El nuevo Gobierno boliviano apunta a desaparecer el legado político de Evo Morales

La grave crisis social en Bolivia no tiene cuando terminar. Las violentas protestas y los enfrentamientos entre civiles y policías continúan en las calles. Sin embargo, el nuevo Gobierno, liderado por Jeanine Áñez, y los partidarios del expresidente Evo Morales, asilado en México, apuntan resolver este asunto. Por eso, ambos bandos han decidido reunirse en los próximos días. 

El flamante ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, ha dicho que van a entablar contacto con los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales. “También vamos a conversar con ellos, estamos en una mesa de diálogo. Lo que queremos lograr es la pacificación del país”, dijo. En esa línea, señaló que no hay problema con que el exmandatario regrese a La Paz. 

Sin embargo, la declaración de Justiniano no tuvo mucha relación con lo dicho por Áñez en la víspera. La nueva presidente interina había lanzado un duro comentario contra Morales. "No está habilitado para un cuarto mandato, por eso ha sido toda esta convulsión, por eso ha habido tantas manifestaciones de los bolivianos en las calles”, declaró ante la prensa. 

Tras la renuncia de Morales en medio de acusaciones de fraude en el reciente proceso electoral, el nuevo Ejecutivo boliviano ha dado un giro a la ola ultra conservadora que tiene en Sudamérica como su máximo exponente al mandatario brasileño Jair Bolsonaro. De hecho, Áñez, que se ha garantizado el control de la Policía y de los militares con el relevo de la cúpula de las Fuerzas Armadas, ha tenido expresiones como que "la biblia regresará al Palacio Quemado". 

“La labor principal de nuestra gestión de Gobierno será restaurar la paz social, realizar elecciones libres y transparentes en el plazo más breve posible y traspasar el Gobierno a quienes los bolivianos elijan con plena legalidad y legitimidad democrática”, ha agregado Áñez. Lo cierto es que no ha fijado oficialmente una fecha para cuándo se realizarán las nuevas elecciones generales en Bolivia. 

En medio de esta incertidumbre política, Áñez ha dado paso al nombramiento de una parte de su gabinete de ministros. Entre los más polémicos se encuentran Arturo Murillo, quien es ministro de Gobierno. Para estrenar cómo será su perfil político, Murillo lanzó una amenaza a los “sediciosos” y en particular a Juan Ramón Quintana, el exministro de la Presidencia, a quien las nuevas autoridades consideran el cerebro detrás de las fuertes movilizaciones en El Alto y de los bloqueos de caminos. 

Otra representante de la ola ultra conservadora de Áñez es Roxana Lizárraga, la nueva ministra de Comunicación, quien ha lanzado amenazas contra los periodistas bolivianos y extranjeros en las últimas horas. Ha dicho que se aplicará “todo el peso de la ley” en contra de quienes intenten desestabilizar al nuevo Ejecutivo. En esa línea, ha pedido que los medios de comunicación hagan un viraje en su línea editorial en pro del nuevo régimen. 

Como sea, Rusia reconoció a Áñez como presidenta en funciones de Bolivia -sumándose a Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Colombia y el líder opositor venezolano Juan Guaidó-, aunque puso énfasis en el controvertido mecanismo de su nombramiento. De hecho, la senadora opositora que ascendió al poder tiene un pasado cuestionable debido a sus expresiones racistas, homofóbicas y fascistas en sus redes sociales. @mundiario