El País descubre las trampas de la carta de Puigdemont a Rajoy y al Rey

El diario El País descubre "las trampas" de la carta del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont; el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con copia al rey Felipe VI para pactar el referéndum. En síntesis, proponen un referéndum pactado y denuncian una ofensiva del Estado de "represión sin precedentes" pero "los firmantes de la misiva camuflan con medias verdades la realidad de la crisis", según un análisis del periodista Rafa de Miguel. En su opinión, el texto, "bajo una apariencia de buena fe", está plagado de "trampas y medias verdades políticas, jurídicas y de comunicación". MUNDIARIO resume su análisis:

El verdadero destinatario

La primera trampa tiene además mucho de deslealtad institucional. El texto ha sido enviado a la vez, si no antes, al diario Financial Times, de amplia difusión internacional, con la intención de que sea publicado a lo largo de la mañana del viernes. No parece que la voluntad sincera de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell y Ada Colau sea la de convencer a Mariano Rajoy de buscar una salida negociada a la crisis sino más bien la de proyectar hacia el exterior la idea de que son ellos los que persiguen hasta el último minuto una solución pacífica y pactada.

Pactar sobre un hecho consumado

Los autores de la carta piden a Rajoy, y de paso al Rey, que se pueda pactar un referéndum de autodeterminación entre el Govern y el Gobierno central, para que los catalanes sean escuchados. En ningún momento explican que esa decisión ya se ha adoptado de un modo unilateral, desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional. No se señala que ya hay una fecha para la consulta, el 1 de octubre, o que ya hay una campaña en marcha a la que se han destinado recursos públicos. Ni la menor referencia a dos leyes, la ley del referéndum o la de transitoriedad jurídica, que ya han impuesto una realidad jurídica contrapuesta a la realidad constitucional española, en contra de más de la mitad de los catalanes y de sus representantes legítimos.

El Estatuto “tumbado”

El texto se refiere al actual Estatuto de Autonomía de Cataluña como una ley votada por los ciudadanos y “tumbada” por el Tribunal Constitucional. Sin cuestionar el amplio consenso, entre políticos y juristas, que señala esa decisión como el origen y la explicación de gran parte de esta crisis institucional, la realidad es que el Estatuto sigue vigente y es la máxima norma, tras la propia Constitución, que rige el autogobierno catalán. Da la impresión, en la carta, de que las leyes de esa comunidad hubieran sido suprimidas de un plumazo.

“Autodeterminación”, sin eufemismos

Habla la carta de la “demanda reiterada de una amplia representación de los parlamentarios y de la sociedad catalana” de que se celebre un referéndum de autodeterminación. Utilizan ya sin tapujos un término que hasta ahora habían esquivado con eufemismos como el del “derecho a decidir”. El movimiento independentista sabe que el derecho internacional tiene muy tasado el concepto de libre determinación, referido a situaciones coloniales en las que Cataluña no tiene cabida, como sí la tienen el Sáhara Occidental o la Polinesia francesa. Ninguno de los principales grupos parlamentarios del actual Parlament incluyó en el programa con que se presentó a las últimas elecciones esa reclamación, y las encuestas que constantemente se realizan entre la sociedad catalana no sitúan esa demanda –la autodeterminación, que no la voluntad de ser consultada- entre las prioridades de los ciudadanos.

“Ofensiva de represión sin precedentes”

No contribuye mucho a la aparente buena intención de la carta los términos con los que los firmantes hacen referencia a la respuesta del Estado español frente al desafío independentista. Hablan de una “ofensiva de represión sin precedentes” que ilustran con medias verdades y exageraciones. 

“Convocar un referéndum no es delito”

Es cierto que el Tribunal Constitucional rechazó la reforma penal emprendida por el Gobierno de Aznar que tipificó como delito la convocatoria de un referéndum, en un movimiento preventivo para frenar la ofensiva emprendida entonces por el Gobierno vasco de Ibarretxe. Los argumentos empleados por el alto tribunal fueron ante todo formales, censurando el modo en que se había introducido en la ley penal –de forma apresurada, casi por la puerta de atrás-un nuevo delito. Los firmantes de la carta se agarran a esa decisión para afirmar que “el Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, ya no es delito”. Se trata de una media verdad que oculta la cuestión de fondo. Los responsables de la crisis son investigados por otros delitos: desobediencia, prevaricación y malversación. No se trata de la consulta en sí, sino del procedimiento para llevarla a cabo y del contenido elegido, muy lejos de las competencias y atribuciones de la Generalitat.