El Gobierno, camino de abordar una subida de impuestos ante la falta de ingresos
España se ha convertido en un Estado que gasta y gasta sin invertir o ingresar rentas fiscales que garanticen la sostenibilidad del sistema socioeconómico. No es un contexto autoimpuesto, sino originado por la fuerza de los hechos que derivaron de la pandemia de coronavirus en la nueva realidad de una población dependiente de los subsidios, en desempleo, con fuerza laboral mermada y al mismo tiempo en estado de incertidumbre por la inestabilidad de las empresas que realizaron suspensiones masivas de sus plantillas. Los impuestos siguen siendo el as bajo la manga del Gobierno.
Lo que hasta hace seis meses se creía impensable o indecible, tal cual una suerte tabú político, es ahora la herramienta de emergencia que podría salvar las finanzas de un Gobierno que está en quiebra parcial, con elevado déficit, sin ingresos provenientes de la economía real y con una crisis social que amenaza la estabilidad de su estructura de apoyos políticos en el Congreso.
El déficit se ha desbocado con un 2,3% del PIB y una deuda en niveles inéditos desde principios del siglo pasado; 115% del PIB. Estas previsiones ya han encendido todas las alarmas y el temido tabú de los ajustes ha vuelto a ponerse sobre la mesa como el centro de un debate en el cual la austeridad podría convertir en la norma, en lugar de ser la opción.
Según El País, los expertos en materia tributaria recuerdan que España aún tiene un amplio margen fiscal respecto al resto de Europa y sugieren que es necesario implementar mecanismos para atajar la cada vez más abultada factura de las pensiones.
Y es precisamente la sobreinyección de liquidez en el saldo de las pensiones adeudadas es lo que, en buena medida, ha hecho caer el Estado español en déficit y volatilidad fiscal, pues esa deuda social acumulada presiona la capacidad del sistema tributario para aportar más de lo que da con el objetivo de cubrir toda la creciente demanda de pensiones en el país. Se pagan menos impuestos que lo que se demandan pensiones. He ahí el desfase en las cotizaciones y contribuciones fiscales de los españoles.
Todavía es pronto para saber cómo será la vida tras la pandemia. Pero la magnitud de la crisis ya obliga a pensar en el después. Y ese después se avizora como una nueva dinámica económica en la cual el consumo se ralentizará y la cultura social se enfocará en el ahorro para los posibles tiempos de escasez financiera y productiva que puedan llegar mientras dure el período de recesión postpandemia, que será un estancamiento prolongado en la base de una curva negativa en forma de U alargada.
Lo que se ve a largo plazo son ajustes para compensar la inversión que hacen las Administraciones con respecto a la distribución de subsidios por desempleo en el presente. Las arcas públicas del país están tensionadas por el lado del gasto y desinflándose los ingresos. Entran cada vez menos impuestos y los egresos en las partidas presupuestarios se indexan en cadena uno sobre el otro debido al incremento de la demanda social por el shock socioeconómico del confinamiento, el miedo al contagio y el colapso del consumo diversificado que existía antes de la pandemia.
Así lo sugirió hace dos semanas la Autoridad Fiscal (Airef), que auguró futuros ajustes para “revitalizar las depauperadas cuentas públicas tras el coletazo de la Covid-19”. Y también lo remarcó hace unos días el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, al invocar “una estrategia clara de saneamiento en el medio plazo a través de un pacto de varias legislaturas”. Esto se traduce en recortes y alza de impuestos, es decir, todos los niveles de gobierno en España deberán gastar menos en créditos y subsidios, aumentar los impuestos y captar más capitales que puedan reinvertir en la economía y en la sociedad sin generan una burbuja de deuda.
Pero los puntos más preocupantes de esta crisis son la aguda contracción del PIB, la ola de desempleo y su presión sobre el sistema fiscal, y una importante “mochila de deuda y déficit que se tardará en vaciar”, dice Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas.
El Gobierno calcula una caída del crecimiento del 9,2% en 2020, un salto de la deuda hasta el 115,5% del PIB y un déficit del 10,3% (más de 100.000 millones de euros por encima del actual nivel de 3.000 millones), por el aumento del gasto en sanidad y protección social y un desplome de recaudación de unos 25.700 millones euros, lo que abarca una retracción del 14% del PIB. Esta es una previsión que otros expertos ven “excesivamente optimista” y que puede empeorar si hay un rebrote de contagios por coronavirus en otoño. Entretanto, la economía española sigue necesitando urgentemente muchas reformas, pues gasta mucho e ingresa poco y se mantiene en un contante desfase que podría llevarla al colapso. @mundiario
