Podemos seguirá imputado por presunta financiación irregular
El partido político en el Gobierno de coalición, Podemos, lleva meses inmerso en una investigación judicial por financiación irregular que dirige el magistrado Juan José Escalonilla, titular del Juzgado nº 42 de Madrid, tras la denuncia presentada por José Manuel Calvente, abogado de Podemos despedido por la dirección del partido cuando comenzó a rastrear las irregularidades financieras de la formación. El motivo del despido de Calvente fue acoso sexual, pero un juez posterioremnte dictaminó que esa acusación era falsa pues no hay pruebas a tal respecto.
La caja de los truenos que abrió Calvente sigue su curso para Podemos, que seguirá siendo investigado por financiación irregular. El juez Escalonilla afirma que existen "indicios de la distracción de dinero de la cuenta electoral designada por dicho partido político para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 para un fin distinto al propio de dicha cuenta electoral, que era el pago de los gastos electorales". El juez tiene el foco puesto en el contrato firmado por Podemos con la consultora política Neurona para esos comicios.
Neurona es una consultora mexicana a la que Podemos pagó 363.000 euros tras abrir una filial en España denominada Neurona Comunidad. La filial, que se fundó para dar servicio únicamente al partido de Iglesias, no cuenta con trabajadores. Sólo existe un administrador que aseguró ante el juez que él solo cumplía órdenes y no conocía a ningún miembro de Podemos. Las peticiones llegaban desde México a través de correos electrónicos y él realizó las tareas de un gestor.
El juez que investiga el caso ha subrayado que existen indicios de que "se trató de un contrato simulado, en cuanto no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero pagado por dicha formación política en base a dicho contrato a una sociedad mexicana, concretamente a Creative Advice Interactive, vinculada con la sociedad Neurona Consulting".
El supuesto desvío de dinero desde Podemos a la empresa mexicana "no era en sí mismo el fin de dicha operación, sino que respondía a otra finalidad distinta, que --señaló el denunciante José Manuel Calvente-- podía ser la de financiar a partidos extranjeros, a la previa financiación ilegal del propio Podemos a través de microcréditos, o incluso para compensar las cantidades obtenidas a través de una red de financiación ilegal para la propia constitución de dicho partido político en el año 2014 y la promoción de sus miembros a los cargos directivos que actualmente ostentan".
El juez ha recordado que todo ello podría ser constitutivo de un delito de financiación ilegal de partidos políticos del que Podemos puede ser responsable penal porque, según ha afirmado, el programa de Cumplimiento Normativo de la formación 'morada', que podría limitar la responsabilidad penal a los cargos ejecutivos, no resultó "eficaz" a la hora de prevenir o detectar hechos delictivos. @mundiario
