Noticias recientes de Ortega "El Cruel" y antiguas de otros desalmados

Hay casos documentados de psicópatas que, a pesar de que las infamias y los terrores que despertaban eran conocidos, pudieron burlar a la justicia durante algún tiempo. Elisabeth Báthory, por ejemplo, llegó a contabilizar seiscientas muertes de mujeres jóvenes en su castillo porque pertenecía a la aristocracia húngara de fines del siglo XVI. Crecida en su delirio, comenzó a asesinar también a personas de alcurnia y entonces sí, fue encerrada y murió sin ver más la luz del día.

Algo similar sucedió con el tristemente famoso Gilles de País, conocido como Barba Azul,  quien ya había matado a un amigo a los 15 años, pero se había librado de la justicia por haber nacido en una de las familias de mayor abolengo de Francia. En sus dominios territoriales se contabilizaron más de un millar de niños desaparecidos entre 1432 y 1440. Al final fue detenido y se confesó culpable. Murió ahorcado.

Estos sucesos, protagonizados por psicópatas poderosos, superaron con mucho los crímenes cometidos por otros “asesinos en serie”, como Jack el Destripador, que contaron a sus víctimas “sólo” por unidades. Los psicópatas o sociópatas con poder, como Báthory o Barba Azul, las llegaron a contar por centenares, pues sus privilegios les protegían de la acción de la justicia o, al menos, la justicia actuaba de forma muy lenta con ellos, lo que les regaló tiempo para seguir cometiendo sus atropellos. Por otra parte, su autoridad les permitía contar con esbirros que les ayudaban a cometer sus fechorías y les protegían y guardaban de la ira de los familiares de sus víctimas y de la propia justicia.

Ahora, en pleno siglo XXI, tenemos el caso de Ortega “El Cruel”, presidente de Nicaragua, y Rosario “Drusila” Murillo, su esposa y vicepresidenta, que recuerdan los episodios mencionados. Se trata también de seres que desprecian los sentimientos, el dolor y los derechos de los demás y que no sienten remordimiento alguno por sus tropelías, cuando no las niegan cínicamente. Valiéndose de su posición y de la policía y grupos paramilitares a su servicio, han asesinado como mínimo a 325 personas identificadas, en general, opositores pacíficos a su régimen; han provocado más de 2 mil heridos, de los que al menos 98 han quedado con daños graves permanentes; han forzado a huir al exilio, sobre todo a Costa Rica, a más de 40 mil personas, escapando a su terror; mantienen a 558 personas en prisión y, por si fuera poco, el caos al que han sometido al país ha provocado una crisis económica brutal que ha acabado con más de 100 mil puestos de trabajo -en una población total de seis millones de personas- y amenaza con llevarse por delante varios cientos de miles de empleos más. Estos gobernantes se permitieron también, semanas atrás, dar por finalizada la misión del equipo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas desplegado en Nicaragua y, por otra parte, denegar la entrada al país de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que pretendía, por acuerdo de las naciones integrantes, colaborar con el Gobierno de Managua en la búsqueda de una salida pacífica al conflicto.

La semana pasada, valiéndose de su posición dominante en el Parlamento nicaragüense, Ortega “El Cruel” y Rosario “Drusila” Murillo anularon la personalidad jurídica a varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas, las dedicadas a la defensa de los derechos humanos, como el prestigioso Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), allanaron sus oficinas y confiscaron todos sus bienes. Y, ya puestos, tomaron los despachos de varios medios independientes de comunicación, como el de Confidencial -del cual, tengo que decirlo, soy colaborador-, dirigido por Carlos Fernando Chamorro, periodista reconocido y premio a la libertad de expresión por la Casa América Cataluña y el Canal 100% Noticias, deteniendo a Miguel Mora, su director. La última decisión presidencial (el 19 de diciembre) fue expulsar al Mecanismo Especial de Seguimiento (MESENI) y al Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Nicaragua con la misión de testimoniar, a través de informes objetivos y basados en la evidencia, lo que estaba sucediendo en el país y hacer recomendaciones respecto a la atención y reparación a las víctimas y familiares.

El mensaje de la pareja infame es muy claro: “Aquí campamos por nuestros respetos y al que no le guste que se vaya si antes no lo matamos o encarcelamos. Y no queremos testigos, bien sean organismos internacionales, como la ONU o la OEA; ONG locales, defensoras de los derechos humanos, o prensa independiente”. Así, ¡sin complejos!

La perversidad de estos sujetos se había manifestado ya hacía tiempo, con el caso de Zoila América Narváez, hija de Rosario “Drusila” Murillo e hijastra de Ortega, quien fue abusada sexualmente por este último desde que tenía doce años. Ortega, dueño de los tribunales, nunca tuvo que comparecer ante la justicia y contó siempre con la complicidad de Murillo, quien acusó a su propia hija de loca y mentirosa. A cambio de esa protección, Murillo logró escalar en el poder hasta su posición actual de vicepresidenta. Pero hay otras muestras de su perversión, como por ejemplo, la prohibición a los facultativos y enfermeras del sistema público de salud de atender a los heridos por la policía y los paramilitares en sus actos de represión. Doscientos profesionales de la salud han perdido sus puestos de trabajo por negarse a obedecer esas ominosas órdenes.

Nicaragua lleva ocho meses, desde el 18 de abril de este año, con estos individuos desenfrenados -psicópatas o sociópatas, dejemos el veredicto a los psicólogos- actuando a su antojo. Y surgen dos preguntas. La primera: ¿está fallando la comunidad internacional, incapaz hasta ahora de impedir estos actos terribles? La segunda: ¿acabarán estos criminales entre rejas, como la Báthory?

La respuesta a la primera es obviamente sí, aunque no siempre están claros los mecanismos con que la comunidad internacional cuenta para actuar en casos como este. Tal vez lo que más se echa en falta es la actuación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el único organismo facultado para imponer sanciones e, incluso, autorizar el uso de la fuerza para que se cumplan sus mandatos y el único órgano de la ONU cuyas decisiones están obligados a cumplir todos los Estados. El Consejo podría considerar que la situación de Nicaragua está poniendo en riesgo la estabilidad regional o, mejor aún, aplicar la doctrina de la “responsabilidad de proteger” a una población indefensa -la que se utilizó, por ejemplo, para el despliegue de tropas de mantenimiento de paz de NNUU en Darfur (Sudán) o en Costa de Marfil-. Pero ya sabemos lo difícil que es el actuar del Consejo, con tantas diferencias entre sus miembros permanentes con derecho a veto, por lo que, de momento, ha sido inoperante.

La Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general es Luis Almagro, aunque dubitativa en los primeros tiempos, está amenazando con sanciones a Nicaragua, como la aplicación de la “Carta Democrática”, lo que equivale a su expulsión del organismo. Esta expulsión, de producirse, dejaría con dificultades serias al país centroamericano para acceder a los recursos de las instituciones financieras internacionales, como el FMI, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que le hundirá aún más en el desastre económico y pondría a su gobierno contra las cuerdas.

Por su parte, Estados Unidos ha comenzado a aplicar la “Ley Magnitsky” con sanciones al círculo más cercano a Ortega, como a la propia Murillo, por corrupción y violación de derechos humanos. Las sanciones se extienden a toda persona o institución que tenga relaciones económicas con ella y es un aviso claro a Ortega y al propio ejército de Nicaragua sobre lo que se están jugando. Por otro lado, EEUU acaba de aprobar la “Nica Act”, que condicionará la aprobación de préstamos a Nicaragua por parte de las instituciones financieras internacionales. Estas medidas, que no necesitan la mayoría de votos que requieren las de la OEA, son más efectivas y temidas por el régimen nicaragüense.

Llegados a este punto, hay que decir que produce vergüenza ajena que mientras EEUU sanciona a estos desalmados personajes, hay gobiernos y partidos de izquierda, como el gobierno cubano o el Partido Comunista de España, que los apoyan. El Pepe Mujica, ex presidente uruguayo, ha sido más valiente en su ruptura con ellos. En fin, la izquierda internacional, con honrosas excepciones, ha dejado que EEUU lidere la oposición internacional a Ortega. Algún día pagará su factura por ello.

La respuesta a la segunda pregunta: indudablemente  estos criminales acabarán entre rejas. Tarde, como sucede siempre con los poderosos, por lo que dejarán más víctimas por el camino, pero los Ortega, como la Báthory o Barba Azul, han sobrepasado con creces todas las líneas rojas que la justicia traza para los criminales con mando. Quedarán como una sombra siniestra en el recuerdo de los nicas, de esa que se utilizan cuando se quiere asustar a los niños: “¡Portáte bien o vendrá Ortega!” ¡Cuidado, que viene la Chayo!”

No es aventurado pronosticar que el propio ejército nicaragüense, respaldado por el empresariado, la Iglesia católica y la Embajada norteamericana, es decir, los poderes fácticos, exigirá su renuncia antes de que el país se desplome. Ojalá que la sociedad civil, los estudiantes, el campesinado, los pequeños empresarios… que son quienes levantaron su protesta y quienes han sufrido la represión encarnizada de estos infames, puedan jugar algún papel en la transición y que Nicaragua no se quede en un “orteguismo sin Ortega”. Su valeroso y digno pueblo merece instituciones y gobiernos que busquen su felicidad y no que le declaren la guerra. @mundiario