La segunda muerte del Banco Pastor
En los ocho últimos años –la era Feijóo en Galicia– se deslocalizó por completo el centro decisional de los grupos gallegos con mayor presencia en el mercado financiero gallego.
El Banco Pastor comenzó a morir el día en el que sus principales propietarios decidieron venderlo al Banco Popular. Ahora, la práctica liquidación de esta última entidad a manos del Banco de Santander acaba con los residuos simbólicos del que, en otros tiempos, fue una emblemática empresa financiera gallega.
Cuando Alberto Núñez llegó a la presidencia de la Xunta, el sistema financiero gallego pivotaba sobre tres entidades principales: Caixa Galicia, Caixanova y el Banco Pastor. Las dos primeras tenían una naturaleza fundacional –por tanto, no sustancialmente lucrativa– y el tercero era una sociedad anónima clásica orientada a la consecución del máximo beneficio. Las cajas operaban con un marco normativo específico en el que las instituciones políticas gallegas tenían una notable capacidad decisoria. En el caso del Pastor, los condicionantes legales eran semejantes a los que presidían las actividades del conjunto de empresas financieras existentes en el Estado.
Cuando Feijóo abandone la residencia presidencial –previsiblemente en el 2020– el mapa financiero del País que presidió durante casi 12 años habrá mudado radicalmente. Donde había cajas de ahorros que poseían una fuerte incidencia en la financiación de proyectos productivos diseñados en Galicia y disponían de un volumen importante de recursos –la llamada Obra Social– para complementar las dotaciones públicas en las áreas de bienestar y cultura, existe ahora una entidad privada –adquirida a un precio muy bajo– que obtiene atractivos beneficios y que no está obligada a realizar contribuciones sociales específicas. Y el banco desarrollado por Pedro Barrié de la Maza certifica su defunción absorbido por la familia Botín. La conclusión no puede ser mas contundente: en los ocho últimos años se deslocalizó por completo el centro decisional de los grupos gallegos con mayor presencia en el mercado financiero gallego.
Ciertamente, no se puede atribuir a los gobiernos de Fraga y Feijóo –y mucho menos al bipartito presidido por Touriño– la responsabilidad exclusiva de este destrozo. Los directivos de las cajas (Méndez y Gayoso) y los ejecutivos del banco residenciado en A Coruña tuvieron un relevante porcentaje de culpa en la dinámica destructiva de unas entidades que contaban con un elevado nivel de confianza entre los ahorradores gallegos. Las instancias supervisoras –especialmente el Banco de España– completaron el tríptico de los causantes de esta pérdida irreparable.
Los equipos gubernamentales de San Caetano y de la Moncloa forman parte de ese conjunto de fundamentalistas que invocando el dios laico del mercado niegan cualquier posibilidad de existencia de una banca pública. Novagaliciabanco fue privatizada sin razones convincentes mientras Bankia seguía en manos del FROB. Y, ahora, el ministro Guindos no quiso jugar la carta de una posible nacionalización del Popular-Pastor mediante la intervención de Bankia como grupo comprador. El dogmatismo privatizador tiene estas consecuencias: prefieren fortalecer una creciente oligopolización del sector bancario que penaliza seriamente a los usuarios de estos servicios financieros y no tienen reparos en propiciar una operación que tendrá unos graves costes laborales. Menos competencia, menos empleo y pérdida de las inversiones de los pequeños accionistas.
¿Para qué sirve una mayoría absoluta reiterada del PPdG? ¿Cuántos votantes de este partido salen ganando con esta trayectoria financiera? Mas aún: ¿puede garantizar Feijóo que los actuales propietarios de Abanca no van a optar por una venta futura de esa entidad a otro de los gigantes del sector?
