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¿Qué pasará ahora con Juan Carlos I como "rey honorífico" en el protocolo de Estado?

Fernando Ramos | 21 de marzo de 2020

Juan Carlos I con el Rey Felipe VI el día que abdicó.
Juan Carlos I con el Rey Felipe VI el día que abdicó.

El padre de Felipe VI es además capitán general de los Ejércitos en la reserva, tiene tratamiento de majestad y ocupa la quinte precedencia después de sus nietas en el protocolo de Estado y está aforado ante el Supremo.

La situación creada actualmente en España por las medidas que Felipe VI se ha visto obligado a adoptar frente su padre el rey honorífico Juan Carlos I ponen en evidencia que se ha creado un problema en cuanto al propio papel público del ex monarca jubilado, al tiempo que repercute en la propia imagen de la Corona y de su manifestación pública conforme establece el Real Decreto de Precedencias del Estado, modificado en su día para encajar en el mismo al monarca que acababa de abdicar. Aunque Felipe VI ha tardado varios meses en retirarle la asignación que percibía por sus funciones en la Casa Real, lo cierto es que, desde el 2 de junio de 2019, Juan Carlos dejó de realizar funciones institucionales, retirándose de la vida pública, por lo que el Consejo de Ministros procedió, cuatro días después, a suprimir la Secretaría que le prestaba apoyo en su actividad oficial. Su titular hasta entonces, Alfonso Sanz Portolés, pasó consejero diplomático de Felipe VI.

Lo primero que hay que preguntarse es por qué, si Juan Carlos ya no trabajaba para la Corona desde que el 2 de junio de 2019, por qué seguía cobrando su sueldo de 194.232 euros brutos anuales, a razón de 16.186 euros brutos al mes, y supone el 80% de los emolumentos de Felipe VI (242.769 euros brutos). Hasta el presente, el rey honorífico seguía formando parte de la Familia Real a efectos de protocolo oficial, y mantenía la consideración y tratamiento de Rey y Capitán General de las Fuerzas Armadas en la reserva, así como el estatus jurídico que ha tenido desde su abdicación hace cinco años, cuando quedó aforado ante el Supremo como los parlamentarios y miembros del Gobierno.

Juan Carlos no tiene jubilación oficial

Los miembros de la Familia Real no están cubiertos por la Seguridad Social y, por tanto, no cuentan con tarjeta sanitaria. Como el ciudadano Juan Carlos I no ha cotizado a la Seguridad Social tampoco cuenta con jubilación con cargo a este organismo. Al retirarle su hijo la asignación que recibía del presupuesto del Estado, ¿de qué va a vivir oficialmente? ¿Cuál va a ser el futuro su situación jurídica y oficial con respecto a la Casa Real? ¿Y qué va a pasar con su posición dentro del Real Decreto de Precedencias del Estado por lo que se refiere a los miembros de la Corona? Juan Carlos ocupaba la quinta posición, detrás de sus nietas la princesa de Asturias y la infanta su hermana, y antes de su esposa.

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Desde el 2 de junio pasado, Juan Carlos desapareció de la agenda oficial.

De todos modos, hay que considerar que Juan Carlos, ya desaparecido del panel actos oficiales, de momento sigue siendo rey honorífico, que no emérito. Se ha especulado sobre su futuro y se cree que la salida más digna, luego del escándalo de las fundaciones, las comisiones y los líos con antiguas amantes, sería que se fuera a vivir al extranjero, donde de facto pasa gran parte del año. Es más, se sugiere que se le retire la condición de rey honorífico y que se le retribuya con un ducado o condado, como el que retuvo para si su padre don Juan, como Conde de Barcelona, al renunciar a sus derechos dinásticos, que no a una Corona que nunca poseyó. El problema es que, dado el deterioro de la imagen de la institución, sería difícil que el país lo entendiera.

El aforamiento fue una chapuza

Que el propio presidente del Congreso de los Diputados, cuando en 2014 abdicó Juan Carlos I, Jesús Posada, dijera que el aforamiento de Juan Carlos I fue una "chapuza", aunque luego pretendiera matizarlo, es suficientemente expresivo del modo en que se llevó a cabo el proceso de resguardo del rey emérito, tras su renuncia. Posada expresó, en un alarde de sinceridad, las dudas el procedimiento utilizado para aforar al Rey Juan Carlos, apenas siete días antes de que el proceso se cerrada en el Senado. El procedimiento rompió, en esta cuestión por primera vez el consenso en una votación sobre la Corona por parte de los dos grandes partidos dinásticos, El PSOE se abstuvo. Alegaban los socialistas que la forma de trasladar al tribunal Supremo todas las causas civiles y penales referidas al Rey Juan Carlos, las reinas Letizia y Sofía y la Princesa de Asturias no debía utilizar una enmienda a una ley ajena al asunto. Como es sabido, el aforamiento de Juan Carlos I, su esposa y su nuera, fue incluido en lo que el Gobierno tenía más a mano, la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El compromiso de Felipe VI

Hay que remitirse al propio texto en la parte justificativa de las decisiones que acaba de tomar Felipe VI, con respecto a su padre, recordando su compromiso, en el momento de jurar su cargo ante las Cortes, de “velar por la dignidad de la Institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, sólo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones”. Las decisiones tomadas, aunque meramente simbólicas con respecto a la herencia, y, esperemos que efectivas con respecto “a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona”, son el más claro reconocimiento de que su conducta no se inscribió dentro de aquellos propósitos.

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Las pasadas relaciones personales de Juan Carlos pasan factura.

Pero aparte del futuro de Juan Carlos, hay otro asunto pendiente, es de diversas posiciones, prestigiosos especialistas en Derecho Constitucional, habían sugerido todos estos años la conveniencia de redactar un "Estatuto de la Familia Real", de modo que se hubieran delimitado en debida forma el marco legal dentro del cual los miembros de dicha familia pueden desenvolverse y que tantos problemas habría evitado a ellos mismos, a la institución y al país. Y no sólo el caso Urdangarin, sino los propios enredos financieros de Juan Carlos I que nos han llevado a la situación presente. Por otro lado, en ese mismo terreno, es preciso revisar la reforma del Código Penal del PSOE, en 1995, en que se la protección penal del Rey y su familia, incluyendo entre los sujetos de protección especial a sus antepasados o sucesores (sin decir hasta dónde), lo que a juicio de los historiadores es "puro dadaísmo", ya que puede ser delito criticar las andanzas de Fernando VI o el desdoro de Isabel II.

Abiertamente partidario de proteger a la Casa Real, el PSOE fue siempre más claro que la derecha. "Sólo hace falta elegir el momento apropiado" dijo Elena Valenciano, como portavoz del PSOE en su momento, quien bautizó la reforma como "Estatuto de la Casa del Rey". Lo más increíble es la explicación: "Se hará cuando sea posible para modernizar la monarquía". Parece claro que, en la Zarzuela, con la colaboración de los partidos dinásticos, no quieren que los actuales acontecimientos vuelvan a ser posibles. Y no porque los miembros de la familia real vayan a ser ejemplares, sino que sean como sean y hagan lo que hagan, sea imposible o complicado aplicarles la ley común.

Más urgente que una nueva carta de privilegios para los miembros de la Familia Real, parece -cosa que el PSOE calificó ya en tiempos de Zapatero de "No prioritario", regular el acceso de los miembros de dicha familia a las empresas privadas, sus relaciones con entidades financieras y la propia transparencia y control parlamentario, como ocurre en otras monarquías. Los panegiristas de la Monarquía, no dudaron en quejarse de que las infantas, como ocurre con Cristina de Borbón no estuvieran protegidas por estatuto alguno, mientras son aforrados numerosísimos cargos públicos estatales y autonómicos. @mundiario

 

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