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¿Qué implica la decisión del Gobierno de extender los ERTE hasta septiembre?

Ricardo Serrano | 03 de junio de 2020

Una trabajadora en café en España / libremercado.com
Una trabajadora en café en España / libremercado.com
Esta medida implica que la estrategia del Ejecutivo se basará en aplicar una permisología mediante la cual las empresas podrán reducir los gastos en sus flujos de caja.

No hay otro elemento perjudicialmente nuevo que preocupe más a los españoles en esta etapa de readaptación de la actividad comercial y económica por el impacto del confinamiento a causa de la pandemia de Covid-19, que la suspensión no remunerada del empleo, lo que ha creado un clima socioeconómico de mucha incertidumbre para la población bajo la expectativa negativa de que su nivel de consumo tardará en recuperarse. El Gobierno sigue viendo en los ERTE una oportunidad para darles oxígeno a las empresas.

De hecho, las compras y el estado de la demanda básica en España se han contraído al ritmo de la depresión del sector comercio. Sin embargo, el punto clave para entender por qué la capacidad adquisitiva de la ciudadanía española se ha desplomado es el impacto social de la crisis sanitaria y su repercusión sobre la operatividad de las empresas que, ante el colapso de la demanda, sus inversiones se han tornado poco o nada rentables, lo que las ha obligado a aplicar recortes masivos de personal.


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Y es que el Gobierno ha anunciado su decisión de alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de junio. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abierto la puerta este miércoles a la posibilidad de aplazarlos en aquellos sectores que lo necesiten. “Sin ninguna duda”, ha asegurado.

Esta medida implica que la estrategia del Ejecutivo se basará en aplicar una permisología mediante la cual las empresas podrán reducir los gastos en sus flujos de caja para mantener así su base de financiamiento destinada a la compra de activos, pago de deuda, pagos a proveedores e inversiones de largo plazo con miras a regenerar su base laboral y su capital humano una vez que los créditos otorgado a través del ICO hacia los bancos y de ahí al sector privado, surtan efectos palpables en el nivel de consumo de las empresas para reconstruir el sistema de remuneración salarial.

El Gobierno y agentes sociales analizaron los puntos de encuentro en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de los ERTE celebrada en la mañana de este miércoles. La gran ventaja de esta decisión radica en que las compañías tendrán un gran margen de maniobra para conseguir nuevos créditos y recapitalizarse en los próximos seis meses. No obstante, el impacto será perceptible para la población laboral española.

El debate gubernamental se centró en si estos mecanismos de protección del empleo se alargan hasta final de año o bien se busca un paso intermedio, con una ampliación hasta el 30 de septiembre, para volver a revisar entonces las necesidades.

Esta opción, que el Gobierno maneja como más factible, no es del todo bien acogida por los empresarios, que consideran que es muy corto plazo y que genera incertidumbres en las empresas, según fuentes empresariales, reseñó El País.

Es decir, hay un segmento dentro de la clase empresarial que apuesta por una ampliación de la parálisis parcial en el mercado laboral con el objetivo de que las compañías puedan recuperar sus capitales, inversiones, activos y dividendos para tener un mayor margen de acción con el que puedan salar pasivos laborales y salarios.

El rotativo señala que esas mismas fuentes sostienen que lo lógico sería “cerrar un acuerdo antes del 15 de junio para planificar con antelación”. La dificultad radica en el reparto de los fondos, que han recibido una inyección con las ayudas europeas. Hasta ahora, no existe un mecanismo de distribución o de transferencias proporcionales mediante las cuales todas las empresas logren captar fondos equitativos y adecuados a sus requerimientos operativos.

Por su parte, los sindicatos están más cerca de la propuesta del Ministerio de Trabajo y aceptarían ampliar los ERTE hasta el 30 de septiembre como solución intermedia. Fuentes de los sindicatos subrayan su acuerdo con la propuesta del Gobierno, aunque el aplazamiento no se hiciera de forna generalizada, y se tuviera que revisar caso por caso, según El País.

Entonces, el equilibrio logrado hasta el momento consiste en la ampliación del estado de alarma en el mercado laboral para que las empresas puedan recuperarse y así reconstruir la estructura de capital humano que perdieron a causa del shock económico del confinamiento y de la pandemia. @mundiario

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