El independentismo apura los plazos para aprobar la ley del referéndum

El Gobierno de Cataluña está dispuesto a pisar el acelerador para llegar a la próxima Diada del 11 de septiembre en un ambiente de exaltación secesionista. De acuerdo a información difundida por El País, en el Parlamento aseguran que el 26 de julio, día en que se celebra el último pleno parlamentario antes de las vacaciones, se aprobará la ley de reforma del reglamento de la Cámara que despejará el camino a la ley del referendo, la cual podría aprobarse el 6 de septiembre, coincidiendo con la primera sesión plenaria tras el descanso. A partir de ahí, Carles Puigdemont podrá convocar sin problemas la consulta del 1 de octubre.

El calendario aprieta y los independentistas tienen prisa de cumplir su promesa de celebrar esta consulta que será anulada por el Tribunal Constitucional, según éste mismo ha avisado. De igual forma, el Gobierno de Mariano Rajoy presentará ante esa instancia cada avance que haga Barcelona, lo cual forzará su suspensión cautelar automática y, en efecto dominó, se podrá tomar medidas contra quienes falten a esa paralización.

El Ejecutivo catalán aprobará el martes la compra de las urnas, una de las decisiones más importantes que restaban a 76 días de que se celebre el referendo. Será también un acuerdo colegiado de todos los consejeres al que probablemente la fiscalía replica con una querella por prevaricación, desobediencia y malversación, tal y como ya sucedió cuando Meritxell Borrás, consellera de Gobernación, inició los trámites del concurso para adjuciar las urnas que eventualmente se quedó sin participantes.

A la vez que el equipo de Puigdemont se encierra en la plaza de Sant Jaume, en el Parlament tomará lugar la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, las cuales dictarán el orden del día del pleno del 26 de julio, que será también el último de este período de sesiones.

Los partidos opositores dan por hecho que Junts pel Sí y la CUP presentarán en éste la propuesta de ley de reforma del reglamento de la Cámara. El Consejo de Garantías Estatuarias, organismo consultivo de la Generalitat, dictó recientemente que dicho texto vulneraba los derechos de los diputados, por lo que hace falta ver si las dos agrupaciones independentistas enfilan enmiendas o no.

Como sea, ambas agrupaciones ya han pasado de dictámenes parecidos bajo el argumento de que no son vinculantes. La reforma del reglamento marcará el inicio del siguiente período de sesiones que inicia el 15 de agosto a fin de ayudar al independentismo a avanzar sin detenerse por los obstáculos de rigor. Para finales de este mes también se espera que se haga pública la ley de transitoriedad jurídica, la cual indica el tránsito de la Cataluña autónoma a la republicana independiente.

Según cita El País a sus fuentes, muchos grupos parlamentarios creen que el siguiente día decisivo será el 6 de septiembre, cuando se celebre un pleno en que se apruebe formalmente la ley del referéndum. Esta aprobación se haría por lectura única, introduciendo el tema a medida que se avanza, puesto que la reforma del reglamento así lo permitirá si lo solicista un grupo parlamentario y no todos, que es el caso actual.

Se descuenta que la oposición querrá llevar esta ley al Consejo de Garantías Estatuarias para que se determine si encaja en la Constitución y el Estatut. Si llega a pasar, los planes del secesionismo se vendrían abajo, puesto que habría que esperar al menos una semana, según dicta el protocolo de dictámenes parecidos. Eso sí, puede que los dos partidos ya mencionados aprovechen algún otro procedimiento para sortear este obstáculo, como un recurso para protegerse de enmiendas de los demás partidos.

En el mismo pleno del Parlament que tomará lugar el 6 de septiembre también podrán elegirse por mayoría absoluta a los cinco integrantes que integrarán la Sindicatura Electoral de Cataluña, entre un grupo de juristas y politólogos que serán propuestos por todos los partidos. Es decir, solamente Junts pel Sí y la CUP, pues Ciudadanos, PSC PP y Catalunya sí que es Pot ya han anunciado que no participarán por su oposición a la ley del referéndum. La Sindicatura Electoral de Cataluña hará las veces de Junta Electoral Central y dará nombre a las cuatro sindicaturas electorales de demarcación, una por cada provincia.

Si esta ley se aprueba al final en el Pleno del 6 de septiembre se descuenta que La Moncloa presentará ante el Constitucional un recurso en su contra. Esa presentación tardará apenas un par de horas desde que la ley sea aprobada y el tribunal en cuestión demorará unas 48 horas en suspenderla. Eso es precisamente lo que buscan los independentistas, pues eso les serviría para volver a jugar a ser las víctimas y llegar a la Diada del 11 de septiembre con una motivación extra y llamar a una mega manifestación en Barcelona.