¿Quiénes son los 30 procesados por organizar el referéndum del 1-O en Cataluña?
La magistrada fija en 5.803.068,67 euros la fianza por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum unilateral del 1-O.
La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha procesado este martes a 30 altos cargos de la Generalitat, periodistas y empresarios por la organización del referéndum unilateral del 1-O. Les atribuye los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación, pero, en ningún caso, sedición.
Según la jueza, había un "plan común" y una "estrategia" para celebrar la consulta y declarar la independencia. Para ello, sostiene, se utilizaron fondos públicos. En este sentido, según apunta El Periódico, la magistrada fija en 5.803.068,67 euros la fianza por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum unilateral del 1-O. No prestar fianza supondrá el inicio del proceso de averiguación y embargo de bienes para obtener hacer frente a eventuales responsabilidades económicas.
Entre los procesados figuran Antoni Molons, secretario de Difusió i Atenció Ciudadana del Departamento de Presidència de la Generalitat; Joaquim Nin Borreda, secretario general de esta Conselleria; Jaume Clotet Planas, director general de Comunicació; la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal; Saul Gordillo, director de Catalunya Radio; y Vicent Sanchis, director de TV3.
Los otros procesados son: Josep Ginesta Vicente, secretario general de Treball, Afers Socials i Família; David Palanques Bonavia; responsable del área TIC de esta Conselleria; David Franco Sánchez, responsable del área TIC de Treball; Francesc Sutrías Grau, director general de Patrimoni (Vicepresidència, Economia i Hisenda); Aleix Villatoro Oliver, secretario general d’Afers i Relacions Institucionals i Exterior i Transparència de la Generalitat; Amadeu Altafaj Tardio, director de la delegación del Govern en la Unió Europea; Albert Royo Marine, secretario general del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat); Natalia Garriga Ibáñez, directora de serveis integrada a la secretaria general dependiente de la Vicepresidència d’Economia; Pablo Raventós, director general d’Unipost; Rosa Maria Rodriguez Curto, directora general de servicio de T-Systems; Francesc Fabregas Bonet, administrador de la publicación El Vallenc; Josué Sallent, director d’Estratègia i Innovació en el Centre de Telecomunicación y Tecnología de la Informació (CTTI), y Xavier Puig Farré, responsable del área TIC del Departament d’Acció Exterior.
En la lista también figuran Meritxell Massó Carbó, secretaria general del Departament de Governació; Nuria Llorach Boladeras, vicepresidenta i administradora única de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA); Frederic Udina Abelló, director de l’IDESCAT; Montserrat Vidal Roca, àrea de Processos Electorals i Consultes Populars; Martí Patxot, director corporativo y comercial de CCMA; Mercedes Martínez, encarregada de supervisar las obras de una nave que debía ser centro de recogida de datos; Joan Manel Gómez Sanz, jefe de riesgos del Centre de Seguretat de la Informació del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya; Josep Masolivé Puig, trabajadora de Fundacio.cat; José María Gispert Giménez, gerente de Indugraf Offset SA; Marta Garsaball Pujol, autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas cuyo titular era la delegación del Govern de la Generalitat, y Daniel Gimeno Alcañiz, responsable del tratamiento de ficheros de datos del registro de participantes en consultas no referendarias. @mundiario
