Guaidó propone un plan de ocho puntos para “liberar” a Venezuela del régimen de Maduro
Cambiar un sistema autoritario casi totalitario a un sistema democrático no es tarea fácil para un país que está en vías de convertirse en un Estado fallido. El sistema de poder del régimen comunista de Nicolás Maduro en Venezuela ha mejorado sus técnicas de dominio sobre cada espacio de las instituciones que podrían propulsar una transición de modelo político, económico y social, pues la población venezolana no resiste la mengua
y el desgaste producido por una crisis económica y monetaria que ha hundido a la gran mayoría de su sociedad en un estado de precariedad extrema, una consecuencia típica de los regímenes comunistas-socialistas a lo largo de la historia.
Es por ello que el líder opositor y simbólico presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este pasado martes la estrategia de su llamado “Pacto Unitario”, con el cual busca reagrupar a la atomizada oposición venezolana en una política común y consensuada para desplazar a Maduro del poder, instaurar un Consejo de Estado para administrar una transición con soluciones económicas parciales, convocar a nuevas elecciones presidenciales y conformar un nuevo Gobierno que solucione la compleja crisis económica-social del país.
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El documento lo suscribieron el pasado lunes unos 37 partidos políticos opositores —entre los que se encuentran La Causa R, Encuentro Ciudadano, Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia (estos tres últimos los más influyentes en la facción antichavismo)— y más de 100 organizaciones de la sociedad civil.
¿Cuál es el nuevo plan de Guaidó?
La hoja de ruta planteada por el líder opositor expone textualmente las siguientes acciones a tomar:
1. Luchar por la libertad, la democracia y el progreso para derrotar al régimen represivo y criminal.
2. Asumir como prioridad la reversión de la crisis humanitaria y, por tanto, el necesario saneamiento de la economía nacional hasta lograr su estabilización, teniendo como centro el bienestar de las grandes mayorías excluidas por el régimen.
3. Realizar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables.
4. Recuperar la soberanía nacional, el monopolio legítimo de la fuerza pública y la posesión, uso y disfrute de sus territorios y riquezas naturales.
5. Promover un futuro de oportunidades en el que los derechos y deberes sean iguales para todos a través de la implementación de la propuesta “Plan País”.
6. Luchar por la libertad de los presos políticos, civiles y militares, el cese a la persecución y el retorno de los exiliados.
7. Librar una lucha constante por la transparencia y contra la corrupción, restituyendo el Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
8. Abrir canales permanentes de diálogo y consulta con sectores políticos, sociales y económicos fundamentales de la sociedad venezolana.
¿Cómo podría funcionar esa estrategia?
¿Qué significan e implican concretamente estos ocho puntos esenciales en una hoja de ruta que no se diferencia de las estrategias planteadas por Guaidó en 2019?
El primero denota una posible intención de la dirigencia política opositora en convocar a eventuales protestas y movilizaciones sociales para iniciar un proceso de presión civil máxima contra el régimen, aunque su consecuencia directa sería la represión del Estado como el mecanismo del chavismo para mostrar su sólida y cómoda posición en el poder.
El segundo podría consistir en un futuro plan de financiamiento para adquirir insumos esenciales (alimentos, medicinas, agua, ropa, etc.) que ayuden a distribuirlos mediante un programa nacional de ayuda humanitaria, similar al que Guaidó ya había implementado el año pasado, pero que nunca dio resultados y fue desmantelado por la corrupciṕon y el despilfarro de dinero en su propia administración.
El tercero es tal vez el punto más álgido y delicado de este plan, pues no se ve factible ni posible, desde el análisis político directo y desde la perspectiva de la comunidad internacional, que en Venezuela puedan realizarse elecciones justas, equilibradas y con condiciones mínimos basados en estándares mundiales de transparencia electoral debido a que el régimen controla al órgano que gestiona las votaciones (CNE) y al que las avala jurídicamente (Tribunal Supremo de Justicia).
El cuarto implica tomar control del Estado venezolano, lo cual solo será posible si se materializa un Consejo de Transición que administre al país con un cuerpo colegiado de civiles bajo control militar del orden público sin Maduro ni Guaidó con influencias políticas en ese hipotético proceso. Para llegar a ese punto hace falta una negociación entre el chavismo y la oposición a fin de que ambas partes hagan concesiones de cuotas de poder, un escenario al cual el régimen de Maduro se rehúsa contundentemente.
El quinto se basa en tomar control de un fondo de capitales lo suficientemente sólido y nutrido como para financiar el Plan País que propone Guaidó a fin de generar inversiones, empleos y oportunidades profesionales, económicas y sociales para los venezolanos, es decir, consiste en aplicar una política pública de administración del crecimiento socioeconómico, para lo cual también requerirá fondos del Estado, y eso solo es posible bajo el mando legítimo y pleno del Gobierno nacional.
El sexto plantea la liberación de presos políticos, que podría ser usado como ficha de cambio en una eventual negociación donde el régimen de Maduro permita esa pluralidad política a cambio de una concesión del control financiero del llamado Gobierno interino de Guaidó, lo cual es inviable y políticamente suicida para su proyecto de transición.
El séptimo es uno de los mayores retos de este ambicioso y costoso plan, pues así como es toda una titánica tarea deponer al actual sistema de poder para realizar elecciones presidenciales, lo es la restitución de un Estado de derecho que en la práctica no existe en Venezuela, por lo cual el líder opositor deberá refundar todo el Estado para que las instituciones vuelvan a ponerse a derecho, en el plano de la legalidad democrática y de la independencia de sus decisiones sin presiones políticas del régimen de turno.
Por último, el octavo punto se basa en elaborar una estrategia de comunicación efectiva y eficaz con todos los sectores de la sociedad venezolana para así captar el caudal de legitimidad (apoyos y votos) que Guaidó necesitaría en una eventual elección presidencial donde él o algún nuevo agente político de la oposición sea el candidato para el esperado período de transición a una Venezuela post-crisis y post-chavismo.
“Ratificamos el rechazo al fraude convocado para el 6 de diciembre por la dictadura y desplegaremos una campaña nacional e internacional por las elecciones presidenciales y parlamentarias”, declaró Guaidó durante la presentación del acuerdo en un mitin político con varios representantes de la oposición, transmitido a través de las redes sociales.
¿Y qué hay después de la abstención en las elecciones de diciembre?
El trasfondo del llamado a la abstención electoral que plantea el líder opositor radica en exponer la ilegitimidad de unas elecciones que la comunidad internacional no reconoce y que no cuenta con estándares mínimos de seguridad electoral, pues si el régimen se adjudica la victoria en este proceso, se convertirá en un Estado aislado políticamente rebelde a los ojos del consenso democrático internacional, que clama por un cambio de sistema en el país ante la absoluta responsabilidad del Gobierno de Maduro en la magnitud de su actual crisis económica, social, migratoria y sanitaria.
“Activar el artículo 70 de la Constitución para convocar una consulta popular, con apoyo internacional, que permita a todos los venezolanos, dentro y fuera del país, expresar la voz del pueblo y manifestar el respaldo necesario para avanzar hacia nuestra libertad”, reza el documento de la hoja de ruta anunciada por Guaidó.
Sin embargo, el efecto político interno de un referéndum para aprobar o desaprobar la legitimidad de Maduro en el poder, no sería más que una acto civil simbólico sin efectos vinculantes en el Gobierno, pues la coacción del régimen sobre las instituciones del Estado es tan grande, que estas no hacen contrapeso ni auditoría al Poder Ejecutivo, pues están subordinadas políticamente al sistema de control del chavismo.
El texto de la nueva agenda de la oposición insiste en “la necesidad de sentar las bases de un gobierno de emergencia nacional y de construir puentes y establecer garantías para funcionarios civiles y militares que se rebelen al régimen socialista y ayuden a su disolución”.
Ese “gobierno de emergencia” que propone Guaidó podría ser una junta política que proponga esquemas de concesiones a los funcionarios del sector militar que exijan garantías legales a cambio de voltear su fuerza institucional contra el apoyo al régimen de Maduro para así persuadirlo a ceder el poder.
Sin embargo, este plan del líder opositor sólo será viable si la plataforma política de la oposición se configura como un bloque de presión civil interna, presión diplomática externa y de negociación con el estamento que blinda la estructura de poder del chavismo, pues el monopolio de la autoridad en Venezuela está en manos de Maduro con el respaldo de la élite militar derivado de las redes de intereses y distribución de rentas clientelares del régimen. @mundiario
