Seguridad Social pagará las pensiones de más de 637.000 funcionarios ante la crisis
A pesar de la seria crisis fiscal que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez, el Estado está dispuesto a saltarse la brecha y a buscar financiamiento dónde sea para cumplir con un conjunto de demanda sociales que ahora generan más presión en el sistema ante la crisis económica causada en España y el resto del mundo por la pandemia de coronavirus.
Y es que el Ministerio de Seguridad Social gestionará de ahora en adelante todas las pensiones que se pagan en España, también las de los funcionarios jubilados, las llamadas clases pasivas. Aunque la demanda, el mercado y la rentabilidad del sistema de pensiones privadas en España no tuvo éxito, las pensiones públicas no han sido aumentadas ni ajustadas por el Ejecutivo a pesar de las evidentes exigencias de la población. Sin embargo, este anuncio de traspaso de la gestión de las pensiones tampoco supone un eventual incremento en vista de la recesión económica que ya tocó a la puerta del país.
El Gobierno incluyó en el decreto de medidas aprobado esta semana para luchar contra los efectos económicos del coronavirus para hacer la transferencia de Hacienda, quien se hacía cargo hasta ahora, de esta competencia a la Seguridad Social.
La decisión supone que el instituto previsor público suma las prestaciones de 637.213 pensionistas del sector público a las que ya gestiona y una partida de gasto de unos 15.000 millones de euros. Por lo tanto, esos fondos de utilizarán para financiar las prestaciones de los miembros y trabajadores de los cuerpos de seguridad del Estado. Se trata de una medida con la que se cree que el Ejecutivo busca generar incentivos para la gestión pública de la seguridad en medio de la actual contingencia por el Estado de Alarma ante la crisis de la Covid-19.
El propio ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, había anunciado al asumir la cartera que su departamento iba a abrogarse esta competencia y así lo ha hecho en los primeros 100 días de su gestión.
No obstante, para atraer la competencia el Ejecutivo ha aprovechado un decreto cuyo contenido principal poco tiene que ver con este trasvase.
Este paso supone, además, un incremento del peso que tiene Escrivá dentro del Ejecutivo, lo que le daría más competencias incluso para reformar el sistema de pensiones en España. En principio asumía solo dos tercios de las competencias que este Ministerio solía tener (Trabajo, Seguridad Social y Migraciones), porque la parte de empleo quedaba en manos de la titular de esa cartera, la ministra Yolanda Díaz. No obstante, desde el comienzo se anunció que iba a añadir tareas.
La primera es la gestión de las pensiones de los funcionarios. La segunda es el Ingreso Mínimo Vital, en el que el departamento lleva enfrascado casi desde el primer día y que él mismo ha dicho que pretende tener listo en la segunda mitad de mayo. Esto implica que se activará un subsidio que podría mitigar las consecuencias de la crisis socioeconómica en la que se encuentra sumida al menos el 30% de la población española, marca por una tasa de paro superior al 14% y un total de 900.000 empleos que se han perdido desde el inicio de esta crisis. @mundiario
