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El Pazo de Meirás fue regalado en 1941 al jefe del Estado, no al dictador a título personal

Maira Perozo | 02 de septiembre de 2020

Pazo de Meirás. / Mundiario
Pazo de Meirás. / Mundiario
El Juzgado de Primera Instancia de A Coruña considera que fue una simulación la compraventa de 1941, que permitió al dictador inscribir la propiedad a su nombre. La Justicia ordena, pues, a los Franco que devuelvan el Pazo de Meirás al declararlo propiedad del Estado.

La justicia ha decidido en contra de la familia del dictador Francisco Franco. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha considerado íntegramente la demanda interpuesta por el Estado y lo declara propietario del Pazo de Meirás, por lo que condena a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento durante décadas. En definitiva, el Pazo de Meirás fue regalado en 1941 al jefe del Estado, no al dictador a título personal.

En el procedimiento, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Sada donde se encuentra el palacete, el de A Coruña y la Diputación Provincial se personaron secundando a la Abogacía del Estado contra los seis nietos del dictador y su sociedad Prístina, SL.

La magistrada Marta Canales establece nulidad de la donación efectuada en 1938 de “la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma”. Destaca que el mismo año en que se efectúa la donación, se constituye una Junta Pro Pazo “del Caudillo”, formada por prohombres del régimen, en plena Guerra Civil, para comprar y regalar el Pazo de Meirás “al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional”. “Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado”, argumenta la juez de A Coruña.

De esta manera el juicio sobre la devolución del pazo de Meirás acabó el pasado 9 de julio en A Coruña, con el representante de la Abogacía del Estado, Javier Suárez, reclamando “justicia histórica”, argumentando que la devolución al patrimonio público supondría una pequeña reparación frente a los abusos de la dictadura. Así la sentencia que ha alcanzado ese atributo de hacer historia, por un lado porque pone fin, si bien a la espera de los recursos, a una situación muy arraigada y hasta hace poco con apariencia de inamovible, la de que los nietos del dictador eran los dueños de la que había sido la residencia en la comarca coruñesa de la escritora Emilia Pardo Bazán. @mundiario

 

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