La reforma de una Constitución con 40 años no sería ninguna anomalía en Europa
La crisis económica y política no puede ser un pretexto para aplazar su reforma cuando la Constitución actual se elaboró en medio de otra gran crisis. En todo caso, la condición necesaria sería que el nuevo consenso necesario no sea inferior al de 1978, hace ahora 40 años.
El 40 aniversario de la Constitución española llega en un momento donde se vislumbra la necesidad de una mejora de la Carta Magna que garantice la diversidad de identidades y, a la vez, la unidad del territorio español en el marco de la Unión Europea (UE). Tal vez nadie sabe exactamente cómo será España en el futuro, pero es creciente el número de personas que intuyen que será distinta de la actual, más en línea con su diversidad, aunque tampoco falte quien opine justo lo contrario. Esta nueva mirada al futuro de España tiene aún ojos periféricos, ya que en Madrid cuesta entender que el cambio de la Constitución y de los estatutos sea realmente una necesidad. Por lo demás, la reforma de una Constitución con 40 años no sería ninguna anomalía en Europa, donde las cartas magnas de países como Alemania, Francia o Italia han experimentado decenas de reformas.
En la práctica, España es un Estado tan federal como cualquier otro de los Estados federales que hoy existen en el mundo. La diferencia, como diría el expresidente catalán Pasqual Maragall, estriba en que aún no le llamamos así. José Juan González Encinar, un cualificado analista del federalismo, lo tuvo siempre claro: la Constitución de 1978 solo puso los mimbres, el cesto de la organización territorial de Estado se fue haciendo después, de forma gradual, con la aprobación de los distintos estatutos de autonomía. Pero una vez estos aprobados, la forma de organización territorial del Estado español resultó ser sustancialmente idéntica a la de cualquier otro Estado federal. Como suele decir el catedrático de Derecho Constitucional de la USC Roberto L. Blanco Valdés, "en lo único en que no es federal España es en que no se llama federal".
La conveniencia de reformar el modelo territorial se ha intensificado recientemente, debido al independentismo catalán, pero en realidad ya había vuelto al epicentro del debate político un cuarto de siglo después de ser el principal quebradero de cabeza en el proceso de gestación de la Constitución de 1978. Es indiscutible que en poco se parece aquella situación a esta, más aún si cotejamos los datos de 1982, apenas dos años después de arrancar el Estado de las Autonomías, con los actuales. En 1982 el gasto público de la Administración central suponía el 79,7 %, las recién estrenadas comunidades representaban el 7,7 % y los municipios el 12,7 %. En la actualidad, el gasto de la Administración General del Estado es inferior al 50 %, las autonomías superan el 35 % y los gobiernos locales gestionan el 15 %. Por eso, entre otras razones, estamos debatiendo sobre un nuevo modelo del Estado, partiendo de que a veces da la impresión de que quienes se suceden en el Gobierno central se olvidan de que las comunidades autónomas también son Estado, como recoge la Constitución.
Cuando se redactó la Constitución en 1978 no existían las autonomías como se conocen ahora y España no había ingresado en la entonces llamada CEE, la actual UE. Obviamente, millones de españoles no han tenido ocasión de pronunciarse sobre la Carta Magna del 78. Es comprensible, por tanto, que se produzcan desajustes de alcance en la maquinaria de las distintas administraciones que nos gobiernan y, por esa misma razón, que las nuevas instituciones traten de encontrar el mejor engranaje para atajar el conflicto o deshacerse del lastre. La complejidad aumenta más, si cabe, a medida que se producen intervenciones directas de la UE o del BCE, fenómeno reciente pero de un calado extraordinario, debido a la gravedad de la crisis financiera de España, especialmente a partir de mayo de 2010. Ahora bien, la crisis no puede ser un pretexto para aplazar su reforma cuando la Constitución actual se elaboró en medio de otra crisis. En todo caso, la condición necesaria sería que el nuevo consenso necesario no sea inferior al de 1978.
Tampoco se trata de que todo lo que hay que hacer esté marcado por Cataluña. Para los partidos constitucionalistas –léase de manera especial PP y PSOE, también Ciudadanos–, la independencia de Cataluña es inviable en el marco de la Constitución. Pero a partir de ahí hay matices. El PSOE no le contradice pero se abre a reformar la Carta Magna, hacia un Estado federal. Bruselas aclara que una Cataluña fuera de España también quedaría al margen de la UE.
El periodista Joan Tapia cree que de lo que se trata es de "catalanizar la Constitución española". Tampoco parece que vayan desencaminados en varios aspectos los firmantes del manifiesto Llamamiento a la Cataluña federalista y de izquierdas, entre ellos el periodista Antonio Franco, o de otro manifiesto de intelectuales y profesionales que salieron al paso de la oleada soberanista, entre ellos Mario Vargas Llosa. Apuestan, por ejemplo, porque todas las fuerzas democráticas busquen un mejor encaje institucional para Cataluña, una financiación más justa y una federalización del deteriorado Estado de las autonomías. Sobre la fatiga de Cataluña, el periodista Miguel Ángel Aguilar tiene una idea tan audaz como sugerente: "Tal vez habría concordia si se ensayara un repliegue autonómico dejando intacta a Cataluña". @mundiario
