los republicanos, a la juez Amy Coney Barrett para integrar el máximo tribunal judicial del país. La jurista conservadora es la nominada del presidente para ocupar la vacante de la fallecida magistrada liberal Ruth Bader Ginsburg.
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Esto implica que ahora solo será necesaria la discusión de la moción en el pleno del Senado luego someterla a votación, que requerirá la aprobación de dos tercios o la totalidad de la Cámara como la única condición que oficializará a Barrett en un cargo vitalicio que podría configurar la nueva balanza de la Corte Suprema con cinco jueces conservadores y cuatro liberales, pues con Ginsburg había cinco liberales y cuatro conservadores.
Mientras tanto, los senadores demócratas que integran esa comisión intentaron boicotear la votación. Por lo tanto, la decisión implica un hito en la toma de decisiones sobre asuntos públicos muy delicados para la sociedad estadounidense, como el aborto, el matrimonio homosexual, la inmigración, el racismo, los aumentos de impuestos y la atención médica asequible bajo el programa Obamacare, que obliga por ley a todos los ciudadanos a adquirir un seguro de salud.
Barrett ha asegurado en las audiencias que su gestión en el Poder Judicial no responderá a una agenda política o a los intereses del Gobierno de Donald Trump, sino que mantendrá una firme posición de condena al racismo y de actuación jurídica conforme a los principios de legalidad, ética y moralidad según la naturaleza de cada caso, donde la presión social se caldea con una repercusión política-electoral muy grande, pues el sector liberal de la población norteamericana está a favor de esos temas en una amplia mayoría, que exige un respaldo institucional de la Corte Suprema como garante, precisamente, de la justicia social en un país donde una buena parte del sistema de Estado está dominado por los republicanos, de índole conservadora. @mundiario
