La investigación del caso Púnica acelera las solicitudes de información
Manuel García-Castellón habría solicitado nuevos folletos de información a la Comunidad de Madrid como parte del proceso del caso Púnica. Así ha difundido este martes El País, que asegura que el juez de la Audiencia Nacional solicitó específicamente informes sobre los contratos de construcción y explotación de 34 hospitales y centros de salud públicos y de hasta 16 proyectos de carreteras de la red regional, todo como parte de su recolección de datos por la supuesta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. El lunes, García-Castellón había imputado a las expresidentas comunitarias Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre.
Tanto García-Castellón como los fiscales Anticuorrupción piensan que estos equipamientos e infraestructuras entran en lo que han bautizado como la "trama del 1% madrileño", por la que se conserva este porcentaje en los contratos para publicidad de los proyectos, una cantidad que luego se enviaba ya sea total o parcialmente a la caja fuerte de la agrupación conservadora y los bolsillos de sus líderes. El juez también ha pedido los expedientes de hasta seis grandes contratos de publicidad en la Consejería de Empelo y Hacienda aun estaban pendientes de anexarse a esta causa.
El magistrado pidió a la Consejería de Sanidad los expedientes electrónicos completos de los contratos de construcción y explotación de los hospitales públicos, prosigue el mismo medio. Los hospitales son los de Puerta de Hierro de Majadahona, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Arganda del Rey y del Tajo. De igual forma ha exigido al Servicio Madrileño de Salud los contratos de gestión de hasta 27 hospitales y centros de salud, incluido el hospital de Valdemoro, el cual fue adjudicado a Capio, o el 12 de Octubre de Madrid, que fue dado a OHL. Ambos proyectos cuentan con una cláusula del 1% en publicidad, lo cual representó un importe que ascendió a los 3,07 millones de euros, de los que una parte se depositaron en la caja b del partido celeste de Madrid.
En el auto en que decretó la imputación de Aguirre como la autora intelectual y supervisora de la financiación ilegal del partido García-Castellón explica que el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007 "confirió la cobertura oportunda a fin de introcutir, en los pliegos de las licitaciones de los contratos para la construcción y gestión de cada hospital y centro de salud, la cláusula (…) que obligaría a cada contratista a abonar, en concepto de publicidad de la obra, hasta un 1% del presupuesto de cada contrato, como mecanismo para desviar fondos públicos a favor del Partido Popular”, según el medio ya citado. A la sazón, Manuel Lamela fungía como consejero de Sanidad, y ya ha sido imputado en esta última fase de la investigación, que deberá estar finalizada a más tardar el 6 de junio de 2020.
“La obligación de pago de dicha cantidad por el adjudicatario del contrato obligaba al mismo a incrementar en ese 1% su oferta, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas”, explica el juez. "El plan urdido aseguró que el pago en concepto de publicidad se realizase a las mercantiles del investigado [empresario argentino] Horacio Mercado", prosigue.
Ambas empresas fueron usadas "como canal por el que circularían los fondos detraídos indirectamente del presupuesto del Plan de Infraestructuras, al reservarse los investigados Ignacio González y Francisco Granados, bajo la supervisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la competencia última para decidir qué empresas prestarían la simulada publicidad”. El juez estima en 3.07 millones de euros la cantidad que las constructoras abonaron para publicidad a las sociedades de Mercado en quebranto de las arcas públicas.
El juez demanda a la Consejería de Transportes de la capital una batería de informes detallados sobre obras de duplicación y reparación hasta 16 carreteras regionales ya que considera que fueron sometidas al mismo tema que los hospitales y centros de salud. Las obras se realizaron por un total de 74.65 millones de euros, por lo que el partido se pudo haber embolsado 746.500 euros si se aplicó el 1%. García-Castellón espera averiguar si "se introdujo alguna cláusula que reservase un porcentaje para publicidad", que de ser así la Consejería debería contribuir con la información solicitada. De igual forma espera que la Comunidad confirme "la existencia del Plan de Publicidad en el que se enmarcan las acciones sufragadas con dichos fondos" y "sobre cómo se acreditó el cumplimiento de dichas obligaciones en materia de publicidad". @mundiario
