Las tres noticias positivas de la semana (I)

Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), dice entender las críticas que la respuesta europea inicial al coronavirus haya sido algo lenta, pero que su institución ha interiorizado la urgencia de actuar. No se puede decir lo mismo de la Comisión Europea. Se había comprometido a presentar hasta el 6 de mayo un borrador del presupuesto 2020-2027, pieza fundamental para el Plan de Reconstrucción que debe entrar en vigor el 1 de enero del próximo año y al que el Consejo Europeo dio, en principio, luz verde el 23 de abril. Es verdad que la tarea de Bruselas no es fácil, porque hay grandes diferencias entre las posturas iniciales de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), en cuanto a su volumen final, financiación por endeudamiento en forma de cuotas y/o mancomunada, así como distribución geográfica y sectorial a través de transferencias a fondo perdido y/o créditos. Llegar a consensos necesita por parte del Consejo Europeo que la solidaridad europea se imponga a los divergentes intereses nacionales y por parte de la Comisión una enorme capacidad de persuasión.

Su presidenta Ursula von der Leyen presentó el 13 de mayo al Parlamento Europeo las líneas maestras de su propuesta, que éste recibió en principio  positivamente, pero exigiendo en su resolución final que el Plan evite “titulares engañosos” de “ingeniería hechicera”, que el dinero para el relanzamiento sea nuevo y se integre en los programas ya existentes y que incluya una ampliación de recursos propios de la Unión. Fue apoyada casi unánimemente por los cuatro grandes grupos de la Cámara, populares, socialistas, liberales y verdes. Escribía El País en un artículo de opinión: “La Cámara ha usado otras veces con brío su poder codecisor, por ejemplo, en el diseño de la unión bancaria. Pero casi nunca hasta ahora había mostrado tanta contundencia (sobria, sin retórica) y ambición técnico-económica en sus prescripciones”.

En el mismo diario, Ana Botín, presidenta del Banco Santander, mostraba un par de días después la misma contundencia y el mismo afán de prescriptora cuando explicaba que, si se apoya “a las empresas, apoyas a los trabajadores. Estamos en una crisis aguda. Tenemos que apoyar a las empresas todo lo que podamos, porque si les llega liquidez suficiente es mucho más probable que no cierren y creen riqueza y empleo cuando se supere la crisis sanitaria…En el fondo, lo que debemos entender es que el empleo privado es prioritario porque es el que permite sostener el empleo público, la sanidad, la educación…”. Y cuando demandaba un nuevo contrato social, un acuerdo entre todos para salir de la crisis: “En España necesitamos inversión, y la nacional no es suficiente. Sin inversión no hay creación de empleo, ni sostenibilidad de las finanzas públicas.  Necesitamos empleo, empleo, empleo…y una cooperación leal con todos los grupos de interés, sector público, sector privado, educación, sociedad civil…porque cada uno aportamos algo”.

Que consensos en vez de confrontaciones son posibles también en la política, demuestra la Comunidad de Castilla y León. En Valladolid, el gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos ha suscrito con el PSOE, principal partido de la oposición, un principio de acuerdo para la reconstrucción. En él se reitera que primero está la seguridad sanitaria y después la salida de la crisis económica y se apuesta mutuamente por el diálogo y el pacto. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañuecos (PP), y su vicepresidente, Francisco Igea (Ciudadanos), gobiernan sin fisuras. En el tema del coronavirus y sus consecuencias, dejan manos libres a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, médica de gran reputación que apuesta por una política de desescalada muy cautelosa. Se ha ganado el respeto de Luis Tudanca, líder regional de los socialistas, y de Pablo Fernández, de Unidas Podemos. Este último llegó a felicitar públicamente en las Cortes al también médico Igea por una gestión de gobierno transparente que antepone las personas a los números.

¿Puede Castilla y León servir de ejemplo para el resto de España, en el sentido de que en el Estado de alarma son más necesarios que nunca una cierta lealtad institucional, dentro de toda la crítica constructiva que sea necesaria, y un alto grado de disposición al diálogo para intentar salir juntos de la crisis, sin demasiadas lesiones? ¿Puede Ana Botín, como reconocida líder empresarial, influir en los políticos europeos en que “la solidaridad no es caridad”, así como en los políticos nacionales en que la seguridad jurídica y la estabilidad institucional son indispensables y que sin empresas no habrá ni inversión ni empleo ni consumo? ¿Puede el Parlamento Europeo transmitir a la Comisión y al Consejo Europeo la enorme urgencia que tiene para la UE un Plan de Reconstrucción ambicioso y convincente cara a los ciudadanos?

A estas alturas del coronavirus, vale la pena recordar una frase de Winston Churchill, que en mi opinión tiene hoy más validez que nunca y que los políticos no deberían olvidar jamás: “El problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles sino importantes”.

No queremos líderes importantes, sino útiles. @mundiario