López Obrador recibe críticas de académicos y organismos por su reforma judicial
La reforma judicial del presidente Andrés Manuel López ha remecido en México. Los círculos académicos y las organizaciones de la sociedad civil han salido a rechazar la propuesta del Ejecutivo porque podrían contradecir a la Constitución, según los borradores que circularon horas antes de su llegada al Senado y cuya filtración llevó a los legisladores a posponer su presentación oficial hasta febrero.
"No impondremos normas que afecten los derechos fundamentales", dijo el miércoles el senador Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena, el partido gobernante, en la presentación de las iniciativas. De acuerdo a El País, la mala recepción de las propuestas y la falta de consenso que tienen dentro del Gabinete han ralentizado uno de los grandes pendientes de la Administración López Obrador.
Volviendo a la reforma judicial. "Es de carácter inquisitivo y resulta regresiva", apunta Álvaro Vizcaíno, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), al citado medio. Los especialistas consultados advierten de que las propuestas no resolverán "de un plumazo" las crisis de inseguridad e impunidad sino que podrían, incluso, empeorarlas.
Como sea, uno de los puntos más polémicos es la ampliación de los delitos que ameritan el arraigo de un sospechoso. Esta medida ha sido criticada en México porque permite al ministerio público detener a una persona mientras se reúnen pruebas y se presenta una acusación formal en su contra.
Otra propuesta duramente recibida es la eliminación en los jueces de control, encargados de reunir y valorar las evidencias en la fase previa a un juicio. Esto significaría que un mismo juez reúne las pruebas y da su fallo. "Daña la imparcialidad porque tienes jueces-fiscales, que son juez y parte", alerta Vizcaíno.
Uno de los puntos más mencionados es la creación de un Código Penal único. Actualmente, los 32 Estados del país tienen su propio código, lo que resulta en catálogos diferentes de delitos y castigos, de acuerdo a El País. La idea es reunir uno solo de delitos prioritarios y homologar los criterios. El proyecto contempla delitos como el feminicidio, pero evita el aborto, la eutanasia y los delitos sexuales, que se legislarían en el fuero común local. @mundiario
