¿Y qué fue de la necesidad de fusionar municipios?

Ahora ya casi nadie se acuerda, pero no hace tanto, en medio de la gran recesión, parecía reinar en este país un amplio consenso ante la necesidad de simplificar la estructura de la administración local. Se replanteó el papel de las diputaciones y sobre todo empezamos a hablar abiertamente de reducir de forma significativa el número de ayuntamientos para garantizar su viabilidad. Se partía de la constatación de que muchos de ellos, los más pequeños, tienen crecientes dificultades para prestar los servicios básicos que demandan sus habitantes y hasta para pagar las nóminas de su escaso personal o los gastos de funcionamiento. En ese momento nuestros países vecinos emprendieron el proceso de adelgazamiento de su entramado territorial. No les tembló el pulso. Cada uno lo hizo a su manera, si bien siempre mediante disposiciones legales adoptadas e impuestas desde arriba por el Estado sobre la base criterios objetivos, a salvo de intereses partidistas o corporativos.

Cuando, en 2013, se fusionaron los concellos coruñeses de Oza y Cesuras Feijóo se felicitaba porque Galicia marcaba un hito en la reordenación del mapa municipal que muchos consideraban inaplazable ante la gravedad de la crisis económica que atravesábamos. En España la última fusión se había producido en 1981. Desde entonces, la tónica había sido la contraria. También en el caso gallego. Cariño se segregó de Ortigueira en 1988, Burela de Cervo en 1994 y A Illa de Vilanova de Arousa en 1997. A pesar del interés del presidente de la Xunta, no cundió el ejemplo y hubo que esperar hasta 2016 para que Cerdedo y Cotobade constituyeran un único municipio. Y acabó la cosa, a pesar de que, al parecer, hubo acercamientos intermunicipales en las áreas metropolitanas, que no cuajaron, porque en realidad se trataría más bien de absorciones de uno o varios ayuntamientos limítrofes por parte de las ciudades y no de fusiones propiamente dichas.

Este parece un buen momento para retomar la tarea de poner orden en la planta municipal. El debate, si es que hubo tal, se cerró en falso. A medida que se iba consolidando la recuperación económica y en tanto las arcas públicas recuperaban el aliento, disminuía el interés en reabrirlo. El asunto podía esperar. Además, en 2015 este país entró en una interminable vorágine electoral en la que abría sido contraproducente plantear grandes reformas estructurales por más necesarias y urgentes que resultasen. Ahora, sin embargo, la propia pandemia está poniendo en evidencia la necesidad de que las administraciones se coordinen y unan fuerzas, en vertical y en horizontal, para ser más eficaces en la lucha contra el coronavirus. Como el enemigo es común y onnipresente y no conoce de límites geográficos y mucho menos administrativos, se hace imprescindible unificar criterios y estrategias y compartir recursos de todo tipo a la hora de ejecutar las medidas dictadas por la autoridad sanitaria.

La más efectiva manera de impulsar la fusión de concellos en Galicia sería que las principales fuerzas políticas asumiesen la necesidad de alcanzar un gran acuerdo de país en ese ámbito. El actual clima político parece propicio y las circunstancias, favorables. Con un arco político simplificado -sólo tres partidos en el Parlamento- y sin elecciones a la vista, a PP, PSOE y BNG no les debería ser difícil consensuar un mapa municipal que redujera hasta un tercio o un cuarto el actual número de ayuntamientos, 313, de modo que ninguno de los resultantes de este proceso tuviera menos de cinco mil habitantes. El acuerdo conllevaría el compromiso de populares, socialistas y nacionalistas de hacerlo posible desde los gobiernos locales a partir de las responsabilidades que cada ostenta o puede ostentar en el futuro. De ese modo, la inicitiva no se quedaría en papel de mojado y, lo que es más trascendente, tendría el mismo coste político para todos los actores. O sea, ninguno. Nadie saldría perdiendo. @mundiario