¿Puede alcanzar a Puigdemont el indulto a los políticos catalanes presos?

Ya sea por la vía del indulto o de la amnistía, el doctor Pedro Sánchez va a cumplir su anunciado compromiso –se acuerdan cuando enfáticamente dijo que él era el presidente del Gobierno y añadió “¿de quién depende el fiscal?”– de traer al fugado Puigdemont y al resto de sus compañeros de escapada, pero con la diferencia de que volverán incólumes (es decir, sin daño) e impunes, bien por la vía de la amnistía –que es lo que le exigen sus consocios de Cataluña—o por la del indulto. Este más complicado, por cuanto antes deberían ser presentados ante el juez los escapados para luego dejar sin efecto sus condenas.

Tienen razón los que opinan que en las últimas horas los españoles asistimos atónitos al asalto al Estado de Derecho, al no permitirse al Rey viajar a Barcelona, negociar el Código Penal con los sediciosos o tramitar los indultos. El hecho de que no se pueda garantizar que el jefe del Estado pueda viajar libremente por el territorio de la nación (que es una de las razones aludidas para que el Rey no presida en Barcelona el nombramiento de los nuevos jueces de la Escuela Judicial, ubicada en aquella ciudad) resulta insólito.

El tempo o ritmo ordinario del Estado no puede ser perturbado por las contingencias que puedan crear los rebeldes en un espacio concreto del país, sino que debe mostrar su fortaleza con toda normalidad. Pero lo que ha hecho la Moncloa es reconocer que el Estado es débil y ha de plegarse, como lo viene haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez ante las exigencias y desafíos de los nacionalistas que ayudaron a llevarlo a la presidencia y con los que ahora negocia que apoye los presupuestos. Y mientras, el presidente Torra sigue desafiando al Estado y recordándole a Sánchez que le exigen lo mismo: amnistía, referéndum e independencia.

En cuanto al retorno de Puigdemont, ya sea de uno u otro modo, el efecto será el mismo. Si finalmente se otorga la amnistía, como exigen los sediciosos, es de sentido común que afectará a los ahora presos y a quienes escaparon para evitar ser juzgados por el mismo delito. La amnistía es el perdón absoluto: el delito no existió y por lo tanto no hay responsabilidad alguna en quienes fueran antes perseguidos por aquél. La amnistía no es personal, sino que alcanza, como en el caso de Cataluña, a todos los concernidos por la acusación o condena por el dicho no existente delito. Pero obviamente, dentro del nuevo clima, no sólo alcanzará a los llamados “presos políticos”, sino a otros justiciables de menor escala, pero implicados en el mismo episodio, como ocurre en Cataluña.

En cuanto a las otras dos vías ahora en marcha en Cataluña el efecto es el mismo, pero no las consecuencias. Si se rebajan las penas por el delito de sedición, al aplicarse retroactivamente lo más beneficioso para los reos, la condena se rebaja y se alumbra la libertad. En cuanto al indulto, al rebajar la pena total o parcialmente, igualmente los condenados recuperan la plena libertad.

En este segundo caso, según la Ley del Indulto, para que alcance a Puigdemont y al resto de los fugados no sería automático, sino que tendrían que ser presentados ante el juez, juzgados y una vez sentenciados se les aplicaría el indulto. Pero eso no supone que no puedan gozar de libertad desde el primer momento prácticamente. Quedaría el delito de la malversación, conexo con el de sedición, pero basta con ordenar al fiscal que no los acuse del mismo y santas pascuas. Persiste de modo simbólico el antecedente penal de los sediciosos y sus responsabilidades civiles teóricamente, pero hasta ahí el Gobierno puede ser generoso. En el caso de la amnistía, no se exige una sentencia firme (es decir, no es necesaria); en cambio, en el caso del indulto, esta sí es precisa, por lo que Puigdemont tendría que ser juzgado, en lo que será un paripé.

Si hubiera duda sobre algunos efectos colaterales como la inhabilitación para cargos públicos no hay duda de que se buscará la forma de que Puigdemont vuelva, si quiere, a ser repuesto como presidente de la Generalitat.

Lo más interesante va a ser, en todos los casos, ya sea la amnistía, la reforma del Código Penal o el indulto, la llamada “justificación de motivos”; es decir el preámbulo que justifica la necesidad de la nueva norma legal. Un veterano magistrado, amigo mío, con sentido del humor, comenta que dicho preámbulo podría comenzar así: “Siendo necesaria a la gobernabilidad del Estado, la continuidad del Gobierno presidido por el Excelentísimo Señor don Pedro Sánchez, y la aprobación de los Presupuestos Generales en las circunstancias generales de la nación, se dispone...”. Pero es para llorar, no para reír. El Estado ha dejado de existir, como temía Ortega, pero sólo para algunos. @mundiario