La oposición venezolana repudia el indulto de Maduro y ratifica su abstención electoral
La tensión política allana su camino para condicionar el panorama de una Venezuela donde ya no existen las elecciones ni la democracia plena. El sistema de vida en esa otrora potencia petrolera queda completamente relegado a la adaptación de la población civil a las precarias características de una economía en la que el dinero se ha vuelto artificial por la extrema hiperinflación que dio origen a la burbuja de la dolarización a la cual solo el 20% de los venezolanos tiene acceso. Hoy, la norma de su sociedad en sobrevivir a la crisis día a día. Entretanto, la élite política continúa moviendo el ajedrez del poder para afianzar su cómoda posición en la cúpula jerárquica financiera y militar del Palacio de Miraflores, Caracas.
Y es que luego de que este pasado lunes el régimen comunista de Nicolás Maduro anunciara la concesión de indultos a más de un centenar de dirigentes de la oposición encarcelados por motivos políticos, el ala radical del esquema estratégico contrario al chavismo se manifestó en rechazo a una medida que consideran sin sentido y solo una jugada más de su grupo para diseñar su propio panorama rumbo a las polémicas elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre.
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En Venezuela, la política no se desarrolla ni se ejerce con normalidad, pues los líderes de la oposición han sido utilizados como monedas de cambio por parte del régimen de Maduro para canjear concesiones en negociaciones con la alta cúpula opositora, dominada por cuatro partidos (Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) que le dieron el respaldo necesario a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) y simbólico presidente interino de la República, reconocido por 55 países.
Las reacciones de la oposición
Dirigentes como Américo De Grazia, Richard Blanco, Julio Borges, Mariela Magallanes, Andrés Velásquez y José Hernández, entre otros, están entre quienes consideran que el líder chavista no es presidente legítimo de Venezuela y por ende tampoco tiene la potestad de aplicar tal medida de indulto presidencial.
Entonces, en el país sudamericano existe un vacío constitucional muy marcado, pues Guaidó se ampara el artículo 233 de la Constitucional para respaldar jurídicamente su fuero como presidente interino, mientras que Maduro lo desconoce y ejerce el poder de facto (por la fuerza y sin legitimidad de origen) pese a que su reelección en 2018 fue rechazada por un cuarto de la comunidad internacional y por el 70% de los venezolanos, que vieron esas elecciones como fraudulentas y diseñadas a la medida del chavismo con un sistema electoral amañado, lo que hace aplicable el artículo 138, que especifica que “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
Por lo tanto, un poder desconoce y busca anular al otro: Maduro prevé cerrar el ciclo de dominio de su régimen de forma totalitaria al controlar el último bastión del poder que le falta, el Parlamento, para consolidarse en el Gobierno hasta 2025. Guaidó utiliza la presión internacional, en especial las sanciones financieras de Estados Unidos, para provocar una ruptura que desestabilice el apoyo militar del régimen si pierde capacidad de seguir distribuyendo las rentas del oro y el petróleo -en la mira de la Casa Blanca- a la élite militar que lo sostiene en el mando de la nación.
“Ni Maduro es presidente, ni yo soy delincuente. Si usted quiere contribuir a la paz de Venezuela indulte al país de la usurpación del poder, renuncie a la ocupación fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo y quizás así tengamos algo que agradecerle”, señaló en sus redes sociales Américo De Grazia, diputado de la Asamblea Nacional por el estado de Bolívar (oriente del país), quien debió exiliarse en Italia tras ser acusado por el régimen chavista de estar involucrado en el alzamiento militar e intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019, planeado por Leopoldo López (hoy exiliado en la Embajada de España en Caracas), el otrora máximo líder de la oposición que formó políticamente a Juan Guaidó.
Esto implica que la nueva agenda que propone el simbólico presidente interino podría consistir en un mecanismo diseñado para hacer lobby ante EE UU y las embajadas de la comunidad internacional en Venezuela que respaldan a Guaidó a fin de plantear nuevas sanciones financieras contra Maduro y al mismo tiempo desconocer a nivel interno y externo el posible resultado de las elecciones del Parlamento en diciembre, que podrían tener una mayoría absoluta o casi total del oficialismo, lo que le daría vía libre al régimen chavista para gobernar el país por decreto, medidas autoritarias unilaterales y con estrictos sistemas de control estatal sobre la economía de forma monopolizada e intromisiva.
Por su parte, el diputado opositor Richard Blanco, desde el exilio en Buenos Aires, Argentina, también criticó el anuncio del chavismo: “Se indulta a quien es culpable. Yo no he cometido delito alguno. Mi vida la he entregado siempre al servicio y trabajo por el bien de Venezuela. Lo único que deseo es la libertad plena de mi patria. Eso se logra con el cese de la usurpación”. Es decir, la posición que fija este parlamentaria, también un férreo aliado de Guaidó, es que se acelere la salida de Maduro del poder mediante una intervención o negociación diplomática mediada por Estados Unidos y así abrir paso a una transición que establezca un Consejo de Estado para llevar al país a nuevas elecciones presidenciales, nuevo sistema y una nueva economía.
“Nos alegramos por las medidas que recibieron quienes estaban perseguidos y en las cárceles del régimen sin ninguna razón, pero no podemos olvidarnos de los que aún están presos y sobre todo de nuestros militares patriotas que han sido víctimas de las torturas de la dictadura”, sostuvo Julio Borges, embajador del gobierno interino de Guaidó en Colombia. El dirigente del partido Primero Justicia (PJ), uno de los cuatro más importantes de la oposición, no está en la nómina de “indultados” por el régimen. Por el contrario, sobre él pesa una orden de arresto dictada por el fiscal general del Gobierno de Maduro, Tarek William Saab, quien lo acusó -junto a otros diez funcionarios- de conspirar para evitar que el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra pueda ser utilizado por el régimen.
La nueva estrategia de Guaidó para terminar el año
El llamado gobierno interino de Guaidó se ha enfocado en la política oposicionista de desnudar la represión y tortura sistemática de Estado administrada por los funcionarios de inteligencia y contrainteligencia del régimen de Maduro contra líderes opositores para así exponer la naturaleza autoritaria de un Gobierno que se ha instalado y extendido en todo el entramado institucional del país, que la oposición busca desplazar mediante una estrategia de transición aún debatida en el dilema de la aventurada acción militar de Estados Unidos o la negociación en un callejón sin salida.
El ex procurador del gobierno interino, el abogado José Ignacio Hernández, aseguró que un indulto presidencial solo lo puede dictar el presidente de la República ejerciendo poderes constitucionales: “En Venezuela ni hay Presidente ni hay Constitución. Así que no se puede hablar de indulto”, argumentó.
Entonces, ante una realidad donde el poder político en el país es ejercido por la fuerza de la represión y por el monopolio del apoyo militar al chavismo, en medio de una economía devastada, anarquizada y desigual por el efecto de la dolarización, el régimen de Maduro no gobierna, sino que detenta el poder por la vía del control militar-territorial, lo cual lo aleja de todo barniz de legitimidad y toda acción que toma y decida de ahora en adelante podría ser mediante decretos obligatoriamente impuestos.
La crisis avanza y al mismo tiempo se estanca rumbo a un punto de choque en el cual se verá, a partir de diciembre, si la oposición se abstiene para entrar en la posible fase decisiva de la deriva del poder en Venezuela: la negociación mediante coacción de Estados Unidos con el régimen para la salida de Maduro o una acción militar disuasiva indirecta ordenada por la Casa Blanca para enviar un ultimátum al jerarca socialista. @mundiario
