La industria farmacéutica se lava las manos ante posibles efectos secundarios de la vacuna

Esta semana hemos sabido que la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha contratado un seguro de responsabilidad patrimonial y civil para su personal sanitario.

Tal y como informa El Confidencial, la licitación la anunciaron en julio y entre las cláusulas añadieron que con ese acuerdo no se iban a cubrir "las reclamaciones relacionadas con el tratamiento o contagio de la enfermedad derivada del coronavirus". El contrato se adjudicó este mes de octubre a Berkshire Hathaway, una compañía que es propiedad del magnate estadounidense Warren Buffett, y tiene una duración de 24 meses. El precio final de la licitación fue de 1,08 millones de euros, IVA incluido.

¿Esto que quiere decir? Si algún ciudadanos o asociación de ciudadanos decidiese demandar al personal médico por negligencias en el tratamiento de los enfermos por la Covid-19, será la propia Administración la que tendrá que hacerse cargo de las indemnizaciones por daños a terceros, así, como la cobertura legal de los propios médicos en todos los casos relacionados con el covid-19.

Sin lugar a dudas, no deja de ser llamativo que en julio, cuatro meses después de que comenzase en España la pandemia (realmente ésta comenzó mucho antes pero nadie – o pocos -  lo vieron y lo anunciaron), Sanidad decida incluir esta cláusula que excluye expresamente todos los daños provocados por el virus.

También resulta llamativo, aunque entendible desde el punto de vista empresarial, que la industria farmacéutica pidiese blindarse ante posibles indemnizaciones que tenga que afrontar por posibles efectos secundarios de la vacuna de la Covid19. "Esta es una situación única en la que nosotros, como compañía, simplemente no podemos asumir el riesgo si en cuatro años la vacuna está mostrando efectos secundarios", aseguró al respecto Ruud Dobber, del equipo ejecutivo de AstraZeneca.

De hecho, en el BOE publicado el 5 de agosto de 2020 se indica que “Los Estados miembros participantes que adquieran una vacuna serán responsables de su distribución y uso en virtud de sus estrategias nacionales de vacunación y asumirán plenamente la responsabilidad que conlleve dicho uso y distribución […] Lo anterior se hará extensible a la exoneración de los fabricantes de vacunas en virtud de los términos y condiciones del APA pertinente por la responsabilidad derivada del uso y de la distribución de las vacunas que habitualmente asume dicho fabricante”.

Aunque también indica que “no regula el alcance o las condiciones con arreglo a las cuales la posible responsabilidad del fabricante de vacunas debe asumirse o ser objeto de exoneración conforme a los APA”. Es decir, según este acuerdo los Estados asumen la distribución y el uso de la vacuna. Si esta distribución y uso provoca problemas de salud para el ciudadano los fabricantes de la vacuna o vacunas quedan exonerados de responsabilidad, eso sí, el acuerdo, a su vez, no regula la posible responsabilidad que tenga que asumir el fabricante, pero tampoco indica en qué casos el fabricante asumirá responsabilidades.

Estados Unidos ya cuenta con una ley que excluye las reclamaciones por daños y perjuicios de los productos que ayudan a controlar una crisis de salud pública.

El ciudadano tendrá que tener fe ciega en una industria y unos gobiernos que apuran el tiempo para administrar una vacuna. Un tiempo que no se ha logrado bajar de 4 años, si hablamos del desarrollo de una vacuna completamente novedosa, tal y como publicó The New York Times en el artículo How long will a vaccine really take?

Si se consigue una vacuna contra la Covid19 en menos de 4 años y esta no reporta a medio plazo daños para la salud de las personas, será un hito en el avance científico y farmacéutico como nunca antes visto. Y para lograrlo, los seres humanos tendremos que asumir nuestro papel de “rata de laboratorio”... o no. @opinionadas en @mundiario