Santos negocia con dos tipos de no: uno constructivo y otro que mira a 2018
El presidente colombiano apura los tiempos para recoger las propuestas de quienes rechazaron los acuerdos con las FARC el pasado 2 de octubre y alcanzar un consenso más amplio.
Una de las cosas que ha quedado clara tras dos semanas de acercamientos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los líderes del No, que se impusieron por estrecho margen en el plebiscito del pasado 2 de octubre, es que en la mesa existen dos tipos de negociadores: el No que es un Sí a medias y el No que es un No testarudo y mezquino. Con ambos se está tratando de alcanzar un acuerdo más amplio.
El primero lo encarnan opciones políticas como las del expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) y la exministra Marta Lucía Ramírez, quien ahora lidera el Partido Conservador. Pese a que ambos han mantenido una férrea oposición a los diálogos de paz con las FARC, en la actual fase de acercamientos han puesto sobre la mesa una serie de propuestas sensatas, no todas factibles ni fáciles de implementar, pero sin duda constructivas. Han entendido la victoria del No como una oportunidad de mejorar los acuerdos firmados en Cartagena y de elaborar una nueva versión de los mismos en el menor plazo posible. Y así han asumido su papel.
Aunque ambos coinciden en una reforma agraria integral, algo que tardaría décadas en llevarse a cabo —sigue siendo una de las deudas históricas del Estado colombiano—, aciertan en otros aspectos del acuerdo. Ramírez, por ejemplo, pide precisar las funciones de los integrantes de la Jurisdicción Especial de Paz, que es el que se encargará de juzgar a los guerrilleros y militares que se sometan a ella, y en esa misma línea exige una pena concreta para los autores de crímenes de lesa humanidad. La exministra también habla de transparencia en las cuentas de las FARC para garantizar que, una vez se haya convertido en un partido político, sus fuentes de financiación sean totalmente legales y no jueguen con ninguna ventaja.
En el caso del expresidente Pastrana, que insiste en la necesidad de implementar varias de las propuestas del acuerdo original —reparación a las víctimas, entrega de bienes de la guerrilla, zonas de transición a la vida civil—, destaca la idea de fijar un plazo máximo de 2 años para que guerrilleros y militares se presenten a la Jurisdicción de Paz y evitar de este modo que se convierta en un recurso indefinido.
El problema grueso está en las negociaciones con el otro No, representado por el Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, y por ciertos sectores ultraconservadores vinculados a las iglesias evangélicas y protestantes, cuya participación en el plebiscito —casi 2 millones de votos— fue determinante a la hora de inclinar la balanza y obligar a Santos a renegociar los acuerdos con las FARC.
A diferencia de Pastrana y Ramírez, que han demostrado, pese a todo, sentido práctico para desbloquear la situación, a Uribe parece moverlo un ánimo completamente distinto. De lo contrario, no se entendería el paquete de propuestas que ha hecho llegar en los últimos días al Gobierno, las cuales no sólo resultan prácticamente imposibles de implementar en el corto plazo sino que, además, esconden otras intenciones.
El expresidente, quien además ha asumido la victoria del No como un triunfo individual, pide eliminar de tajo la Jurisdicción Especial de Paz y plantea la creación de unas cortes adscritas al Tribunal Superior de Bogotá, es decir, a la justicia ordinaria, aunque a la vez propone una amnistía para guerrilleros rasos y militares encarcelados —muchos de los cuales integraron las fuerzas de seguridad que él dirigió y que podrían señalarlo como principal responsable de los excesos de la política de seguridad democrática de sus dos mandatos—. Su colectividad también se opone a la participación política de los movimientos sociales ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto y a las incipientes reformas sobre el tema agrario, que obligarían a muchos terratenientes como él a devolver las hectáreas de tierras que se han apropiado de forma ilegal durante los años que ha durado el conflicto.
Dicho de otro modo: a Uribe no le interesa contribuir para ampliar el consenso y firmar un nuevo acuerdo. Todo lo contrario, tras el triunfo del No ha visto una ventana electoral y hará hasta lo imposible por dilatar los acercamientos y asomarse a 2018 con otro de sus candidatos de llavero a las elecciones presidenciales.
En cuanto a los cristianos protestantes y evangélicos, las diferencias giran en torno al denominado enfoque de género, que no es otra cosa que una herramienta para visibilizar a las mujeres y a los miembros de la comunidad LGTBI que han sufrido de forma especial el conflicto. Los sectores ultraconservadores consideran que este punto pone en riesgo la familia tradicional y la moral cristiana, algo que a todas luces no corresponde con la realidad. Santos les ha prometido que puntualizarán los términos empleados en el acuerdo para que no haya lugar a dudas.
Este es, a groso modo, el panorama al que se enfrenta Santos, quien deberá demostrar en las próximas semanas —el cese al fuego se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2016— la audacia y la rapidez que le son conocidas en las mesas de póker para acercar posturas y salvar el acuerdo. Lo que salga de estas reuniones se llevará a la mesa de La Habana, donde los grupos negociadores revisarán una a una las propuestas y decidirán cuáles cambios, precisiones y acotaciones pueden implementarse a la nueva versión del texto. Las FARC ya han advertido que están dispuestas a ceder, aunque también han dejado claro que la esencia del acuerdo se mantendrá y que no aceptarán cambios de fondo como los que pide el Centro Democrático.
El pulso en esta nueva etapa del proceso será intenso, aunque no largo: o se desbloquea la situación o se rompe definitivamente lo acordado en La Habana.
